Entrevista a Ernesto Villanueva | Investigador del IIJ-UNAM | Exclusiva Siempre!

Este miércoles se llevó a cabo un intercambio de ideas entre estudiantes y maestros de la UNAM sobre la situación del auditorio Justo Sierra —mejor conocido como Che Guevara— y la demanda no sólo de autoridades sino de la mayor parte de la comunidad universitaria para que el recinto sea liberado por el colectivo Okupa Che.

Aunque se sabe que quienes mantienen ocupado el auditorio no pertenecen a la comunidad universitaria, las autoridades siguen pagando la luz y el agua que se consume en el sitio y donde es común que se publiciten “pozolizas y alimentos veganos”.

Luego de la detención del Yorch por parte de elementos de la PGR y la respuesta violenta de los activistas, se espera que el llamado del rector Enrique Graue a desocupar el auditorio, que fuera tomado desde hace más de 15 años por diferentes colectivos, realmente fructifique.

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Ernesto Villanueva asegura que la desocupación deberá realizarse conforme a la ley, de diálogo gradual, con respeto a los derechos humanos y con plena transparencia. Una transparencia, apuntó, que deberá permear otras áreas de la máxima casa de estudios.

“Es una situación que se ha tratado políticamente, cuando es un asunto que debía haberse considerado desde el aspecto jurídico. Primero, es importante recordar que la UNAM es un organismo descentralizado, no tiene una autonomía constitucional sino una autonomía legal y por ese mismo hecho no puede tener el nivel de extraterritorialidad como lo puede tener una embajada; segundo, la ley debe aplicarse a todos, el principio de igualdad ante la ley y el hecho de que no haya o que haya una aplicación en la universidad, cuando las consideraciones políticas lo permitan, en lugar de ser exactamente una obligación para todos en los mismos términos, eso debilita o fragmenta el Estado de derecho.

Lo que se debió haber hecho y que se debe hacer ahora es, simple y sencillamente, aplicar la ley y destinar los recursos públicos para los efectos para los cuales fueron destinados, que pareciera un asunto de “tierra de nadie” que evidentemente no satisface o no cumple las expectativas previstas en la Constitución, en la propia ley orgánica de la Universidad ni en sus estatutos.

Esta situación que se ha enrarecido tiene que llegar a un punto final para reinstaurar un estado de derecho lesionado, considerando, por supuesto, y respetando en ese proceso los derechos humanos que pudieran verse afectados. No estoy diciendo que se haga una toma por el Ejército ni nada de eso, debe ser un proceso gradual pero firme de que este espacio se reintegre para los fines para los cuales ha estado destinado legalmente.

El auditorio se ha convertido en una tierra de nadie, una especie de zona libre, de zona franca, en donde el que ingrese ahí ya está absuelto de todas sus obligaciones, de sus “pecados” en esa zona; no es el caso, por eso ya se ha llegado a estos extremos.

Lo que desde mi punto de vista procede es aplicar de manera racional y lógica el Estado de derecho, claro que ha habido ahí todo un proceso de incubación de violaciones legales desde hace mucho tiempo que eso implica tener una estrategia sensible y racional.

Procedimiento legal

Legalmente se tendría primero que solicitar a las personas que están ahí, darles tiempo para que ellos desocupen pacíficamente, y agotar el diálogo. Eso tendría que ser y establecer tiempos, así como hacer un programa que debe tener un buen acompañamiento desde la perspectiva de la sociedad, tampoco se trata que de hoy a mañana ya se aplicó todo.

Tiene que haber sensibilidad pero lo que no se puede hacer es que las cosas sigan y sigan para luego decir ¡para qué me meto en problemas políticos! y el que viene atrás de mí que lo resuelva. Se trata de hacer un programa específico, llevarlo a sus últimas consecuencias y que ese espacio se destine para los efectos que estuvo o está previsto en la normatividad.

 

Se contaminó la vida universitaria

Lo que veo es que se trató políticamente esa ocupación cuando tendría que haber prevalecido el punto de vista jurídico;  ¿por qué?, porque dijeron: es preferible tener ahí un foco de infección aislado que contaminar más otros espacios bajo una lógica estrictamente política. No se consideró que esta situación se debe tratar desde el punto de vista legal porque se trata de recursos públicos, recursos del erario, de la sociedad, que utilizan de manera ilegal.

Se contaminó la vida universitaria porque se aplica la ley cuando se puede; hay las circunstancias políticas adecuadas en algunos casos sí y en algunos casos no. Esto envía un mensaje inadecuado hacia la opinión pública, hacía la propia comunidad universitaria, en donde no debería haberlo. En la universidad éste es un caso visible, pero hay otros casos que habría que ir poco a poco resolviendo.

Transparencia en el ejercicio de recursos

Me refiero a la transparencia en el ejercicio de recursos, de personas que están laborando en la universidad. Sabemos de casos donde al mismo tiempo que algunos están ejerciendo una función académica, están trabajando en otra parte y de tiempo completo, en los dos casos.

Hay una serie de vicios que en muchos casos es ilegal, y en otros no es ilegal pero tampoco es ético. Me parece que hoy que llega un nuevo rector como Enrique Graue, que está empezando, podría comenzar con este asunto del auditorio, que es el más visible pero no el único.

El esfuerzo del rector tendría que ir acompañado como se ha hecho anteriormente o como se ha intentado hacer con exuniversitarios, y gente que ha estado apoyando la universidad para ya por fin erradicar esta situación.

Tiene que ser parte de un proceso, de un programa muy puntual en donde se agoten las vías de diálogo, que se señale de manera transparente cuáles van a ser los mecanismos y cómo se van a llevar a cabo, esto es para bien de todos, tanto para los que están adentro como para los que no están y quieren que esto se transforme; ¿cuál es la mejor manera?: la transparencia.

Incluso hoy con los nuevos medios tecnológicos que existen, como el periscope, pueden ir viendo, identificando las situaciones para que no haya dudas de que “yo escuché”, “me dijeron”. Esto va a permitir que seamos más transparentes y busquemos finalmente el Estado de derecho y el bien general, que es lo que se busca en un caso como éste. Se tendría un programa seguro con un acompañamiento por parte de la mayor parte de la sociedad. Todos los universitarios estamos de acuerdo en que los recursos públicos destinados a la educación, a la divulgación de la ciencia y la investigación, deben dedicarse a eso y no a cuestiones ajenas a ello.

 

Va a haber una reacción de los okupas, sí; y como es natural, se requiere una estrategia, un programa para hacerlo, una calendarización para, de manera sensible, con cierta rapidez y con toda transparencia, evitar que la situación se contamine y se vuelva un asunto que derive en un conflicto político. La mejor estrategia es la mayor transparencia posible, el respeto a los derechos humanos y la firmeza en un compromiso de aplicación de la ley.

 

Mensaje positivo, si hay una desocupación pacífica y legal

Es el problema que tenemos en el país, lo que suceda en la máxima casa de estudios no es sólo un asunto de la Universidad sino es un problema del país.

En el más reciente estudio que hizo el Proyecto de Justicia Mundial con sede en Washington, que fue en 2015, se ubica a México en el lugar 127 de 170 países en cumplimiento del Estado de derecho, lo cual no significa un lugar que haya mucho que festejar porque tenemos muchos problemas de corrupción y de impunidad.

En este caso, es un problema de corrupción por un lado, pero también es un problema de impunidad. Sabemos que hay una violación a la ley y no hacemos nada, ésa es la impunidad y ya está totalmente acreditado que es ilegal, que se constituyen varios ilícitos, delitos y otros y, sin embargo, sólo nos quedamos viendo, eso evidentemente genera una relajación y que no haya un Estado de derecho que tendría que ser el paradigma o el parámetro de conducta de la sociedad, de los mexicanos, de las mexicanas en el país.

Tenemos que actuar, y este asunto de la máxima casa de estudios sería, digamos, una cuestión muy simbólica, un paso adelante en esa lógica de restablecer con justicia y con sensibilidad los derechos humanos, el Estado de derecho en general.

Urge limpiar el ambiente con acciones claras y legales

Sería un buen mensaje en un ambiente en general de descomposición que existe, eso sería ir resolviendo la situación pero tenemos que hacerlo de manera gradual, tampoco de la noche a la mañana vamos a cambiar, pero esto sería un buen punto de partida.