Frenos sistemáticos
En abreviatura: con brevedad o prisa.
Real Academia de la Lengua Española
Amparados en una “tradicional facultad de oposición”, los gobiernos de Ebrard y de Mancera han frenado sistemáticamente toda determinación legislativa que, a criterio suyo, atente a sus políticas y acciones de gobierno, pero sobre todo se han ensañado en contra de todo decreto legislativo que aliente la democracia participativa.
Uno de los casos más dramáticos son las reformas a Leyes de Participación Ciudadana impulsadas por la diputada Lucila Estela Hernández en abril de 2013, las cuales contemplan el reconocimiento tácito del Convenio 169 de la OIT que consagra el Derecho a la Consulta de Pueblos Originarios y que el actual gobierno considera un obstáculo al “desarrollo económico” de la ciudad.
Este principio rector, reconocido por el Estado mexicano —e integrado al pacto constitucional desde febrero de 2011—, resultó flagrantemente violado por la llamada “reforma política” que determinó, sin consulta a los pueblos originarios del territorio del Distrito Federal, que la entidad se denominara Ciudad de México, avasallando así el potente pasado histórico de poblaciones afincadas con anterioridad a la fundación del alteptl de México-Tenochtitlan en 1325.
Así también fue la determinación del Poder judicial que ordenó la inclusión de un representante de pueblos originarios y comunidades indígenas en cada bloque de diez candidatos integrantes componentes de las formulas partidarias al proceso del Constituyente, determinación judicial que, con excepción de Morena, ha sido desatendida por las fuerzas partidarias en contienda.
Lo anterior es consecuencia directa del veto de bolsillo aplicado por el Dr. Mancera a diversas disposiciones que reconocen los derechos de nuestros pueblos y barrios originarios y de las comunidades étnicas afincadas en el territorio de la ciudad, como producto de la violencia expresada no sólo en la persecución sistemática en contra de ciertas naciones originarias del territorio nacional, sino por su más grave expresión: la pobreza inducida por la marginación y la abierta exclusión de sus integrantes por parte de mestizos y blancos.
Ante esta evidente violación a los derechos fundamentales de las comunidades de nuestros pueblos y barrios originarios, este 5 de mayo en el extraordinario convocado por la VII legislatura de la ALDF, Morena apoyó decididamente la aprobación del dictamen que anula el veto de bolsillo del Ejecutivo local y que define los mecanismos alternos para abolirlo para dar continuidad así a las decisiones soberanas del poder legislativo.
Estaremos alertas al cabal cumplimiento de esta disposición, exigiendo para ello la publicación de aquellas disposiciones vetadas que tanta falta hacen al desarrollo democrático de la ciudad de las abreviaturas, en donde todo hay que hacerlo con brevedad o con prisa, como reza la segunda acepción del término abreviatura que concibió a CDMX como marca distintiva de la ciudad.