Perdimos la guerra y el dinero
En los próximos días en el Senado de la República se debatirán tres temas con una estrecha relación: la política de seguridad, la legislación secundaria en materia de anticorrupción y la regulación responsable para el consumo de la marihuana. Estas temáticas son aristas del mismo problema: la debilidad e incapacidad del Estado mexicano para garantizar la seguridad y la paz.
El tema de fondo es: ¿por qué después de invertir tantos recursos, pagar con tanta sangre y tanto dolor, no han disminuido el consumo, el negocio, ni la potencia de las organizaciones criminales? Esto es, sin duda, la mejor evidencia de que no vamos por el camino correcto.
Pensar que el mando único garantizará una mejoría sensible es un optimismo sin fundamento, dado que es irresponsable pensar que una solución instrumental como ésta hará una diferencia en un problema tan complejo como el que vivimos. Frente a esa situación, los puntos medulares son la corrupción política, que ya hemos abordado en varias ocasiones, y la política prohibicionista.
La prohibición de las drogas en los términos actuales, lejos de ser un desincentivo al consumo y al negocio, ha contribuido a tener organizaciones más eficientes y un mercado en crecimiento. No hay una sola evidencia que muestre que esta política tiene sentido, sobre todo con los costos pagados.
El caso de Colombia es una referencia obligada para el gobierno mexicano. En junio de 2015, su presidente Juan Manuel Santos, ante representantes de 106 países, en la Conferencia de Cartagena de Indias, reconoció el fracaso de las políticas vigentes de represión penal y erradicación implementadas en su país, ante lo cual planteó la despenalización del consumo y anunció la suspensión de las fumigaciones de los cultivos ilícitos en su país.
La efectividad de las políticas de represión penal está quebrada. Después de los billones de dólares invertidos, los cientos de miles de arrestos, las toneladas de drogas incautadas, los muertos y heridos, el dolor y la devastación, el negocio continúa. En síntesis: el saldo es poco y malo.
Por el otro lado, tenemos que las acciones para reducir el consumo de tabaco han dado resultados sensibles, mientras que el consumo de marihuana se incrementa, lo que nos muestra que el prohibicionismo no es mejor que la información y la prevención.
Hoy México tiene que salir de la política prohibicionista para implementar una política de seguridad. Los primeros pasos para esta transición son:
- La regulación responsable del consumo y el mercado de la marihuana.
- Amnistía a todos los detenidos por portación de dosis menores a una onza (estándar internacional).
- Implementación y regulación de un mercado de marihuana similar al modelo alcohol-tabaco, pero con algunas características específicas.
- Atender el problema de la marihuana como un tema de salud pública, más que un tema de criminalidad.
- Una política de prevención, información y rehabilitación.
- Salvaguardar los derechos de los imputados y las víctimas.
Los costos de la política prohibicionista, hoy incalculables, se pudieron emplear en la construcción de infraestructura, hospitales, escuelas, vivienda, proyectos productivos y atención a las adicciones. Hoy hay una realidad que tenemos que asumir y entender: no sólo perdimos la guerra contra el narcotráfico, también perdimos el dinero.
Ésta no es una idea revolucionaria o aislada, es un consenso que se está construyendo en el mundo, un nuevo paradigma que tarde o temprano tendremos que adoptar.
Seguir por el camino policiaco y prohibicionista sólo profundizará los problemas actuales, llevará a una mayor descomposición del Estado, al deterioro de sus capacidades, pero sobre todo, y hay que reconocerlo: ya se demostró que no es una solución. Al final, la pregunta es si tendremos el valor de actuar.
@LuisHFernandez
Integrante del grupo parlamentario del PRD.