Entrevista a Omar Ortega Álvarez | Diputado del PRD | Exclusiva Siempre!
Dicen que a nadie le va mal durante mucho tiempo sin que él mismo no tenga la culpa. Y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, no ha asumido responsabilidad en ningún caso que ha provocado la ruina económica y social del estado. Desapariciones, asesinatos de periodistas, corrupción, narcotráfico, y un desfalco por 35 mil 421 millones de pesos entre 2011 y 2014 —según la revisión de la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación— es el legado de un mandatario tan campante que reduce la terrible violencia e inseguridad a robo de “frutsis y pingüinos”.
Ante el desprecio generalizado contra el gobernador de Veracruz y en medio de rumores que señalaban que Javier Duarte solicitaría licencia a su cargo, el presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, dejó en claro que el mandatario estatal debe rendir cuentas sobre las acusaciones que enfrenta.
“Javier Duarte deberá de estar presentando, obviamente, cuentas concretas y verdaderas a los veracruzanos. Al PRI nos ocupa mucho cualquier señalamiento que se pueda hacer de buen o mal gobierno y actuamos en consecuencia. En lo bueno, insistimos, y en lo malo, lo sancionamos”.
Hay que recordar que en lo que va de su sexenio, Javier Duarte acumula cuatro solicitudes de juicio político en su contra (uno desechado por el congreso local) y denuncias penales ante la PGR, por malversación de fondos públicos, opacidad en el manejo de los recursos federales y locales, y por el grave aumento de la violencia e inseguridad.
Para el diputado del PRD, Omar Ortega Álvarez, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, a pesar de que el gobierno de Veracruz es un desastre, Javier Duarte no será sometido a juicio político, porque le restan 7 meses en el cargo y una posible sanción prescribe al año de iniciado el procedimiento legislativo.
El también integrante de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados lamentó que aún no esté instalada la Subcomisión de Examen Previo que es fundamental para iniciar el procedimiento y análisis de 320 expedientes de juicio político.
No van a hacer nada
“Ya iniciaron las campañas electorales y para el PRI sería un suicidio político reconocer que se está equivocando su gobernador. Mi percepción es que no van a hacer nada. Se instalará la Subcomisión, empezará el PRI —como se dice en la jerga de abogados— a chicanear el asunto, darle largas, y después en junio podrán realizar alguna declaración para justificarse. No tienen interés los legisladores del PRI para que avance el juicio político contra Duarte.”
En el caso polémico de Javier Duarte, ¿cómo califica la realidad en Veracruz?
Veracruz es un desastre. Se han violado de manera impresionante los derechos humanos, es un estado que vive una violencia sui generis, provocada, alentada o permitida por el gobernador. Estamos frente a un mandatario ineficiente, por decir lo menos, que fomenta la impunidad y corrupción, como en el caso de Los Porkys. El gobierno de Javier Duarte dista mucho de ser un gobierno democrático, que atiende las necesidades de la población. Tendría que tener el valor civil para renunciar al cargo y ponerse a disposición de la autoridad correspondiente y deslindar responsabilidades. Si no es responsable directo de la realidad en Veracruz, sí lo es por omisión.
Fue una mala señal del Congreso local desechar el juicio político en su contra…
Recordemos que vivimos en un Estado democrático, donde los espacios legislativos representan a los mexicanos. Regularmente el que gobierna un estado también controla el congreso local, en consecuencia tiene las mejores condiciones para que no pueda prosperar un juicio político en su contra y eso pasó en el Congreso de Veracruz. Las voces de todos los partidos señalan que, efectivamente, Duarte ha incurrido en graves violaciones y omisiones. Pero desde el Congreso local poco se podrá hacer, tendrá que ser esta Cámara de Diputados la que resuelva el asunto, pero poco podrá hacer porque se encuentra controlada por mayoría del PRI, por lo que hay que hacer reformas de fondo al juicio político para acotar la inmunidad constitucional y seguir el procedimiento judicial vía el ministerio público. Asimismo, que el juicio político no se conozca en la Cámara de Diputados, sino que sea la Suprema Corte de Justicia la que determine en su caso la culpabilidad o no del funcionario público.
Expedientes duermen el sueño de los justos
¿Cuál el rezago en materia de juicios políticos y cuáles son los casos más destacados?
Tenemos una década, por lo menos, en que no se ha instalado la Subcomisión de Examen Previo. Hasta el día de hoy tenemos 320 expedientes que siguen durmiendo el sueño de los justos. No sabemos sobre qué personajes: lo que tenemos claro son tres juicios en contra del gobernador de Veracruz: uno presentado por el PRD, otro por Morena y uno conjunto por PRD-PAN. Los temas son por violaciones graves a los derechos humanos, muerte de periodistas y el desfalco económico. La Auditoría Superior de la Federación ha manifestado que hay un subejercicio impresionante del gobierno veracruzano. También está el caso del exprocurador Jesús Murillo Karam; el caso del secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade. Mientras no exista este órgano, el proceso de los juicios políticos seguirá congelado.
¿Cómo funcionaría y como se integraría la Subcomisión para desahogar los 320 expedientes?
Hay que recordar que ya tenemos un problema legal. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso señalan que se debe instalar la Subcomisión al momento de la instalación de la Comisión Legislativa. Ésta se integra por 5 diputados de cada una de las dos comisiones de Justicia y Gobernación, más los presidentes y dos secretarios, que dan un total de 14 integrantes. Trabajan de manera conjunta, toman sus resoluciones sobre los expedientes y los remiten a la Sección Instructora; siguen la ruta a las Comisiones Unidas, éstas la aprueban y las remiten a la Cámara de Diputados para que sea jurado acusador. De aprobarse o no, se remite al Senado para que se constituya como jurado. Es el procedimiento que se lleva, la ley señala que se requiere un año para determinar la procedencia o lo consecuente en cada uno de los expedientes.
¿A qué atribuye este retraso? ¿Existen presiones del PRI?
Nosotros entendemos que es un tema político, por desgracia. ¿Por qué tenemos 320 expedientes de juicio político donde no se ha instalado la Subcomisión de Examen Previo para que se conozcan las condiciones de cada caso? Pienso que sí es un tema político, que se encuentran involucrados varios servidores públicos de alto nivel, particularmente del PRI, y esto para ellos es un tema delicado porque deja ver un Estado endeble, con instituciones poco eficientes que solapan la impunidad y la corrupción. Para ningún gobierno es conveniente que se hable mal de sus servidores públicos.
En un año Duarte ya no estará
En el caso del gobernador Javier Duarte, ¿cuáles serían los requisitos para que se concrete un juicio político en su contra?
Primero iniciar la instalación de la Subcomisión de Examen Previo, es un tema fundamental. Si no hay Subcomisión, no se puede iniciar el procedimiento de juicio político. La ley sí precisa con toda claridad que es un año para determinar o resolver sobre el particular. Sin embargo, no sabemos quién o quiénes serán los primeros que serán considerados en la investigación. Hay que recordar que son 320 expedientes. No hay una metodología o ruta en la Subcomisión para saber qué caso se analizará primero, por eso es importante la conformación de este órgano. En el escenario más optimista, si el caso a analizar primero es el de Duarte, pensando que la Subcomisión se instale a finales de abril, hay que esperar un año más para que se presente una resolución, que tendrá que conocer la Cámara de Diputados para que sea el jurado acusador y se determine en ese momento si es procedente o no. Es delicado porque si estamos hablando de un año, pues Duarte ya no será gobernador de Veracruz.
En el proceso de juicio político por el presunto desvío de recursos públicos, por ejemplo, ¿ambas partes tendrán algún límite de tiempo para presentar pruebas acusatorias y de descargo?
En el caso de Duarte se tendrá que determinar cuál juicio se dará a conocer: si será el más antiguo en su contra o se acumularán todos para determinar la ruta del proceso. Son acciones distintas: una es por violaciones graves a los derechos humanos, otro es por el tema del uso indebido de recursos públicos federales, malversación de fondos; también está el tema de la violencia y asesinato de periodistas. Ahí se tendrá que determinar la existencia de la responsabilidad. El juicio político es en contra de actos u omisiones en el uso de atribuciones de los servidores públicos, cosa distinta al desafuero que conlleva un delito que va más allá. El mecanismo del juicio político posiblemente se lleve en términos del Código Procesal Penal para determinar la etapa de la instrucción, revisión del expediente, solicitar comparecencias por escrito o de manera personal, abrir el periodo aprobatorio para el desahogo de pruebas, posteriormente llevar los alegatos, la conclusión y alcanzar la resolución. Todo este procedimiento legislativo se tiene que hacer dentro del año que permite la ley.
Entonces no veremos a Duarte ni a funcionarios públicos de alto nivel en un juicio político…
Ojalá fuera diferente. Creo que el Estado mexicano con este sistema político y el mecanismo de juicio político con el que se cuenta, es muy complicado que se pueda resolver satisfactoriamente el caso Duarte. La razón no le asiste al derecho, sino a la mayorías legislativas y éste es el tema delicado. Aun cuando se logre acreditar y demostrar que efectivamente es responsable de los hechos que se le imputan, lo cierto es que, mientras el PRI tenga mayoría, este caso no avanzará. En la Cámara de Diputados no todos pensamos igual, por desgracia el PRI ve los juicios con tintes políticos.