Muchos analistas han dedicado multiplicidad de valoraciones —a favor o en contra— sobre el impacto económico que tendrá el Tratado de Asociación Transpacífico, conocido como TPP por sus siglas en inglés. Como se sabe, a fines del año pasado los ministros de comercio de Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Malasia, Japón, Brunei, Vietnam, Estados Unidos, Canadá, México, Perú y Chile, suscribieron oficialmente este documento.
No obstante, poco o nada se habla de la importancia de las normas de contenido ético dirigidas principalmente al combate a la corrupción, referidas en el capítulo 26 “Transparencia y Anticorrupción” de dicho tratado internacional. Pareciera que ese entramado jurídico fue una mera formalidad del proceso de negociación ya concluido.
El TPP concentra a las economías de 12 países que, en su conjunto, generan poco más de un tercio del comercio internacional. El trabajo reflejado en cada uno de los capítulos permite apreciar la colisión de intereses que debió pasar por el tamiz negociador.
¿Por qué es importante el capítulo 26? Porque la lucha que viene en la arena geopolítica es por la construcción, fortalecimiento y difusión de la integridad en todos los ámbitos de la vida pública, no sólo en los negocios internacionales. En otras palabras, los valores por encima de los negocios, no importan cuán jugosos prometan ser.
El capítulo 26 del TPP obliga a la adopción de cánones de conducta consensuados. Con referencia al sector privado, remite a las normas derivadas del Código de Conducta para los Negocios del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC por sus siglas en inglés), las que inciden en la formación de una cultura empresarial de integridad y ética.
Asimismo, los suscriptores del TPP se obligan a adherirse, en caso de que no lo hayan hecho, a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual regula minuciosamente las obligaciones del sector público sobre esta materia.
Al margen de lo señalado por el tratado en comento, tomemos en consideración un par de métricas.
Una de ellas, la que proyecta el estudio “Doing Business 2016” del Banco Mundial, la cual asigna una valoración a la facilidad apreciada en distintos países para efectuar negocios. La otra generada por Transparencia Internacional es la que se refiere a la percepción de la corrupción en los cinco continentes.
Conjugando ambos índices podemos detectar, por ejemplo, que México, Perú y Chile —integrantes del TPP—, son países cuyas reformas los hacen muy buenos para el ejercicio de los negocios; no obstante, la sombra de la corrupción lastima severamente al primero de los nombrados y no deja bien parado a Perú. Cabe señalar que de los integrantes del TPP, en cuanto a la percepción de corrupción señalada, México se encuentra ubicado en los últimos lugares, sólo por encima de Vietnam.
La facilidad para hacer negocios internacionales no puede ser bajo reglas laxas que fomenten la corrupción, el cohecho o el lavado de dinero.
¿Facilidad para hacer negocios? No más con base en la corrupción. La lucha es por la integridad.
@CarlosAFlores