En el argot médico, se dice que para acabar con el cáncer, se tiene que extirpar el tumor desde raíz y no dejar secuelas de tejido, ya que podría resurgir la maligna enfermedad y esa es la analogía que cabe en este caso, luego de que la PGR cumplimentara las órdenes de aprehensión en contra del secretario general de la Sección 22 del magisterio de Oaxaca Rubén Núñez Ginez y su secretario de organización Francisco Villalobos Ricardez.
Estas cumplimentaciones judiciales a manos de la Procuraduría General de la República fueron muy oportunas para definitivamente empezar con la limpia en uno de los sectores con los liderazgos sectoriales más corruptos del país.
Ya cayeron en Oaxaca; ahora faltan los de Chiapas, Guerrero y Michoacán, estados donde en todos los sentidos se respira la impunidad y la tibieza de sus gobernantes, por lo que se espera que la federación haga el trabajo que le correspondería a los mediocres representantes de los tres poderes en estas entidades.
Francisco Villalobos fue detenido la tarde del sábado 11 de junio, al encontrarse elementos de prueba suficientes para considerarlo probable responsable del delito de Robo Agravado.
A decir de la PGR, los hechos que se le imputan al secretario de organización de la Sección 22, ocurrieron en el año 2015, con en el robo de libros de texto gratuito propiedad de la Secretaría de Educación Pública.
En esta acción delincuencial resultó también lesionada una persona, dados los medios violentos empleados por el aprehendido y otras personas, contra las que también se ejercitó acción penal.
Francisco Villalobos Ricardez fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 11 de Hermosillo, Sonora, donde quedó a disposición del Juez Federal que libró el mandamiento de captura, para que se continúe el proceso en su contra.
Ya la mañana del domingo, el líder de esa ala radical del magisterio oaxaqueño, Rubén Núñez Ginez, fue ingresado a este mismo penal federal, luego de ser capturado por las fuerzas federales.

La Policía Federal (PF) detuvo la madrugada de este domingo a Rubén Núñez, uno de los líderes de la CNTE Foto: archivo Agencia EL UNIVERSAL/RCC
Si se comprueban las acusaciones de la PGR contra Rubén Núñez por lavado de dinero con un monto superior a los 132 mdp, así como administración y utilización de recursos se procedencia ilícita por más de 24 mdp, sus agremiados de la Sección 22 deberían estar agradecidos, más que molestos; por tanto está más que justificada su detención y la persecución a sus demás corruptos cómplices.
El mandamiento judicial fue librado el pasado 14 de abril contra el Secretario General de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y otras personas, al encontrarse elementos de prueba suficientes para considerarlo probable responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a través de la nómina que se administraba cuando esta ala radical aún controlaba el Instituto de Educación Pública de Oaxaca.
El monto de las operaciones con recursos de procedencia ilícita que fueron adquiridos y administrados por el inculpado asciende a más de 24 millones de pesos, como resultado de los depósitos que las empresas involucradas hicieron en el período comprendido de 2013 a 2015.
La investigación señala que las empresas transferían al líder sindical y otros integrantes de la organización gremial, los montos de la comisión ilegalmente pactada con la Sección 22 (3.5%) y éstos a su vez distraían esos recursos, mediante cheques o transferencias, para beneficio propio y para financiar las movilizaciones magisteriales.
Se trata de una estrategia de estratificación y concentración de recursos, tanto por parte de las empresas involucradas, como de la organización sindical, para evadir los controles de blanqueo de activos que establece la ley de la materia, con el claro fin de impedir el conocimiento de tales cuentas y recursos así como el origen, propietarios y destino final de las mismas.
En suma, el aprehendido, con conocimiento de su procedencia ilícita, adquirió, administró y aprovechó recursos económicos provenientes de adquisiciones y servicios erogados por sus propios agremiados, al amparo de convenios ilícitos, en beneficio propio y para el uso de sus actividades de movilización, utilizando las cuentas de la Sección 22 del SNTE.
Lo más grave aún es que la ley prohíbe que este sindicato suscriba ese tipo de convenios, como lo establece la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que impide a los sindicatos ejercer la función o profesión de comerciantes, con ánimo o fines de lucro.
La PGR informó que también se investiga la obtención ilícita de más recursos por los hasta ahora aprehendidos, que asciende a más de 132 mdp; así como la probable participación de otras personas en los hechos referidos y la probable comisión de otros ilícitos.
Ahora, si aplicara el sentido común, en esta misma semana se podrían cumplimentar las órdenes de aprehensión en contra de los liderazgos de la disidencia magisterial en Chiapas, Guerrero y Michoacán, que tienen cuentas pendientes con la justicia mexicana; sin embargo en la política no existe la lógica.
La corona del rey, entonces, sería la ejemplar impartición de la justicia tanto de los poderes Ejecutivo y Judicial para acabar con un sector magisterial que le ha hecho más daño a los niños de México, que beneficio a las condiciones laborales de sus agremiados que por fanatismo no quieren entender que hasta por sus dirigentes han sido utilizados. En fin. Nadie sabe para quién trabaja.