Transparencia
Desde hace más de trece años, el ejercicio público y del poder político han vivido grandes transformaciones en nuestro país. Lenta pero inexorablemente el derecho de acceso a la información y la transparencia se han convertido en dos elementos estructurales de nuestro sistema político.
El balance se puede ver desde dos ópticas; desde el punto de vista de los servidores públicos el ejercicio del nuevo derecho ha modificado normas y prácticas institucionales para ajustar su trabajo a las nuevas definiciones y exigencias; desde la sociedad, especialmente de la organizada, existen aún rezagos que se deben superar y es necesario ampliar los mecanismos para que los gobiernos actúen de forma más abierta y de cara a la ciudadanía.
Como en la mayoría de los casos donde se amplían los derechos o se crean nuevos, existen contrastes y surge la necesidad de impulsar un cambio cultural. El derecho a la información ha seguido una ruta corta y sus impactos son visibles en todos los ámbitos. En los escasos años de su existencia han ocurrido dos profundos cambios constitucionales (2007 y 2014), la creación de 32 leyes locales y sus diversas adecuaciones, la aprobación de una Ley General (2015) para homologar los marcos normativos locales y ampliar las sanciones por el incumplimiento de su mandato.
La evolución del marco normativo ha logrado además incorporar a nuevos entes obligados, entre los que destacan de manera directa los sindicatos y los partidos políticos, y ha obligado a publicar en medios electrónicos indicadores que permitan rendir cuentas del cumplimiento de objetivos y resultados obtenidos por parte de las instituciones. Además, entre otros cambios, se otorgó autonomía constitucional al INAI y a los organismos estatales garantes del derecho de acceso a la información.
Sin embargo a pesar de todo ello, aún existen tareas importantes que realizar. Una de las más urgentes es la homologación de las leyes locales y el cumplimiento de las mismas por todos los poderes y servidores públicos en dicho nivel. En el caso particular de la Ciudad de México existen graves rezagos. En el Poder Legislativo local existen prácticas que evaden la transparencia, con lo cual muchos asambleístas se resisten a informar detalladamente sobre los gastos que ejercen; también se niegan a difundir las versiones estenográficas de los trabajos que realizan sus órganos de gobierno.
Lo anterior se deriva de una falla estructural: los diputados elijen a los integrantes del órgano garante del derecho de acceso a la información y confían en que pueden incumplir algunas de las normas vigentes y que pueden evadir la evaluación rigurosa de su trabajo legislativo.
Frente a dichas situaciones e inercias resulta fundamental que en la nueva Constitución de la Ciudad de México se incluyan mecanismos que rompan dichos comportamientos. Desde mi punto de vista, la única forma de avanzar, sin demora ni obstáculos, es incorporar el control constitucional en la nueva Carta Magna capitalina.
Este control significa que para los casos de incumplimiento de las normas constitucionales se establezca un sistema de sanciones, se configure un medio jurídico que simultáneamente limite o impida los abusos del poder y preserve el ordenamiento jurídico mismo. Con ello, la falta de acatamiento de las normas y la violación de un derecho fundamental, como lo es el acceso a la información, los ciudadanos y los integrantes de otros poderes y órganos de gobierno puedan invocar la figura del abuso de poder y de esta forma eliminar cualquier práctica de evasión que agrave o vulnere los derechos humanos.
No hay que olvidar que el derecho de acceso a la información es la base piramidal para el ejercicio de otros derechos, por ejemplo, para ejercer el pleno derecho a la educación. Para asentar la transparencia en esta ciudad, y hacerlo bien, es apremiante elaborar y acatar ordenamientos jurídicos que obedezcan e impidan el abuso de poder.
Diputada en la Asamblea Legislativa del DF;
maestra en gobierno y administración
pública por la Universidad Complutense de Madrid.