Crisis penitenciaria exige actuación del Congreso
Los acontecimientos del Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico, de Nuevo León, eran una crónica anunciada.
Digo que eran una crónica anunciada porque el problema viene de mucho tiempo atrás y hay antecedentes: del año 2009 al 2015 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió 26 recomendaciones relacionadas con faltas realizadas por personal de seguridad en el interior de este centro de privación de libertad, de las cuales 23 advierten al gobierno estatal que se deben atender estas faltas, particularmente los señalamientos contra quienes están al frente del Centro de Readaptación Social.
En esas recomendaciones se menciona particularmente que deben realizarse acciones pertinentes encaminadas a suplir el déficit existente en el número de personal de seguridad y custodia.
Cuando no existe suficiente personal capacitado para llevar el funcionamiento de un centro de privación de libertad, donde tienes internos de mafias que están enfrentadas, obviamente es muy fácil que derive en una falta total de control, en un autogobierno, y esto no se da de la noche a la mañana, y estas recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no fueron atendidas, como se evidencia con los resultados que hoy todo el país conoce.
Si revisamos el diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el funcionamiento de estos centros de privación de libertad en todo el país, encontraremos, de manera clara y precisa, cuáles son los puntos de preocupación.
Y entonces no podemos ocultar que desatendimos problemáticas degenerativas, como la sobrepoblación y el gobierno de las mafias en estos centros penitenciarios.
Nunca habíamos tenido un número tan alto de personas asesinadas dentro de una cárcel, lo que evidencia la crisis estructural del sistema carcelario, y además refleja algo que ya sabíamos: alrededor del 70 por ciento de los centros de privación de libertad en nuestro país son gobernados por los propios presos, lo que conocemos como autogobiernos.
No olvidemos que para que puedan existir esos autogobiernos debe haber un conocimiento y aquiescencia de las autoridades; por supuesto, corrupción, captación, amenazas y, debemos resaltar, la reticencia de las autoridades a tomar las medidas necesarias que les permitan recuperar el control y el gobierno de las instalaciones carcelarias.
Por supuesto que esta crisis penitenciaria tiene solución, pero exige voluntad política; el Poder Legislativo debe aprobar urgentemente la ley que regulará el funcionamiento de los centros de privación de libertad, tanto en el ámbito local como federal, para que ciertamente se pueda poner orden.
Las y los legisladores estamos obligados a crear leyes generales en distintas materias que juntas significarán un respaldo significativo para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal que entrará en vigor en unos cuantos meses.
Ya estamos prácticamente en las últimas discusiones, resolviendo los últimos corchetes de la Ley de Ejecución Penal, la cual una vez aprobada establecerá las responsabilidades de las autoridades y las acciones que deberán implementar para la transformación de los centros de privación de libertad; dará paso a un verdadero sistema de reinserción social, tal y como lo mandata la Constitución.
En los centros de privación de libertad debe haber condiciones de dignidad para quienes están purgando una pena por haber cometido un hecho delictuoso, pues lo que se busca es su reinserción social e impedir que reincidan en la comisión de un delito al salir de prisión; aunado a lo anterior, es necesario considerar que cuando se trata de reos peligrosos, como los secuestradores o extorsionadores, deben ser separados del resto de la población; cuando se trata de primo delincuentes se debe buscar que haya una preliberación con criterios claros y precisos, que haya también una conmutación de sus sanciones, esto es, considerar medidas alternativas a la privación de libertad.
Queremos resolver la sobrepoblación y el autogobierno en las cárceles, buscando, sobre todo, que en éstas se encuentren solamente quienes deban estar en ellas; este objetivo a simple vista pareciera obvio, pero la realidad nos dice que el abuso de la prisión preventiva implica que cuatro de cada diez personas en un reclusorio está a la espera de una condena, la mayoría de ellas cometieron delitos menores.
Es muy importante que no caigamos en afectaciones a los derechos humanos y comprender que la reinserción social está intrínsecamente relacionada con la dignidad en la que estas personas deben purgar la sanción impuesta por un juez, no más, porque alguien podría decir que al tratarse de personas que cometieron atrocidades deben recibir un castigo que vaya más allá de lo que la ley establece, pero hacerlo nos alejaría, paradójicamente, de la justicia.
El Congreso de la Unión tiene una gran responsabilidad y debe ponerse a trabajar de inmediato y concluir el proceso legislativo de la Ley de Ejecución Penal.
@angelicadelap
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado.