POR LOS CAMINOS DEL SUR
Chilpancingo, Gro.- El caso de Iguala parece haber entrado en un callejón sin salida, un enredo en el cual afloran descalificaciones y amenazas de volver a la senda de las movilizaciones iracundas tanto en Chilpancingo como en Acapulco, manteniendo la consigna de “Fue el estado” y demandando la dimisión de Peña Nieto.
Y ello no sólo por el dictamen emitido por el Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego y sus implicaciones, sino por la revelación a través de un video en el que se pone de manifiesto la posibilidad de que los padres de los 43 normalistas desaparecidos haya recibido dinero por parte de algún grupo del narcotráfico.
En el primer caso, de ser cierto el dictamen del peritaje, en que se concluye que “sí existió un evento de fuego controlado” y se puede establecer que “al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados en el lugar”, se contrapone y derrumba los resultados del segundo, dado a conocer el 9 de febrero, a través del cual el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) determinó que en el basurero no fueron hallados restos de los 43 estudiantes, sino que los restos de cuerpos hallados corresponden a otros eventos.
A su vez, se estaría validando la “verdad histórica” que en otro momento concluyó la PGR, al respecto del caso.
La reacción fue inmediata, Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, afirmó que, a su juicio, el informe sobre el tercer peritaje que presentó la PGR “fue un estudio muy pobre en su contenido, y evidencia que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende que el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se mantenga en la impunidad”.
Y mencionó algunos de los motivos: “nunca dice la fecha en que hubo ese incendio en el basurero de Cocula, ni el día de la incineración de 17 cuerpos en ese basurero, a diferencia de lo señalado por el Equipo Argentino, que explica con más claridad, y menciona que en ese basurero hay restos humanos de 19 cuerpos, sin se establezca cuándo fueron quemados”.
“Lo único nuevo que aporta el peritaje de la PGR es que “todavía no se establece en qué lugar fueron incinerados los 43 normalistas de Ayotzinapa”, insistió Rosales Sierra.
El domingo 3 de abril, la normal rural de Ayotzinapa fue la sede de una reunión entre los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, así como representantes de organizaciones; se reunieron y acordaron reiniciar las movilizaciones.
El listado de esas organizaciones incluye a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg); de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (Cecop).
El acuerdo indicó que las protestas comenzarán después del 6 de abril y también serán por la campaña que se emprendió desde las altas esferas del gobierno federal contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI).
Pero desde el lunes 4 de abril, en un video cuya elaboración se atribuyen Los Rojos, se difundió el audio de una conversación entre Mario César González, padre de uno de los normalistas, y Vidulfo Rosales, abogado de los paterfamilias de los normalistas desaparecidos.
El padre de familia dijo que la versión es absurda pues “primero dijeron que nuestros hijos eran Rojos y ahora resulta que nos pagan los Guerreros Unidos. No he recibido dinero de ningún grupo del narco.”
En su opinión, es una versión que favorece a la PGR y la atribuyó al gobierno federal que busca vincularlos a toda costa con grupos de narcos, de la misma forma en que se efectuó una campaña de desprestigio contra el grupo de médicos forenses argentinos.
Por su parte, Rosales Sierra luego de negar los hechos reconoció que existe una disputa entre los padres por la entrega de un apoyo económico donado por empleados del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y confirmó que también han recibido amenazas.
Aunque el defensor dijo que contemplan poner una demanda por el mencionado video, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa decidieron no denunciar la presunta amenaza a través de mensajes y llamadas telefónicas que le hicieron supuestos integrantes del crimen organizado a Mario González por no distribuir 200 mil pesos entre los familiares de los jóvenes, “porque no tenemos certezas de quién fue”.
En febrero de este año, diferentes organizaciones internacionales indicaron la existencia de una campaña de desprestigio coordinada contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que está ganando una mayor cobertura en los medios mexicanos.
Los motivos de la misma, dijeron, radican en que el Grupo está cada vez más cerca de encontrar la verdad sobre lo que sucedió con los estudiantes desaparecidos. En su opinión, una de las contribuciones más importantes del trabajo del GIEI ha sido el de refutar científicamente la teoría original del gobierno mexicano de que los restos de los estudiantes fueron quemados en un basurero en Cocula y, en su lugar, proponer nuevas líneas de investigación.
Este tercer dictamen del peritaje, devuelve las cosas al escenario inicial: los 43 normalistas se mantienen desaparecidos y sobre su posible asesinato sólo existen hipótesis sin poderse demostrar.
Respecto al segundo dictamen, debe mencionarse que integraron el equipo 26 expertos en arqueología, antropología, criminalística, entomología y botánica forense, balística, dinámica de fuego, interpretación de imágenes satelitales, odontología forense, genética y trauma óseo, procedentes de Argentina, México, Estados Unidos, Colombia, Uruguay y Canadá, cuyo trabajo está a punto de rodar por los suelos.
Bajo el supuesto de que las partes involucradas reconocieran y aceptaran los resultados, de este tercer dictamen, de ningún modo significaría que la historia llegó a su fin
En Guerrero se ha tejido que convergen en una misma circunstancia: no hay autoridad con capacidad de garantizar la seguridad pública.
Y esto se evidencia en la creciente demanda del empresariado de que les sean condonados los impuestos para pagar el derecho de piso que exige la mafia, el cierre de negocios alcanza ya a la economía informal y repercute sobre un menor dinamismo en la economía del Estado.
Va escalando una protesta social contra las empresas mineras. Los maestros amenazan con nuevas movilizaciones por la inseguridad y en contra de la reforma educativa y a ello se sumaría una reacción por lo ocurrido en el caso de los 43 normalistas desaparecidos…
En suma, esta historia se enreda más.