¿Patadas de ahogado? ¿Venganza? Así se lee entre líneas el ataque que recibieron ayer Ricardo Anaya, presidente del Partido Acción Nacional, Santiago Creel, Coordinador de la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quienes a pedradas, botellazos y palazos fueron “echados” del Congreso de Veracruz en lo que parecía ser una manifestación campesina.
Es un secreto a voces que la organización campesina “Los 400 Pueblos”, quien perpetró el ataque a los panistas, ha funcionado por décadas como un brazo político al servicio de los gobiernos estatales de Veracruz, dicha entidad siempre ha estado bajo el mandato de mandatarios emanados del Partido Revolucionario Institucional.
La afinidad entre “Los 400 Pueblos” y el mandatario priista Javier Duarte, no resultaría entonces una suposición extraña. Hay de por medio un enemigo común.
Por un lado, está el rechazo de los campesinos que dejaron la lucha agraria para convertir sus manifestaciones al desnudo en un profundo repudio al panista Miguel Ángel Yunes Linares, a quien culpan de haber ordenado el encarcelamiento de campesinos durante su función como secretario de Gobierno de esa entidad en la administración de Patricio Chirinos.
Del otro, está el gobernador priista Javier Duarte que es señalado por desvíos millonarios de recursos públicos; su encarcelamiento encabeza la lista de compromisos del futuro gobernador panista.
Desde el arranque de su campaña, Yunes Linares advirtió su clara intención de no dejar impunes los desfalcos financieros del actual gobernador. Si esto marcó el inicio de una pugna entre ambos personajes, el conflicto se agudizó con el paquete de reformas que propuso Duarte para protegerse una vez que deje el cargo el próximo 1 de diciembre.
Las legislaciones que contempla Javier Duarte lo beneficiarían en el sentido de adelantar la aprobación de la cuenta pública 2015, para que sea la actual legislatura -mayoritariamente priista-, la que dé el visto bueno. Otra de sus propuestas legislativas enmarca la creación de una Fiscalía Anticorrupción que estaría conformada por actores políticos allegados a él, como el ex diputado local Francisco Portilla, a quien pretende acomodar como fiscal.
El gobernador Javier Duarte. Foto: El Universal.
Los intentos de Javier Duarte por salir ileso en medio de la hecatombe son tan evidentes y desfachatados que su partido le ha dado la espalda, se ha lavado las manos y se deslinda de las ilegalidades en que pudo haber incurrido el gobernador procedente del PRI.
La presidenta nacional del PRI, Carolina Monroy, señaló a nombre del tricolar que “no somos ministerio público, nosotros no hacemos gobierno, el partido lo que hace es política partidista”.
Aun así, Carolina Monroy reconoció que su partido es un “tercer involucrado en este proceso derivado de este clima que desde luego se ha convertido meramente político en Veracruz”. En el PRI, aseguró la dirigente, “no habremos de respaldar ningún solo acto, un solo dicho o un solo hecho que contravenga el estado de derecho”.
Monroy consideró que éticamente es incorrecto el controversial paquete legislativo propuesto por Duarte, dado a que Veracruz se encuentra en un momento de transición de gobiernos. “No son momentos para tomar decisiones de tanta trascendencia”, puntualizó.
A pesar de las observaciones a la administración de Javier Duarte, hechas por la Auditoría Superior de la Federación, en reiteradas ocasiones el mandatario ha negado imperativamente las acusaciones en su contra y por el contrario, asegura “tener las manos limpias y la frente en alto”, entonces ¿A qué le teme Duarte?