Mayores problemas en materia de seguridad

Uno de los mayores problemas en materia de seguridad que el país enfrenta es el alto número de armas ilegales que circulan y los mecanismos para controlarlas. El ingrediente principal de la violencia y la actividad delictiva son las armas; sin embargo, hoy la legislación vigente sobre su portación es laxa y limita su control.

El modelo actual permite en la práctica portar armas como una 9 mm sin mayor problema y aun con armas de mayor peligrosidad la sanción es una multa, sin pena corporal, únicamente tiene consecuencias como agravante, no como delito por sí mismo.

Esto constituye una limitación para las fuerzas del orden y un pilar de la operación de los grupos criminales. Para ilustrar el tamaño del problema baste decir que las multas por la violación del reglamento de tránsito federal son equivalentes con la de la portación sin permiso de una arma.

Por ejemplo, la sanción económica por exceder los límites de velocidad permitidos es de $5112.80 a $7304 pesos; de acuerdo con el artículo 136 del Reglamento de Tránsito Federal. Mientras que la sanción económica por poseer, sin permiso, un arma de uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea, con base en el artículo 83, Fracción II (revólver calibre .357, mágnum superiores a los .38 mm y pistolas de calibre 9 mm), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos es de $1460.80 a $7304 pesos.

En consecuencia tenemos delincuentes que portan, poseen, trafican, transportan, venden, compran armas de fuego, explosivos y accesorios, con sujeción a proceso y bajo el beneficio de la libertad bajo caución, derivado de la falta de sanción.

En un país ensangrentado, marcado por la violencia y el crimen, son un despropósito estas sanciones. La falta de sanción es un incentivo que contribuye a elevar los niveles de inseguridad en nuestro país, crea un clima propicio para que las familias mexicanas sean víctimas de delitos, la gran mayoría relacionados con el uso de armas de fuego enajenadas o adquiridas ilícitamente.

Esta falta de sanción merma la capacidad del Estado de perseguir delitos y castigar criminales, haciendo aún más rentable para el crimen organizado y para la corrupción este negocio ilícito.

México es hoy un país armado, se estima que se encuentran circulando ilegalmente cerca de 20 millones de armas de fuego, lo que nos hace el sexto país con más armas en manos de civiles.

De acuerdo con estudios, el 65% de las armas ilegales están en manos del crimen organizado. Frente a este basto universo de armas, de enero a septiembre de 2015 únicamente hubo 180 casos registrados del delito de portación.

En respuesta a esta problemática, en días pasados presenté ante el pleno del Senado de la República una iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales en materia de posesión y portación de armas de fuego, explosivos y accesorios, así como la Ley Federal de Armas.

Lo que se está proponiendo a través de esta iniciativa no es limitar el derecho constitucional a la portación de armas que establece el artículo 10, sino sancionar de manera efectiva su portación ilegal. Esto es, no se proponen nuevos delitos, únicamente se busca dar eficacia a la sanción de los que ya existen.

La iniciativa busca un control más efectivo de las armas. Por ejemplo: a quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, actualmente se le impone prisión de tres meses a tres años o de 180 a 360 días multa y decomiso. Se debe incrementar de siete a quince años, además de trescientas a quinientas unidades de medida y actualización, así como el decomiso.

En el caso de quien fabrique, venda o trafique, porte las armas señaladas sin permiso, la sanción actual es de seis meses a tres años de prisión o de 180 a 360 días de multa y decomiso. La propuesta es que se apliquen de siete a quince años de prisión y de quinientas a setecientas unidades de medida y actualización, así como el decomiso.

La propuesta contiene criterios más específicos para el otorgamiento de los permisos que en la actualidad son ambiguos e insuficientes. No podemos pensar en la pacificación del país si no hay ningún freno al tráfico de armas sin límite ni control.

 

@LuisHFernandez

Senador de la República.