Sujetos al capricho de unos cuantos
Después del descanso de la Semana Santa, en donde millones de mexicanos se divirtieron, pasearon, e incluso reflexionaron sobre sus creencias religiosas, el regreso al trabajo y a la actividad cotidiana implica darle una nueva perspectiva a nuestra visión de la Ciudad de México, que ya transformó su nombre, pero que conserva y aumenta los temas de corrupción e inseguridad, afectando los servicios de distribución de agua potable, de comunicación, transporte colectivo, recolección de la basura, drenaje y otros.
Dichos servicios transitan, en proporción inversa, al avance jurídico, pronosticando sombríamente que el aumento de las libertades democráticas en la capital va, desgraciadamente, en el detrimento de los mismos, aun cuando no sea la consecuencia directa, pues convierten nuestra metrópoli en una ciudad colapsada por la aplicación de políticas públicas nacidas del capricho, la incompetencia y la falta de una visión de nuestros gobernantes empequeñecidos y envueltos en las mezquinas intrigas del poder político.
No pudieron haber sido más irregulares, antijurídicos e inconstitucionales la convocatoria, el proceso y el desarrollo de lo que habrá de ser el Constituyente de la Ciudad de México, acotado por los acuerdos “en lo oscurito” de quienes determinan el poder político.
La crisis de contaminación tiene que ver no sólo con la corrupción de los verificentros, sino con la falta de planeación metropolitana, que ha permitido un crecimiento intolerable y absurdo a partir de un uso de suelo que no está regido por normas adecuadas, sino por el mercadeo vulgar y corriente de quienes trafican con los permisos de construcción; ahí empieza el problema frente a los ojos cerrados de la autoridad y de un jefe de Gobierno que sólo observa su ambición presidencial.
El problema de la corrupción tiene que ver con las industrias contaminantes que se dan en la Ciudad de México y alrededor de ésta. En los días pasados llamó la atención la caprichosa decisión del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila que, sin aviso previo, sin apoyo técnico, ni consideraciones sociales, clausuró la operación de las empresas privadas que se encargan de la basura de nuestra ciudad, ahogándola por un capricho verdaderamente absurdo, con un pleito de intereses mezquinos de quienes tienen el poder en ambas entidades.
¡Basta ya! Es intolerable que por un lado se hable de mejoría, desarrollo y libertades democráticas, y por otro, los millones de habitantes de la zona metropolitana estemos sujetos a los absurdos caprichos de unos cuantos.
La legislación ambiental es concurrente, lo cual quiere decir que en ella tienen competencia tanto la federación, como las entidades federativas. Ello obliga a una determinación clara para detener el tema de la corrupción, que no se va a resolver con un absurdo reglamento de tránsito que impide la circulación rápida de los vehículos con regulaciones erráticas y muchos topes, que lo único que logran es dañar los vehículos y generar más contaminación por el avance lento y estar más tiempo encendidos; no se han tomado medidas en el aeropuerto, ni en el transporte público, como el metro, o en los miles de carcachas que pertenecen al gobierno de la ciudad y a la federación; ahora se pretenden ocurrencias, para que un programa se modifique, con tanto dinero ya invertido, para utilizar nuevas tecnologías —sin explicar a qué se refieren— para revisar el parque vehicular.
Lo que se requiere es un trato de iguales, pues hizo bien la Suprema Corte en sentar la tesis de que los vehículos deben circular, o no, en razón de los gases que emiten y no del año en que fueron comprados.
El problema se agrava mientras las propuestas de solución no se aborden desde una panorámica universal, que incluya distintas visiones y tome en cuenta la opinión de los capitalinos.
Regresamos del descanso de la Semana Mayor a la pesadilla de una ciudad, a la que tanto queremos, pero que está a la deriva por falta de claridad en las políticas públicas.