Ahora sí podrán dormir tranquilos los grupos empresariales que se salvaron con el veto presidencial al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con lo que no estarán obligados a rendir cuentas claras de sus actos. De paso, los particulares que reciben recursos gubernamentales, como jóvenes becarios o personas adscritas a apoyos sociales, también estarán exentos de cumplir con la reglamentación que en sus casos rayaba en la exageración.
A más de 48 horas de esta “increíble” reversión legislativa, el veto a la ley aún es el tema de la sobremesa política y del sector productivo. Unos festejan y otro más esconden la cabeza en la arena.
La llamada Ley 3 de 3, propuesta por organizaciones sociales en colaboración con el sector empresarial, tuvo origen en una buena causa: acabar con la corrupción de los servidores públicos que realizan su trabajo en beneficio del mejor postor. Ésta, por supuesto, era una de las peticiones más sentidas del gremio empresarial que urgía a la transparencia en la función pública, pero que se negó a ser incluido en dicha ley.
Y es que la propuesta ciudadana-empresarial fue modificada en el Congreso de la Unión donde legisladores propusieron que también los empresarios, que reciben dinero de las arcas públicas a través de contratos o licitaciones con las administraciones gubernamentales estatales o la federal, hicieran públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.
El argumento es que la corrupción tiene dos caras: una, la de servidores públicos que intentan negociar su labor y facilitar la de la iniciativa privada. Otra, la de empresarios que corrompen y acceden al contubernio. No es ninguna novedad que siempre sean las mismas empresas las que se beneficien con los proyectos y obras que echan a andar los gobiernos.
Sin embargo, la disposición propuesta por los legisladores fue rechazada contundentemente por los mismos empresarios que reclamaban transparencia. En otras palabras, exigían del sector público lo que ellos como iniciativa privada que defiende la legalidad, la honestidad y el buen manejo, no se atrevía a hacer: tener las cuentas claras.
Ante el descontento y preocupación del sector empresarial, el presidente Enrique Peña Nieto propuso un veto al artículo 32 de la controversial Ley 3 de 3, para eximir a los capitalistas de informar sobre el manejo de sus recursos; finalmente, el veto ha sido aprobado y los empresarios mantendrán en secrecía sus bienes y el origen de sus ingresos.
Muchos debates existieron al respecto, pues se hablaba de que el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa violaba la vida privada de los acaudalados empresarios. Pero si el beneficio económico de la iniciativa privada es a base de un trabajo honesto, ¿por qué imponer ese hermetismo? Bien dice el dicho que “el que nada debe, nada teme”.
Además, la modificación de los legisladores a la Ley 3 de 3 dejaba en desventaja a los particulares como becarios o personas que reciben apoyos económicos del gobierno, pues los obligaba también a presentar las mismas declaraciones que los millonarios empresarios.
El intento de los legisladores, principalmente de izquierda, falló. No se logró poner los candados adecuados para evitar corruptelas en las negociaciones entre el sector empresarial y las áreas de la función pública. La intención fue buena pero la propuesta mal planteada o intencionalmente mal redactada, por lo que no permitió que se avanzara en el tema de la anticorrupción.
Ahora corresponderá a los legisladores que rechazaron el veto presidencial presentar nuevas propuestas, concretas y delimitadas que permitan tener mayor control de las relaciones lucrativas entre clase política y el sector empresarial con miras a erradicar una dinámica típica en la cultura de las grandes esferas del poder: la corrupción y el tráfico de influencias.
