El Estado padrastro
Desde noviembre de 2015 la Secretaría de Gobernación (Segob) aplicó los nuevos lineamientos programáticos para la transmisión de los programas grabados en televisión abierta. Esta situación ocasionó que se generaran en el terreno cultural, entre otras, las siguientes consecuencias:
3.- Los lineamientos de clasificación y contenidos audiovisuales impusieron nuevos criterios de clasificación de programas que representaron medidas regresivas y contrarias al interés superior de la niñez y violaron flagrantemente el Artículo 4 de la Constitución, que indica que la programación debe responder a los valores educativos, culturales y de identidad nacional. Así, se negó el artículo Décimo Primero de dicha reforma que indica claramente que “la ley deberá asegurar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución, así como las normas en materia de salud y establecerá lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil”.
De esta forma, tales lineamientos formularon horarios improcedentes de exposición a los auditorios de menores; criterios muy parciales e imprecisos en la clasificación de los contenidos; definiciones confusas para su aplicación concreta; ausencia de pautas que estimularan contenidos que cumplieran con el fin social de los medios, especialmente de servicio público; y se evitó fomentar valores como lo señaló la Reforma Constitucional de las Telecomunicaciones de 2013.
4.- A la perspectiva irresponsable de esta política pública sobre los programas grabados, se sumó el tradicional vacío normativo que el Estado mexicano creó al no regular los contenidos de las transmisiones en vivo en los cuales no se aplica ninguna clasificación, permitiendo que los infantes vean o escuchen todo tipo de mensajes perjudiciales para su formación. Así, por ejemplo, actualmente los niños y niñas pueden recibir programas inapropiados para su nivel de madurez intelectual y emocional como son Laura, Sabadazo, Cosas de la vida, mensajes para adultos, películas de clasificación reservada, publicidad improcedente, etc. sin ninguna tutela gubernamental.
5.- Dichos lineamientos tampoco aplicaron para el funcionamiento de la televisión restringida (televisión por suscripción) que cuenta con un trato preferencial pues los concesionarios que prestan ese servicio “no están sujetos a los horarios de difusión de los contenidos”, les basta con colocar en la pantalla un letrerito donde se indique la clasificación del programa y se advierta a la audiencia “sobre aquellos contenidos que puedan resultar impropios o inadecuados para los menores”. O sea que se puede presentar un programa D (programación exclusivamente para adultos) a las tres de la tarde, simplemente con una pequeña leyenda de por medio de sólo unos segundos.
En este terreno hay que considerar que, de 2006 a la fecha, la televisión abierta radiodifundida en México perdió audiencia infantil en más de un 19%, mientras que la televisión restringida duplicó sus niveles de captación de audiencia. Lo cual significa que la franja cotidiana donde más se eleva el mayor consumo masivo de televisión restringida, o sea de mayor socialización educativa colectiva, opera con una muy baja regulación normativa por parte del Estado, contribuyendo a robustecer la problemática socio-psico-cultural-ético-educativa-nutricional-económica-ciudadana, etc. que se ha diagnosticado.
6.- Frente a dicha realidad los funcionario públicos y los concesionarios de los medios argumentaron que es innecesario crear una crítica o un escándalo en la opinión pública sobre tal política de normatividad de contenidos de la televisión abierta, pues en la realidad cotidiana, cada vez menos, los públicos ven dicha oferta audiovisual; y por lo tanto, lo que allí se transmite impacta poco o nada sobre la percepción de los espectadores. Por lo tanto, ¡no se debe exagerar!
Dicho posicionamiento de las autoridades es insostenible y sorprendente, por las siguientes tres razones: en primer término, esta argumentación anuló al Estado como autoridad rectora del bien común y lo convirtió en una simple entidad simuladora que abandonó su obligación constitucional de tutelar los aspectos básicos para el funcionamiento de la sociedad, especialmente de los sectores más débiles; y privilegió los intereses de los consorcios oligopólicos de la comunicación.
En segundo término, no obstante que el modelo de televisión abierta dominante se está transformando gradualmente en México, su penetración y capacidad de persuasión sobre la población sigue siendo muy alto. Por ello, las principales empresas mexicanas continúan invirtiendo mayoritariamente sus recursos para promover sus mercancías o servicios en la televisión abierta y efectuar sus campañas de publicidad y mercadotecnia masivas. Por ello, debido a la significativa fuerza persuasiva que conquistan los medios sobre el proceso de construcción de la conciencia de los auditorios, la inversión en este terreno se mantuvo de forma ascendente de 2010 a 2016. Así, por ejemplo, en 2010 se invirtieron $61,574 millones de pesos en medios; en 2011 se destinaron $65,488 millones; en 2012 se canalizaron $68,860 millones; en 2013 se destinaron $69,879 millones; en 2014 se invirtieron $71,784 millones; en 2015 se canalizaron $ 74,007 millones; y finalmente, en 2016 se destinarán $76,227 millones de pesos.
En todos esos años dichos montos tuvieron como principal destinatario la televisión abierta. De esta forma, por ejemplo, en 2015 la inversión en medios en el país se realizó de la siguiente manera: el 50.88% se destinó a la televisión abierta, el 9.10% a radio, el 8.70% a los recursos digitales, el 8.11% a la televisión de paga, el 7.84% a las revistas, el 5.88% a los periódicos, el 5.75% a anuncios exteriores, el 2.32% a directorios y el 1.43% al cine.
En tercer término, aunque es cierto que se ha generado en la sociedad mexicana este fenómeno de transición cultural al migrar de la televisión convencional a otras plataformas más modernas como laptops, tabletas, smartphones, etc. para ver bajo el sistema on demand los contenidos audiovisuales de Youtube, Netflix, Claro Video, Crakle, Roku y otros servidores más: esto no significa de ninguna manera que la acción informativa de la televisión abierta ya no influya sobre la conformación de la conciencia de la infancia.
El conjunto de estas innovaciones revela que aunque el sistema de televisión abierta está experimentando un proceso de transformación tecnológica y cultural muy profunda que gradualmente ha modificado su penetración en los auditorios, las redes de radiodifusión abierta siguen siendo instituciones socializadoras muy relevantes que moldean de manera esencial los campos de conciencia de los espectadores infantiles. En consecuencia, al Estado le sigue correspondiendo regularlos de forma rigurosa, ética y responsable como entidad rectora de la sociedad.
De lo contrario, aceptar tales formulaciones oficiales sería equivalente a aprobar que debido a la enorme corrupción que atraviesa todos los ámbitos de la vida contemporánea, el Estado ya no debe elaborar leyes para combatirla. O que como pocos ciudadanos pagan impuestos, el Estado ya no debe aplicar mecanismos para incrementar la recaudación de los mismos. O que como la atmósfera de inseguridad es tan profunda en el país, el gobierno ya no debe crear políticas públicas para encarar dicha problemática. O que como la contaminación de la atmósfera es tan aguda en la república mexicana, las autoridades ya no deben establecer medidas para reducirla, etc. Todo ello, lo único que reflejó de fondo es la renuncia del Estado mexicano para ejercer su función rectora ante los intereses de los fuertes gremios del poder nacional, particularmente de los conglomerados mediáticos.
7.- La instauración de esta política comunicativa colaborará, a largo plazo, a incrementar la crisis social, pues hay que recordar que los conflictos de los grupos humanos, tienen su origen, en última instancia, en el tipo de cultura y visión de la vida que tiene cada sociedad y de ésta se derivan los comportamientos humanos. En este sentido, es necesario considerar que aunque la actual la crisis sistémica global que enfrenta el país es muy compleja y su origen es de naturaleza multifactorial, los mecanismos de remediación deben considerar propuestas a nivel económico, políticas, jurídicas, educativas, laborales, etc. pero también debe contemplar cambios fundamentalmente a escala cultural y ético moral, pues es en este nivel social donde se originar los conflictos sociales. Así, por una parte, se deben contemplar las enmiendas económicas, y por otra parte, las opciones culturales para resolver los conflictos del desarrollo social.