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Las autoridades se han empeñado en negar la realidad y no han hecho lo necesario para llevar a los responsables ante la justicia.
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Actos de barbarie en México
El informe Atrocidades innegables, confrontando crímenes de lesa humanidad en México, difundido por la organización Open Society Justice Initiative, constituye un parte aguas en la historia reciente de nuestro país, tal como en su momento lo fue la determinación adoptada por el Poder Judicial de la Federación en el sentido de tipificar como genocidio la masacre que tuvo verificativo en la plaza de Tlatelolco, pues fue perpetrada con el deliberado propósito de destruir al grupo nacional opositor al régimen conformado por el Movimiento Estudiantil de 1968.
Primeramente, significa un formidable golpe de ariete contra la resistencia mental a aceptar que en México se han cometido crímenes internacionales. Muchos sectores de la población, incluso personas con formación académica, creen a pie juntillas que esos actos de barbarie sólo son posibles en contextos como los acaecidos en la Alemania nazi, Ruanda, ex Yugoslavia, Sierra Leona, Camboya, Timor Oriental o Kosovo.
En segundo lugar, a través suyo se está poniendo de manifiesto que la invocación del derecho penal internacional, cristalizado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, es una variable estratégica que de ninguna manera debe ser soslayada por las víctimas de atrocidades, sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil. Su relevancia es equiparable a la importancia que tienen los sistemas universal e interamericano de protección de los derechos humanos.
Medularmente, el estudio en cuestión evidencia que la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad pública ha derivado en la perpetración de asesinatos, torturas, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas; y que tales actos ilícitos son encuadrables dentro de los supuestos normativos de los crímenes de lesa humanidad previstos en el artículo 7 del Estatuto de Roma, puesto que han sido cometidos en el contexto de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil. Todo lo cual hace imperioso el regreso de los militares a los cuarteles.
Dicha conclusión está sustentada en las siguientes consideraciones: I) la magnitud de esos crímenes a lo largo de varios años refleja que se está en presencia de un fenómeno generalizado, II) la amplitud, los patrones y la intensidad de las conductas antijurídicas demuestran sin lugar a dudas que también constituyen fenómenos sistemáticos, es decir, no son actos aislados o al azar.
Asimismo se asegura que las autoridades se han empeñado en negar la realidad y no han hecho lo necesario para llevar a los responsables ante la justicia. De persistir esta patología, la intervención de la Corte Penal Internacional será más que obligada.
Los graves señalamientos de Open Society son el gran marco de referencia que permite entender que los brutales acontecimientos de Nochixtlán no fueron simples excesos en el uso de la fuerza pública, sino que están inscritos dentro de la dinámica perversa del ataque gubernamental a sectores inconformes de la población civil.