Un fantasma recorre el país
Al recibir el Premio Cervantes, Fernando del Paso denunció que México se está encaminando hacia un “Estado totalitario” y puso como ejemplo de ello la ley Eruviel, pues, afirmó: “habilita a la policía a apresar e incluso a disparar en manifestaciones y reuniones públicas a quienes atenten, según su criterio, contra la seguridad, el orden público, la integridad, la vida y los bienes, tanto público como de las personas”.
Tal advertencia es digna de ser reflexionada, más aún porque en el horizonte están visibles otros signos que la confirman a plenitud. Uno es la estrecha coordinación de las Fuerzas Armadas con el Comando Norte de Estados Unidos, lo que se puso de manifiesto con el acto en el que el jefe de éste último, general William Gotney, fue galardonado por los titulares de la Defensa Nacional y la Armada.
El señalamiento del ilustre literato también se valida con la aprobación senatorial de un paquete de reformas a la legislación castrense en el que fue sembrado un verdadero huevo de serpiente. En efecto, los ministerios públicos militares participarán en tareas de inteligencia, intervendrán comunicaciones telefónicas y todo lo que pueda contener información, ordenarán la presentación de civiles. Asimismo, los tribunales milicianos podrán autorizar cateos en domicilios de civiles, oficinas del gobierno federal, recintos del Congreso de la Unión y más.
Nada de lo anterior está comprendido dentro del ámbito de aplicación del fuero de guerra, previsto en el artículo 13 constitucional exclusivamente para los delitos y faltas contra la disciplina militar y del cual están expresamente excluidas las personas que no pertenezcan al ejército. Además, esa pretensión legislativa viola flagrantemente el artículo 129 de la Carta Magna, donde se dispone que en tiempo de paz ninguna autoridad militar podrá ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina castrense, y transgrede los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El suceso que corona la seria preocupación externada por el escritor Fernando del Paso es la inminente aprobación de la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, en la que se conceden poderes exorbitantes al Ejecutivo federal para suspender, entre otros, los derechos humanos relativos al debido proceso, la presunción de inocencia, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de expresión, la protesta ciudadana, la libre disposición de los bienes, pensiones y ahorros; la huelga, la estabilidad laboral y otras prerrogativas de los trabajadores. Destaca por su extrema gravedad la posibilidad de que el derecho humano al juez natural sea suspendido, ya que en tal caso los civiles seríamos juzgados por militares.
Un fantasma recorre el país y es el de la militarización. Negar esta pavorosa realidad puede conducirnos a la trágica experiencia de las sangrientas dictaduras del cono sur.