Productores de distintas entidades han expresado su preocupación por la reforma al agro que está pendiente. El temor radica en la posibilidad de que la nueva legislación, en stand by desde el 2014, le abra las puertas de par en par al repudiado grupo comercial Monsanto y con ello al maíz transgénico, si se aprobara como en estos momentos está planteada.
Aunque la reforma parece lejana aún toda vez que su discusión ha sido pospuesta, la inquietud entre determinados grupos sociales por el tema, es latente; más aún porque la empresa ha expresado su confianza de que el gobierno mexicano incluirá en dicha propuesta legislativa la aprobación para el uso de semillas genéticamente modificadas.
Esos sectores inconformes se unen y avalan al 73.9% de la población mexicana que está convencida que el consumo frecuente de alimentos genéticamente modificados puede ser nocivo para la salud, de acuerdo a una encuesta del INEGI. El maíz transgénico, a decir de los que están en contra, puede producir cáncer y otros padecimientos crónico-degenerativos mortales.
Además, han difundido la afirmación de que el maíz transgénico atenta contra la diversidad de los maíces nativos y pone en peligro su existencia en el agro mexicano, toda vez que las toxinas se acumulan en los suelos de cultivo y pueden afectar su fertilidad a largo plazo.
La multinacional estadounidense atiende por ahora los problemas legales que enfrentan en tribunales. En 20 años, según algunas publicaciones, Monsanto ha logrado unificar el criterio de habitantes de 436 ciudades de 52 naciones, que fueron las que se manifestaron simultáneamente en contra de la empresa en mayo de 2013.
En México, en noviembre pasado, el escándalo por la discusión del uso lúdico de la marihuana, opacó una noticia de mucha mayor importancia dada su inmediatez y efectos políticos colaterales: el “siempre no” que le aplicó la Suprema Corte de Justicia en México a la empresa multinacional estadounidense Monsanto y también al gobierno de Enrique Peña Nieto por una omisión de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que se pasó por el arco del triunfo a los apicultores mayas y le permitió a Monsanto echar raíces al sureste de México.
Tres años tardaron los indígenas mayas en lograr que la justicia volviera la vista a su caso y en cosa de horas, la segunda sala de la cabeza del Poder Judicial mexicano determinó anular el permiso que se le concedió en el 2012 a la empresa productora de agroquímicos, el alma máter de los odiados maíces transgénicos.
Y para darle el revés a Monsanto, el máximo tribunal de justicia en México ofreció como argumento que el permiso que en su momento se le concedió a la multinacional por parte del gobierno federal vía Sagarpa, no había tomado en cuenta el sentir de las comunidades indígenas que resultaron afectadas por el inicio de operaciones de la empresa.
La producción de soya transgénica (genéticamente modificada), que le permitió la dirección general de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de México a la odiada Monsanto, deberá ser suspendida y, además, antes de pensar en reiniciar labores, tendrán primero que llevar a cabo una consulta a las comunidades indígenas de la península de Yucatán, Chiapas y la planicie huasteca.
El gran problema no es en sí la soya zombie sino sus efectos en las colmenas de la abeja melipona, que carece de aguijón y que produce una de las mieles más preciadas en la región y en todo el país.
La lógica de los indígenas mayas es simple: Monsanto produce cultivos transgénicos, modificados genéticamente y sus efectos alcanzan a la abeja melipona y por tanto a la producción de miel, una actividad histórica entre ellos, milenaria, que hoy, a causa de la multinacional, se encuentra en riesgo, porque además, se ignoran los efectos colaterales.
Monsanto debió dejar de sembrar casi 254 mil hectáreas en cinco polígonos ubicados en la península de Yucatán, Chiapas y la planicie huasteca, cuyos permisos fueron otorgados el 11 de mayo de 2012.