Por si fuera poco todo lo que arrastra, ahora los alcaldes veracruzanos comienzan a rebelarse contra el ejecutivo estatal. Ya trascendió que el edil de Tlacotalpan acusó a Javier Duarte por la retención de más de 2 millones 868 mil pesos.
La cosa no para ahí, el diputado federal Enrique Cambranis Torres, anticipó en la cámara baja que son al menos nueve municipios los que se encuentran dichas circunstancias, lo que deriva en un nuevo endeudamiento de esa entidad colapsada por la crisis financiera y la inseguridad que vive.
Homero Gamboa Martínez, presidente municipal de Tlacotalpan acusó que la falta de pago de los gastos de las fiestas patronales de La Candelaria y la celebración de los 150 años como ciudad patrimonio.
También, Edmundo Conde, Síndico de Tierra Blanca, denunció la retención por parte del gobierno estatal de participaciones federales correspondientes al Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), dinero que no llega completo y tampoco de acuerdo a los tiempos oficiales.
Como Tlacotalpan y Tierra Blanca, están, al menos, Xoxocotla, Tehuipango, Mixtla, La Antigua, Tlalixcoyan, Oluta, Sayula, Pajapan y Jaltipan. Javier Duarte, su gobierno, se está quedando con sus recursos.
DJavier Duarte de Ochoa es acusado de que heredará una deuda pública que calculada en el 2015 en más de 44 mil 400 millones de pesos, aunque hay quienes hablan de un boquete financiero superior a los 81 mil 700 millones de pesos.
El rosario de malas acciones y decisiones de Javier Duarte se coronaron con la publicación del informe de resultados de la Cuenta Pública 2014 de esa entidad del sureste mexicano, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, la cual estableció que Duarte debe aclarar más de 10 mil 756 millones de pesos sólo de ese periodo.
En ese ejercicio fiscal 2014, la Auditoria Superior de la Federación detectó inobservancias en el manejo de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) tras revisar 1078. 9 millones de pesos, 95.2% del fondo transferido a la entidad, del que determinó probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 843.6 millones de pesos, es decir, 78.2% de la muestra auditada.
El legislador panista expuso además que una situación similar ocurrió con los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) del cual el 94.4% fue transferido a otras cuentas por un importe de 640.8 millones de pesos que no se comprobaron en su totalidad; es decir, al 31 de julio de 2014 sólo se había pagado el 7.9% del recurso por un importe de 53.5 millones de pesos.
El resto, el 92.1%, equivalentes a 625.2 millones de pesos, se transfirió a otras cuentas bancarias y se determinó que no se comprobó que ese recurso se hubiera destinado a obras y acciones de desarrollo y combate a la pobreza.