La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a dos elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) por su presunta participación en la comisión de delitos de secuestro exprés, extorsión y abuso de autoridad, en un hecho en el que fueron rescatadas 15 mujeres extranjeras, presuntamente víctimas de trata, en la colonia Nápoles de la Ciudad de México.
De acuerdo a la investigación —a cargo de la Visitaduría General de la PGR—, Misael Rojas Vargas y Antonio Javier Rivera Narváez, elementos federales, en complicidad con dos civiles, Víctor Manuel Carmona Cacelín y Villafuerte Frag, que se hacían pasar por agentes federales con una credencial robada de dicha corporación, fueron detenidos en flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.
En su comunicado la dependencia federal señala que al momento de su detención, los elementos federales manifestaron estar en funciones de investigación relacionada con el delito de Trata de Personas, durante la cual ubicaron una casa de alojamiento de presuntas víctimas de este delito, todas ellas de origen extranjero.
No obstante, de manera ilegal, los dos civiles, habrían ingresado al departamento de la Nápoles, deteniendo sin justificación a las víctimas, maniatándolas, según consta en la declaraciones recabadas hasta el momento, para exigirles dinero a las mujeres procedentes de Argentina, Colombia, Paraguay y Venezuela, a cambio de no ponerlas a disposición del Instituto Nacional de Migración.
Gracias a que una de las mujeres logró ponerse en contacto con la Policía Auxiliar asignada a la vigilancia de la colonia Nápoles y denunciar que estaba secuestrada en un departamento de la calle Texas e Indiana, de la delegación Benito Juárez, se logró detener a los servidores públicos. Por esos hechos se abrió proceso para darlos de baja de la institución federal, con independencia de la investigación que ha iniciado la Visitaduría General, expone la PGR
Hasta el momento se sabe que, los detenidos fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México iniciándose la Averiguación Previa correspondiente. El Ministerio Público del fuero común se coordina con la Visitaduría para determinar la declinación de competencia del caso, dada la participación en los hechos de servidores públicos de la Procuraduría General de la República.
Mientras que las víctimas han sido asistidas por personal de la Procuraduría capitalina, la cual resolverá su situación en coordinación con las autoridades migratorias.
Hay que recordar que de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la trata de personas “es un fenómeno delictivo que se encuentra extendido por todo el mundo: miles de personas son víctimas de este delito, particularmente mujeres, niñas y niños, son captados, trasladados, vendidos y comprados con fines de explotación”.
Además, de que “este delito se considera el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, sólo superado por el tráfico de drogas y de armas, y cada año genera ganancias que van de 32,000 a 36,000 millones de dólares, aproximadamente”, según estimaciones del Foro de Viena para combatir la Trata de Personas.
Con información de la PGR, Milenio e InsurgentePress