El Sistema Penitenciario Nacional de México registró al mes de octubre de 2015, un total de 4 mil 476 internos con padecimientos mentales en los centros penitenciarios del país, de los cuales 1 mil 54 fueron declarados inimputables y 3 mil 422 con discapacidad psicosocial.
Las condiciones insalubres, el maltrato y la discriminación que son objeto estos reos, entre otros aspectos deplorables, fueron retratadas en el informe que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la Situación de las Personas con Discapacidad Psicosocial e Inimputables en Centros Penitenciarios de México, reclamando la urgente intervención de las autoridades para atender con prontitud las condiciones en que se encuentran los presos.
La situación en general es delicada y preocupante. Sólo en once entidades de la República se concentran 2 mil 308 de los casos referidos, es decir más de la mitad: Jalisco con 440; Baja California Norte, con 389; Distrito Federal con 305; Guanajuato, con 179; Sonora con 172; Colima con 166; Puebla, 164; Ciudad de México con 141; Michoacán con 138; Yucatán, con 112 y Nuevo León, con 102.
En el documento presentado por la CNDH se destaca que las personas en internamiento con discapacidad psicosocial y aquellos declarados inimputables se encuentran en centros penitenciarios tanto estatales como federales; el mayor número de ellos se ubican en las instituciones estatales.
Por lo que hace al gobierno federal, se cuenta con una institución especializada para este tipo de usuarios, denominada Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con capacidad instalada de 450 espacios, que a octubre de 2015, registró un total 329 internos, de los cuales sólo 67, presentan alguna discapacidad psicosocial o han sido declarados inimputables, atendiendo también actualmente a internos con otros problemas salud. Nada más.
Las violaciones constantes a los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial en los centros de reclusión han sido identificadas por la Comisión en 69 Recomendaciones, una Recomendación General y 3 Informes Especiales en los cuales se reiteran acciones y omisiones que afectan a este grupo de población.
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Los presos en estas condiciones carecen de un marco normativo acorde con los estándares internacionales que permita otorgar ajustes razonables o medidas de compensación jurídica aplicables a este grupo, lo que los convierte en víctimas de maltrato y discriminación; las cárceles carecen de personal especializado para proporcionar atención técnica; no hay espacios adecuados para que sean atendidos y regularmente son destinados a áreas donde se localizan personas con enfermedades infecto-contagiosas y en condiciones insalubres.
Los centros penitenciarios tienen desabasto de medicamentos; no hay material de curación y equipo médico, y hay limitación en el acceso a servicios básicos como agua, luz eléctrica y ventilación.
Falta, además, vigilancia y control de situaciones de convivencia de los discapacitados psicosociales con el resto de la población interna, lo que provoca victimización, abuso físico, sexual y psicológico.
Las cárceles mexicanas carecen de programas específicos de tratamiento psiquiátrico; es más, no hay ni siquiera expedientes clínicos de cada reo y hay un inadecuado control y seguimiento para evaluar periódicamente el estado procesal y, en su caso, de la medida de seguridad impuesta.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos que preside Luis Raúl González Pérez, viene insistiendo en este tema desde el 2014 sin que hasta ahora se hayan tomado medidas más efectivas y eficientes al respecto.
Desde ese Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2014, en 130 centros penitenciarios de las 32 entidades federativas y 20 centros federales, se advirtieron múltiples situaciones que vulneran los derechos de las personas internas, entre las que destacan el maltrato, la discriminación, la falta de condiciones de estancia digna, de atención especializada, inadecuada clasificación, inexistencia de unidades psiquiátricas específicas e inobservancia de los estándares de especial protección previstos en la normatividad nacional e internacional en materia de derechos humanos, situación que se reitera en 28 entidades federativas. Hasta hoy, todo ha quedado en meros escritos.