Previo a presentar el reporte “Gasto público para una educación de calidad”, el director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP), Héctor Juan Villarreal Páez, señaló que “todos debemos entender que el derecho de niños y jóvenes a la educación es primero”, incluso, antes de ver como un tema político o de garantías laborales la detención de líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Esta postura tiene sus aristas debatibles o cuestionables, ya que no se puede hablar de una injusticia humana, sino se acompaña de normas claras de convivencia o de la aplicación irrestricta del estado de derecho. Empero, eso no significa que el hecho de que se aplique la ley, sea sinónimo de descuido, omisión o falta de acciones para garantizarles el derecho a la educación a niños y jóvenes.
Lo anterior sí es irrefutable, pues justamente es un sector magisterial el que ha hundido la calidad educativa en el país y es el mismo al que se le ha perseguido y capturado; aún faltan muchos criminales que se le han bajad de la camioneta a la justicia, pero ojalá los gobiernos estatales y federal hagan lo propio.
Quienes se niegan a enseñar, abandonan las aulas y lucran para enriquecerse a costas del analfabetismo, cometen un doble delito y tienen mucho que aprender tras las rejas. Innegable.
INEQUITATIVO EL GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
El reporte elaborado por el CIEP evidenció que, a pesar de que el gasto más importante del gobierno federal es la educación, estos recursos aún tienen una planeación inercial y de corto plazo, la cual no favorece la equidad, la calidad educativa ni la sostenibilidad fiscal, ya que para que tengan un impacto positivo en el sistema fiscal y una mejora en la calidad educativa es necesario vincular el gasto público con las necesidades reales de la educación.
Indica que para 2016 el gobierno destinó 723 mil 650 millones de pesos a la educación en el país, lo que representó el 15.2% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Sin embargo, el estudio constató que la educación media superior y superior no son prioridad del gasto federalizado, ya que alrededor del 97.2% del gasto que reciben las entidades corresponde a educación básica, 1.3% a educación media superior y 0.9% a educación superior.
Además, el documento cita que el gasto educativo básico entre las entidades no corresponde a la población educativa.
Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Sonora, Tabasco y Yucatán, reciben recursos en una proporción del gasto educativo inferior a la proporción de alumnos que tienen.
En cambio, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas reciben recursos en una proporción del gasto educativo por aportaciones superior a la proporción de estudiantes.
En resumen, dicho estudio elaborado a detalle, detalla que:
[gdlr_styled_box content_color=”#ffffff” background_color=”#848484″ corner_color=”#2E2E2E” ] En resumen, dicho estudio elaborado a detalle, indica que:
- El reporte “Gasto público para una educación de calidad”, elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP) reveló que la educación media superior y superior no son prioridad del gasto federalizado
- Lo anterior pese a que un individuo con carrera profesional terminada obtiene ingresos mayores en 119%, y paga 561% más ISR que aquél con solo preparatoria terminada
- Se requiere vincular el gasto público con las insuficiencias del Sistema Educativo Nacional para elevar la calidad educativa y,
- Lo más importante, que se debe privilegiar y garantizar, el derecho a la educación que tiene los niños y jóvenes de este país, por encima de cualquier interés mezquino
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El reporte por la CIEP puede consultarse y descargarse en: http://gastoeducativo.ciep.mx/Gasto-publico-para-una-educacion-de-calidad.pdf