En la ciudad de México, tres de cada cuatro niños cuyos padres se han separado y/o divorciado, no reciben el beneficio de la pensión alimenticia por diversas circunstancias, tal y como lo mandata la ley.

Y eso es nada más en cuanto a hijos de parejas se refiere; a esa estadística se suma la de aquellos padres que no llegaron al enlace matrimonial o a vivir plenamente con la pareja sin mediar contrato matrimonial de por medio, y que se hacen de la vista gorda en cuanto a sus responsabilidades paternas se refiere.

A pesar de que en los últimos años, el poder legislativo ha insistido en el endurecimiento de penas para aquellos tutores irresponsables, puede más el egoísmo y la avaricia de quienes incluso llegan a renunciar a sus trabajos con tal de no cumplir con esa obligación moral y jurídica.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha involucrado en el tema luego de su participación en el foro sobre derechos alimentarios de los menores y los mecanismos para garantizarlos que promovió el Senado de la República.

Desde el enfoque del respeto a los derechos humanos de los niños y las niñas, y frente a los altos índices de “inobservancia materna o paterna en el pago de pensiones alimenticias proporcionales y suficientes para mantener el estándar de vida de sus hijos”, la CNDH ha lanzado una nueva convocatoria en la que incluye tanto al Estado como a la sociedad en su conjunto para trabajar de manera coordinada y lograr, por un lado, abatir la irresponsabilidad jurídica de los tutores y, en segundo, garantizar los derechos integrales de los menores y los adolescentes que viven en estas circunstancias.

De acuerdo a lo documento por la CNDH, el Primer Visitador General de ese organismo, Ismael Eslava Pérez, anotó algunos de los puntos prioritarios que se deben remarcar en el tema: como el que de considerar las características específicas de cada grupo (niñez y adolescencia), incluir el estudio de causas de fondo que generan el incumplimiento de deudores alimentarios, incorporar la perspectiva de género para determinar cómo la desigualdad de trato y la carga social hacia niñas, adolescentes y mujeres, propicia un mayor abandono de las responsabilidades parentales por parte de los varones, y buscar el fortalecimiento de las capacidades de las y los acreedores alimentarios para exigir la satisfacción de su derecho.

Paralelamente, se debe fortalecer la facultad de juzgadoras y juzgadores para allegarse de medios de prueba sobre la capacidad económica de los deudores alimentarios; establecer nuevos parámetros para determinar el monto de las pensiones cuando no sea posible comprobar los ingresos de los obligadosy, sobre todo, facilitar y agilizar el proceso de cobro de las pensiones alimenticias.