Entrevista a José Antonio Ortega | Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública | Exclusiva Siempre!

 

La denuncia del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (Consejo Ciudadano) es que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) “no vino a México a ayudar a esclarecer la masacre de Iguala de los días 26 y 27 de septiembre [de 2014], sino a tergiversar los hechos, a buscar la impunidad de los responsables de los crímenes —en su mayoría detenidos— y a culpar con falsedad a inocentes, específicamente a integrantes del Ejército mexicano”.

“Los integrantes del GIEI —según la denuncia— son sujetos carentes de toda autoridad moral y probidad y en particular de la exfiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, y la exfiscal de Colombia, Ángela María Buitrago, cuyas trayectorias están marcadas por la mentira, la prevaricación, el delito y la violación a los derechos humanos”.

En el marco de estas acusaciones y declaraciones públicas, el pasado 15 de marzo el Consejo Ciudadano presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) “una denuncia penal por el delito de fraude por un monto de entre un millón 250 mil dólares y 2 millones de dólares, en perjuicio de la federación, cometido por Emilio Álvarez Icaza, secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

Por su parte, organizaciones no gubernamentales tanto nacionales como internacionales emitieron un comunicado de prensa el 21 de marzo, en donde expresan su respaldo al GIEI y exigen que los expertos continúen con sus investigaciones indefinidamente o “hasta que se alcance la verdad y la justicia”.

Además, ante el anunció del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que el GIEI termina su labor el 30 de abril y que no habrá una prórroga, los padres de los 43 normalistas desaparecidos ya advirtieron que reactivarán sus protestas si el Estado mexicano no decide que el GIEI “se establezca de manera indefinida en nuestro país, hasta obtener una investigación clara sobre la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa”.

De igual forma, organizaciones no gubernamentales denuncian ante los medios la existencia de una campaña de desprestigio y de descalificación en contra de los integrantes del GIEI.

 

Buitrago, sin calidad moral ni ética

En entrevista exclusiva con Siempre!, José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano, sostiene las denuncias de su organización al afirmar que los expertos no buscan la verdad en el lamentable caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, “no es la ayuda de la verdad y la justicia en estos lamentables hechos lo que motiva a este grupo de expertos, sino es una agenda política ideológica que ya traen para desvirtuar, para dañar, para meter la duda en las instituciones mexicanas, concretamente en dos, en la PGR y en el Ejército mexicano, y esto ya lo han hecho en los países en donde ellos trabajaban”.

Por ejemplo, señala que María Ángela Buitrago fue fiscal en Colombia, en donde después de 20 años de la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M19 financiado por Pablo Escobar Gaviria para que se apoderen del Palacio y quemen los expedientes que permitirían su extradición hacia Estados Unidos.

Hechos en los que interviene el coronel Luis Alfonso Plazas Vega por órdenes de sus superiores de entrar con el Ejército y de los cuales se responsabiliza el presidente Belisario Betancur diciendo “yo di la orden al Ejército para que interviniera y lo hace afortunadamente rescatando a más de 200 personas”.

Sin embargo, cuando llega la fiscal Buitrago, 20 años después de esos hechos, toma el expediente y acusa con pruebas falsas a Luis Alfonso Plazas Vega de desapariciones forzadas. Suplanta testigos, altera evidencia y con eso logra una condena de hasta 30 años de prisión en contra del coronel.

Hay que decir que el coronel Luis Alfonso Plazas Vega en diciembre pasado fue liberado porque las pruebas que se usaron en su contra fueron manipuladas, hay evidencia falsa, testigos falsos y ésa es la razón por la cual la Corte colombiana pone en libertad a este coronel. Ésa es la verdad legal, no hay más verdad que la que resuelve la Corte colombiana, tenemos copia de esa resolución en donde fuimos buscando las partes en las que habla de cómo los jueces que conocieron de ese asunto fueron engañados por el testigo y por la evidencia que presentó la fiscal María Ángela Buitrago.

Por lo tanto, afirma el abogado, “¿qué calidad moral, qué calidad ética tiene esa señora para venir a México y decir que quiere interrogar al Ejército mexicano, para hacer lo mismo que hizo con el coronel Plazas Vega en Colombia, para meterlos en la cárcel cuando no son responsables de los hechos que aquí le pidieron que investigara?; pues ¡claro que no!, no tiene ninguna calidad moral esa señora.

“Primero para decir que no fueron quemados los muchachos en Cocula con un perito experto en incendios, que con unos minutos que estuvo en Cocula afirma que no fueron quemados. Segundo, con que debe interrogar al Ejército mexicano suplantando al ministerio publico, aquí tenemos una autoridad que es la única que investiga y es el ministerio público”.

Ortega continúa con su exposición sobre quiénes son “realmente” algunos de los miembros del GIEI y ahora comenta “el expediente de Claudia Paz y Paz”, de quien asegura que cuando fue “fiscal general de Guatemala entre 2010 y 2014 tuvo una actuación criminal y violatoria de los derechos humanos, pues encubrió los hechos de corrupción del expresidente Otto Pérez Molina, hoy preso por los mismos”.

Paz encubrió a Pérez Molina

Dice que cuando Claudia Paz “fue fiscal general de Guatemala no investigó al presidente Otto Pérez Mollina porque había sido designada por él y por eso lo encubrió en actos ilícitos, por eso tampoco investiga los hechos de los grupos terroristas que atentan contra las instalaciones del país, que atentan contra el pueblo guatemalteco”.

Unos pillos

En ese mismo tenor, habla del caso Carlos Martín Beristain, un español que cuando es llamado por un juez ecuatoriano para que intervenga y dé su opinión técnica sobre el medio ambiente y los daños causados a éste por la antecesora de la empresa petrolera Chevron, emite la opinión pero poniéndose de acuerdo con una de las partes, entonces con ese peritaje condenan a Chevron a pagar más de nueve mil 500 millones de dólares.

Asimismo, comenta que “otro de los expertos —Francisco Cox— del GIEI aparece en Uganda haciendo trabajo de defensoría de derechos humanos cuando está recibiendo dinero del gobierno mexicano para la búsqueda, para la investigación, para encontrar la verdad y la justicia en los hechos de Iguala”.

Por tanto, “con estos expertos, con estos señores que son unos pillos, que son unos prevaricadores, que son unos violadores de derechos humanos, no vamos a encontrar ni verdad ni justicia en estos lamentables hechos de Iguala”.

Álvarez Icaza debe rendir cuentas

En cuanto a la denuncia penal en contra de Álvarez Icaza, admite y acepta que esta denuncia no tendría que haber sido contra él sino contra los miembros del GIEI, sin embargo explica, “Álvarez Icaza firma una adenda de convenio con el gobierno mexicano, en donde logra convencerlo para que se le dé inmunidad al grupo de expertos. Inmunidad que significa impunidad, inmunidad en sus opiniones, en sus trabajos… entonces habrá que ver hasta dónde es válido ese acuerdo de inmunidad porque la Constitución sí habla de inmunidad para los legisladores, que al emitir sus opiniones no pueden ser juzgados porque están haciendo un trabajo en la defensoría del pueblo mexicano y ellos pueden disentir, pueden señalar, pueden decir y ahí hay un fuero para los legisladores; pero qué valor puede tener ese acuerdo que Emilio Álvarez Icaza hace que firme el gobierno mexicano para este grupo de expertos cuando él sabía la calidad moral, la poca ética de este grupo de expertos al escogerlo y traerlos a México para que intervengan en los lamentables hechos de Iguala”.

Además, asegura que también lo que se pretende con esto es que haya “una rendición de cuentas, me parece que todos tenemos que rendir cuentas, que todos tendríamos que responder respecto a esto y se les paga hasta dos millones de dólares a este grupo de expertos para buscar la verdad en los hechos de Iguala y resulta que son unos pillos y algunos de ellos traen una agenda ideológica política en donde las conclusiones ya las traen antes de las investigaciones y que lo único que pretenden es sembrar dudas en el trabajo del ministerio público en lugar de fortalecerlo, en lugar de apoyarlo, en lugar de incluir verdaderas líneas de investigación que lleven a perfeccionar, a buscar y profundizar en estos lamentabilísimos hechos”.

Su trabajo no es profesional

Entonces, “el trabajo que están haciendo no es un trabajo profesional y no es algo que nos ayudará a encontrar la verdad, en castigar a los responsables, en cerrar esas heridas que tanto nos dañan, que tanto nos lastiman, que tenemos que encontrar la forma de castigar de una manera ejemplar a quienes desaparecieron a estos muchachos y para eso fue que se pidió la ayuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para transitar en este paso, para darle fortaleza a las instituciones mexicanas, para profundizar en la investigación del ministerio público, y si faltaba algo, pues bienvenido, desde luego ahí está su coadyuvancia, ellos a través de esa coadyuvancia como todos los coadyuvantes en el país pueden ofrecer pruebas para que sea el ministerio público el que las desahogue, porque la única autoridad que puede investigar hechos delictuosos de nuestro país es el ministerio público y tenemos que encontrar la verdad a través de nuestras instituciones.

No podemos hacernos justicia “por propia mano y no podemos denigrar y acusar a instituciones tan respetables de nuestro país como el Ejército mexicano sin pruebas, moviendo a los padres para que vayan a las instalaciones de Iguala, metan un camión y a pedradas provocar al Ejército mexicano para buscar otros mártires y para buscar cosas que no sabemos realmente. Pero reitero, la agenda del grupo de expertos es ideológica, es una agenda política y que no nos ayudará a encontrar la verdad y la justicia en nuestro país por estos lamentables hechos”.

Ortega Sánchez apunta que “hay que recordar que después de los hechos de Iguala, cuando suceden la falta de credibilidad en las instituciones mexicanas, el no encontrar en ese momento qué era lo que realmente había pasado, hace que el gobierno mexicano para darle transparencia a la investigación, para ayudarse de expertos a encontrar el paradero de estos muchachos, llama a la Comisión Interamericana para que aporte un grupo de expertos que ayuden en esa investigación, porque en ese momento nadie creía en la autoridad mexicana, porque en ese momento empezó a investigar la autoridad local de Guerrero, que fue rebasada porque en ese momento en un principio no se decidió por parte del gobierno federal que intervinieran ellos, la Procuraduría General de la República, sino que no le dieron la dimensión adecuada a los hechos y pensaron que como habían sido hechos locales tenían que ser investigados por el ministerio público de Guerrero y resuelto por las autoridades de procuración y administración de justicia del estado de Guerrero.

Es hasta que los medios de comunicación le dan la dimensión nacional, internacional a estos hechos que deciden intervenir, pero ya había demasiada desconfianza y por esa razón es que el gobierno mexicano para darle transparencia, para profundizar en la investigación es que pide ayuda, es que acude a la Comisión Interamericana, para eso están estos organismos defensores de derechos humanos internacionales, para ayudar a los países, a las sociedades que sufren violaciones a derechos humanos en esos países, para que sean castigadas esas violaciones a derechos humanos, para que se encuentre la verdad y para que se aplique la justicia, ésa es la razón, ¡pero fuimos engañados!, fuimos engañados porque no nos trajeron a unos expertos que buscaran la verdad, porque no nos trajeron a unos expertos que realmente nos ayudaran, porque nos trajeron a unos pillos que en sus países habían cometido hechos repugnantes que no conocíamos en esos momentos y que con los hechos que ellos fueron manejando, tuvimos que acudir a sus expedientes y enterarnos de que eran unos verdaderos violadores de derechos humanos y que así actuaron en sus países y que esos señores no pueden darnos verdad y justicia en esos lamentables hechos”.