Editorial
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluirá en abril la segunda etapa de la investigación que lleva a cabo en el país desde marzo de 2015 sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Conforme se acerca la fecha, los expertos intensifican su activismo político, especialmente en el extranjero, para vacunarse en salud. Para dejar claro que si no han llegado a la verdad, ésa sí histórica e incontrovertible, es porque el gobierno mexicano se ha erigido en un serio obstáculo a su investigación.
Lo extraño en todo esto es que fue, precisamente, el gobierno mexicano quien los invitó y pagó para que participaran en la investigación. Y fue, otra vez, la autoridad nacional quien les pidió prolongar su estancia en el país por seis meses más para que pudieran concluir los trabajos.
Sin embargo, la preocupación del GIEI es evidente: ellos no pueden regresar a casa sin demostrar que la desaparición de los 43 normalistas se debió a una orden directa del gobierno mexicano y que para ese fin utilizó al Ejército, a la Policía Federal y anexas.
Redactar un informe en el que tengan que concluir que la autoría intelectual de la masacre se encuentra restringida a lo local y que, a pesar de los errores, ineptitud y corrupción que existe en la Procuraduría General de la República (PGR), no puede calificarse Ayotzinapa como crimen de Estado, los hace sentirse seriamente frustrados.
Sostener una tesis de ese tipo tendría serias implicaciones para su prestigio y carrera dentro de las ONG, donde el éxito no radica en llegar a la verdad universal sino en tirar gobiernos.
Entre más jefes de Estado pueda destituir y llevar a la cárcel, más éxito tiene una ONG de este tipo, más califica en la escala de las llamadas organizaciones no gubernamentales, pero, sobre todo, más poder adquiere para hacerse de los recursos internacionales que entre ellas se disputan.
Las ONG nacieron después de la Primera y Segunda Guerra mundiales para defender a pueblos sometidos por el racismo y la opresión de crueles dictaduras, pero muchas de ellas se han convertido en empresas trasnacionales, con una entramada estructura financiera poco clara y sobre la que no dan cuenta a nadie.
Si es cierto que el GIEI cobró al gobierno dos millones de dólares para contribuir a aclarar los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala y encontrar a los normalistas, los mexicanos tenemos derecho a saber en qué ha usado ese dinero el GIEI.
Es más, en aras de las transparencia que hoy pregonan las mismas organizaciones civiles, el convenio firmado entre el GIEI y el gobierno debe ser hecho público para saber a qué se comprometió cada una de las partes.
No sabemos tampoco quién es o cuál es el origen del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública que presentó una denuncia en contra del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, por delito de fraude en contra de la federación porque los dos millones de dólares, entregados a los expertos, sólo han sido útiles para golpear al gobierno desde el extranjero.
Lo cierto, sin embargo, es que los integrantes del GIEI fueron a Bélgica a pedir al Parlamento Europeo que promueva sanciones económicas en contra del país. Sanciones que afectarían no sólo al gobierno, sino al pueblo de México.
Las ONG han venido a llenar, en muchos casos, los vacíos dejados por los gobiernos, están de moda, gozan de un amplio prestigio y credibilidad, tienen dinero y poder; sin embargo, es inaceptable que se consideren intocables y que por esa razón se nieguen a ser auditadas.
Si hay un grupo de extranjeros internados en el país, que han recibido una elevada paga para cumplir con un compromiso de investigación y esos recursos han sido desviados para atacar la integridad nacional desde el exterior, el país necesita saberlo.
También esta verdad necesita ser conocida. Si los expertos gritan y siguen gritando, la PGR ya no puede callar.