Entrevista a Antonio de la Cuesta | Analista político | Exclusiva Siempre!

Dicen que la incertidumbre es el peor de todos los males, hasta que la realidad nos demuestra lo contrario. Pero en el caso Ayotzinapa no existen resultados contundentes para saber realmente dónde están los 43 normalistas, qué pasó finalmente con esos jóvenes los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, cuáles fueron las motivaciones verdaderas de las desapariciones, quiénes fueron los autores intelectuales de los hechos.

A un año y siete meses de la tragedia, ni la Procuraduría General de la República (PGR) con su “verdad histórica” ni el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con su “convicción” de que los estudiantes no fueron quemados en el basurero municipal de Cocula, han dado certezas de lo que ocurrió. ¿Y los Abarca? ¿Y el exgobernador Ángel Aguirre? ¿Y Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad de Iguala? ¿Y…?

En la presentación del último informe del GIEI, la abogada Claudia Paz acusó que la autoridad federal dilató el desahogo de distintas declaraciones necesarias para investigar la participación de funcionarios y criticó el sistema penal mexicano.

“Un sistema de justicia —dijo la guatemalteca— no se puede basar casi exclusivamente en la confesión de los imputados porque es un mecanismo perverso. Cuando la jurisprudencia da un valor tan importante a la confesión, el ministerio público no necesita presentar mayor evidencia.”

En tanto, la titular de la PGR, Arely Gómez, sostuvo que la dependencia cumplirá la instrucción presidencial de continuar investigando la desaparición de los 43.

“Conforme lo instruyó el presidente —dijo—, analizaremos el informe para continuar con la investigación hasta el esclarecimiento de los hechos de Iguala.”

Para Antonio de la Cuesta, analista político independiente, el GIEI no podía cumplir las expectativas de su último informe porque hubo restricciones en su trabajo. El grupo de expertos dejó algunos pendientes e incertidumbre.

El caso se politizó

“El problema de origen, por lo que se ha complejizado el caso Ayotzinapa, es que se recurrió a una instancia externa por invitación de la autoridad, si a esto se le suma que es un caso politizado, los resultados son los que tenemos ahora: incertidumbre, desconfianza total en cualquier cosa que pueda decir el gobierno federal.”

¿Cuál es el balance que haces de la labor del GIEI en el caso Iguala?

El GIEI no tuvo los elementos suficientes para terminar una investigación que de por sí era compleja, pero creo que es un mal de origen tras la firma del acuerdo entre el gobierno de México, el representante de los normalistas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes con el Equipo Argentino de Antropología Forense, luego con el laboratorio de Innsbruck donde se analizaron varias de las pruebas que se recabaron en el basurero de Cocula y también en el río San Juan. En los acuerdos firmados con todas estas instancias nacionales e internacionales, había ciertas restricciones que al final de cuentas los integrantes del grupo argumentan que impidieron tener las suficientes pruebas para llegar a una conclusión contundente. Donde se centra esta crítica, que ya estaba en el acuerdo, fue la imposibilidad de entrevistar a ciertos mandos policiacos y militares.

¿Qué aportaciones legales y científicas ofreció el GIEI?

La independencia en cuanto la investigación, lo cual habla de otro mal de origen en nuestro sistema de investigación y procuración de justicia: la desconfianza que hay en las instituciones que deberían de ser independientes de cualquier interés político económico. Desafortunadamente por tener un afán de legitimar la investigación, al final de cuentas todo se revolvió. Por un lado el gobierno agradece la intervención de la CIDH vía el GIEI, pero señala que va a conocer y estudiar las recomendaciones del grupo. La última palabra la tendrán las instancias mexicanas, en este caso la PGR, aun con los llamados que ha realizado el Departamento de Estado de Estados Unidos, la ONU y la CIDH para que sean tomadas en cuenta algunas líneas de investigación. Muchos actores políticos en México han cuestionado que el grupo haya aportado algo nuevo. Quedaron pendientes elementos de investigación que impidieron esta contundencia en las conclusiones o en el veredicto final de lo que realmente sucedió.

¿El informe final del GIEI cumplió las expectativas? Muchos creyeron que daría respuestas contundentes…

No podía cumplir las expectativas porque no tuvo los elementos suficientes de investigación. En un principio, cuando llegaron los integrantes del grupo a territorio mexicano decían que los seis meses, que era el primer plazo, eran insuficientes para dar conclusiones en un caso muy complejo. Después, cuando se da el segundo periodo de medio año, dicen que se tiene que llegar a una conclusión suficientemente contundente para determinar qué fue de los 43 jóvenes. Sin embargo, al final resulta que los mismos candados que tenía la investigación de origen, por el convenio de colaboración con el gobierno de México, desencadenaron lo que prácticamente fue inevitable: no contar con los elementos para dar una certeza no sólo a los padres de los 43, sino reconstruir la confianza que se ha perdido en este sexenio, y en muchos años atrás, en instituciones de procuración de justicia y del régimen institucional mexicano en general.

“Verdades” o “mentiras” históricas, fáciles de crear

El tercer peritaje realizado en el basurero de Cocula, que permitió determinar que sí hubo un evento de fuego controlado y que al menos 17 personas habrían sido quemadas, ¿urge que sea público para saber si es verdad lo que leyó el experto Ricardo Damián Torres?

En esta parte técnica no debería de haber cuestionamientos o desconfianza, pero sí hay aspectos políticos que están empantanando la investigación. Esto inmediatamente tiene que repercutir en las cuestiones científicas. Es relativamente fácil crear “verdades” o “mentiras” históricas, porque hasta ahora no podemos corroborar o afirmar contundentemente qué sí o qué no es verdad. Los restos encontrados en el río San Juan —se está especulando— pudieron haber sido sembrados, muchos especialistas han expresado que sí es posible el fuego en el basurero de Cocula y otros dicen que es inverosímil que tantos cuerpos hayan sido incinerados, o que ni siquiera el fuego existió.

El grupo colegiado de expertos en materia de fuego, que realizó el tercer peritaje, fue conformado y aprobado por el GIEI y el gobierno federal…

Aquí podemos hablar de la falta de confianza, porque el GIEI de buena voluntad acepta a ese grupo de trabajo en colaboración con la PGR. Esto le quitó mucho de independencia: por un lado se insistió en un tercer peritaje en el basurero pero ahora ya con la colaboración de la autoridad mexicana, un poco también para legitimar una labor, como si fueran partes en conflicto, que eso fue algo que empantanó el caso. Sí hay una investigación, se deben respetar los resultados.

Como el caso Iguala genera polarización social, habrá personas y especialistas que van a decir que el gobierno tiene la razón y hay que respetar las conclusiones de la PGR, respetar el tercer peritaje porque incluye a las dos partes. Sin embargo, habrá otros especialistas e instancias internacionales que dirán que seguimos desconfiando de lo que se ha investigado hasta ahora.

La versión oficial no convence

Ante la polarización social, ¿cómo generar confianza y certidumbre en un caso que debe seguir investigando la PGR? Porque está la otra opción de que Alemania colabore en el caso de los normalistas tras la visita de Estado de Enrique Peña Nieto…

La verdad veo muy complicado que el gobierno mexicano vuelva a recurrir a una instancia internacional para continuar con las investigaciones del caso Ayotzinapa. Desde el pronunciamiento de la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam a la fecha, lo que ha intentado el gobierno federal es superar el caso con una versión que no ha convencido a muchos, pero tampoco eso quiere decir que el gobierno esté interesado en esclarecerlo. Y llamar a otra instancia llámese el gobierno alemán o de la ONU, no resultaría porque ya hubo colaboración de ese tipo y no se avanzó mucho.

Luego del informe del GIEI, ¿qué medidas inmediatas debe aplicar la PGR?

Aparentemente el desprestigio ha sido una de las líneas de investigación que se ha dado durante todo este proceso, desprestigio que primero fue con los mismos normalistas, que si eran “revoltosos”, gente “problemática”. Se quiere tapar todo con el secuestro de los camiones por parte de los estudiantes. Recordemos que unos meses antes del caso Iguala, hubo bloqueos a la Autopista del Sol donde murieron otros jóvenes y con esto se intentó deslegitimar el caso al decir que eran estudiantes subversivos. Pero eso no justifica lo que sucedió el 26 y 27 de septiembre de 2014. Por otro lado, se quiso desprestigiar a los equipos que han hecho peritajes que fueron invitados por la autoridad mexicana para que coadyuvaran en las pesquisas. Lo peor que le puede suceder a la PGR es aferrarse a la “verdad histórica”, no sé si la reconstrucción de la confianza sea la prioridad de la PGR.

¿Qué escenarios se perfilan? ¿Este caso se convirtió en un acto de fe, como lo asegura el periodista Héctor De Mauleón?

El escenario es muy sencillo: replicar lo que ha sucedido con otros casos complejos de la historia reciente del país, en donde hubo participación de autoridades de alto nivel, llámese municipal, estatal, federal o militar. Ahí quedaron casos como el de Acteal, Colosio, el 68, que se convierten en artículos de fe, tanto la versión oficial como la opositora. Estos asuntos comienzan a empantanarse o a olvidarse. ¿Cuándo se resuelven? Cuando el tiempo permite que los actores políticos, que en algún momento tuvieron injerencia en esos hechos, ya no están protegidos por el fuero o por cuestiones políticas, o desaparecieron de la escena política. Tal vez cuando el presidente Luis Echeverría muera podamos saber un poco más de la matanza del 68. Lo mismo sucede con otros asuntos que se quedan estancados en las marañas jurídicas que se crearon en su momento, o peor: en un entramado muy difícil de deshacer que es la desconfianza y la especulación.