POR LOS CAMINOS DEL SUR
Acapulco.- En el contexto en que la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) anunció una serie de movilizaciones de protesta, y una vez más se denuncian amenazas y extorsiones por parte de bandas del crimen organizado, la Secretaría de Educación Guerrero mediante un comunicado fechado el 11 de marzo, avisó la posposición hasta nuevo aviso de la evaluación del desempeño a los docentes.
La referida evaluación sería para en las etapas 2, 3, 4 y 5, y estaba programa a realizarse examen los días 16 y 17 de este mes pero los convocados en el que recibieron les notifican que la fecha de examen se pospone hasta nuevo aviso: “se les solicita respetuosamente registrarse electrónicamente a la dirección http://cespd.seg.gob.mx:81/registro/ para que se les pueda informar de los días a realizar el proceso arriba mencionado” firmado por la doctora Margarita Nava Muñoz, responsable de la coordinación estatal del servicio profesional docente.
La dirigencia del magisterio, luego de manifestar que la Ceteg está lista para dar la lucha contra la reforma educativa y contra el examen, llamaron también a los maestros de otras expresiones, a que se unan para luchar juntos contra estas medidas gubernamentales que perjudican a todo el magisterio.
Parícles Ramírez Jiménez, integrante del Comité de Bases Ampliadas de la Educación Media Superior (CBAEMS), informó que las autoridades no les han informado el por qué de la decisión, pero, “sospechamos que tienen que ver las movilizaciones, no encontramos otra explicación”, comentó.
El 2 de marzo, José Luis González de la Vega Otero titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), informó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) daría una segunda oportunidad a los maestros que no resolvieron el examen el 3 de diciembre, pero que era la última, para no ser dados de baja del servicio docente.
En esa ocasión informó que son mil 200 los maestros que fueron notificados para presentarse al examen el 16 y 17 de marzo en el Fórum Mundo Imperial.
Los mentores agrupados en la CETEG, el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Colegio de Bachilleres (Cobcah) e integrantes del Comité de Bases Ampliadas de la Educación Media Superior (CBAEMS), reiteraron su negativa a participar en el examen de permanencia.
Desafiantes, señalaron que les debe quedar claro el mensaje a las autoridades, que lo entienda bien Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, y José Luis González de la Vega Otero, secretario de Educación, en “Guerrero no nos vamos a evaluar y vamos a continuar con la lucha hasta las últimas consecuencias”.
En conferencia de prensa, Manuel Salvador Rosas Zúñiga, responsable de la CETEG en Costa Grande, indicó que el magisterio de Guerrero manda un mensaje al presidente Enrique Peña Nieto, “a su esbirro que tiene dentro de la SEP”, en referencia al secretario Aurelio Nuño; así como al gobernador priista, Héctor Astudillo Flores, y al secretario de Educación José Luis González de la Vega donde le informan que “siguen rechazando los llamados a la evaluación y no estamos dispuestos a prestarnos al juego de participar en esa farsa de evaluación, a la cual nos quieren someter”.
El dirigente afirmó que ninguna notificación fue entregada de acuerdo con la ley de procedimientos administrativos, por lo que ninguno de los mil 415 maestros han sido “notificados de manera ilegal” asistirá a la evaluación reprogramada.
A su juicio, el cambio de fecha fue porque los maestros se han negado a recibir esas notificaciones y defenderán hasta el último recurso su estabilidad laboral.
La declaración es diferente a la dirigencia estatal de la CETEG que lo atribuye a una represalia por las movilizaciones que el magisterio guerrerense efectuó a fines de febrero y principios de marzo.
Autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) advirtieron a directores y docentes de secundarias técnicas de La Montaña, que tarde o temprano tendrán que someterse a la evaluación.
Walter Emanuel Añorve Rodríguez, integrante de la comisión política de la CETEG en Acapulco, manifestó que los maestros mantienen su rechazo a ser evaluados a pesar de la amenaza que lanzó Aurelio Nuño, para despedirlos sin otorgarles ninguna liquidación.
Esto ocurre en un contexto que la inseguridad pública afecta a diferentes sectores de la sociedad en el estado y de nueva cuenta el magisterio vuelve a ser blanco de extorsiones y acciones de violentas.
De manera frecuente se registran ausencias de maestros, además de los días en que por asambleas o reuniones periódicas (último viernes de cada mes). A ello se agregan las ausencias por problemas de seguridad debido a las extorsiones y amenazas de secuestro o asesinato de que están siendo objeto, a grado tal que escuelas de nivel medio y superior adelantaron el próximo periodo vacacional justificándolo por presiones de la delincuencia.
En municipios como Acapulco, algunos de la Tierra Caliente y otros de la zona Norte, así como de Costa Chica y Grande, la historia de acosos de la delincuencia que les exigen parte de su salario a cambio de permitirles trabajar en sus respectivos centros escolares, es reiterada.
Además son frecuentes las denuncias de robos de equipo de cómputo, así como de asaltos al personal docente y o a los propios alumnos que son víctimas de la criminalidad en sus distintas expresiones o modalidades.
Al cierre de la edición, un padre de familia a balazos cuando esperaba la salida de sus hijos en la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano, ubicada atrás de la catedral en el Zócalo, que desde el 29 de febrero está bajo resguardo de soldados. En el mismo ataque otro padre resultó lesionado, lo que provocó que las clases fueran suspendidas.
Desde enero los maestros de las escuelas Manuel M Acosta, Manuel Ávila Camacho e Ignacio M. Altamirano denunciaron el acoso de bandas del crimen organizado demandándoles cuotas para no ser secuestrados o asesinados.
La situación general parece describir un nuevo enrarecimiento donde el factor de la inseguridad pública es el dominante y se conjuga con expresiones de inconformidad social que incluye al sector privado, poblaciones indígenas, transportistas y ciudadanos en general.