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Los artículos que evitan la obligatoriedad de la iniciativa 3 de 3 quedan igual, la corrupción sigue.
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Ganan los funcionarios, pierden los ciudadanos
Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo.
Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del
modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo.
Aristoteles
Tanta indignación y enojo generó la determinación de los diputados y senadores de incluir a los empresarios y todos aquéllos que tienen que ver en las compras, adquisiciones o relaciones comerciales con las entidades públicas en los sujetos obligados por las leyes del nuevo sistema anticorrupción. Venganza contra su activismo y exigencia de controles y acciones concretas en el combate a la corrupción además de la integración total de la iniciativa ciudadana “3 de 3”.
Esta ultima iniciativa construida por organizaciones de la sociedad civil con el respaldo de mas de 600 mil ciudadanos llegó a ser un ariete de gran fuerza que obligaría a los funcionarios y servidores públicos en el país a presentar obligatoriamente su manifestación de bienes para saber sobre su patrimonio y la evolución que éste ha tenido; la manifestación de intereses para evitar los posibles conflictos de interés derivados del desempeño de su cargo y sus relaciones familiares y comerciales; y la tercera que es la manifestación de obligaciones fiscales, para saber si pagan impuestos y éstos son acordes con los recursos que han ganado.
Nadie esperaba la reacción de los legisladores, en efecto parecía un acto de venganza, además de que la redacción no fue lo suficientemente clara y dejaba a la interpretación o la confusión, qué particulares concretamente eran los obligados a presentar las tres manifestaciones, pues se refería a todos los que obtuvieran recursos públicos, y con ese esquema prácticamente todos los beneficiarios de programas sociales o gubernamentales quedaban obligados. Millones de personas que tendrían una obligación absurda e imposible de procesar por el nuevo sistema anticorrupción, que auguraba colapsar en cualquier momento ante la implementación de esta aberración jurídica y procedimental.
Pues el enojo de la cúpula empresarial fue tan grande que pudimos ver lo que nunca nos habríamos imaginado, verlos protestando en la calle. Y el escenario fue el Ángel de la Independencia, ahí exigieron al gobierno federal, concretamente al presidente de la republica, que hiciera uso de su facultad de veto y corrigiera la propuesta de los legisladores.
El presidente Peña los citó en Los Pinos, escuchó sus argumentos y, como si de arte de magia se tratara, les concedió el veto parcial de la reforma legislativa del sistema anticorrupción, proponiendo excluir a los particulares de esta obligación. Los empresarios ganaron la batalla, su batalla. Ganan los funcionarios, pierden los ciudadanos, porque los artículos que evitan la obligatoriedad de la iniciativa 3 de 3 quedan igual, la corrupción sigue.
@perezcuevasmx
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