Muerte por lesiones craneoencefálicas, tortura severa en la que participaron al menos 11 personas y corrosión del rostro por actividad de fauna, son algunos de los resultados arrojados por la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la muerte del normalista de Ayotzinapa, Julio César Mondragón, asesinado la noche del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, a manos de policías municipales e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
A casi dos años de la desaparición de 43 normalistas y el asesinato de seis personas durante los disturbios ocurridos en Guerrero, la CNDH detectó nueve observaciones a las investigaciones por el caso Iguala.
Dentro de esas precisiones, la CNDH destacó que el joven normalista Julio César Mondragón Fontes no fue desollado, como habían establecido las investigaciones periciales iniciales, y que la causa de su muerte tampoco se debió a un impacto de bala, sino a lesiones craneoencefálicas.
Lo anterior no resta gravedad a los hechos violentos ocurridos en Iguala. Las observaciones de la CNDH se recrudecen al detallar las sanguinarias condiciones en las que falleció el estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En su investigación, el organismo reveló que Julio César presentó 64 fracturas en el cráneo, cara, tórax y columna vertebral.
Esto indica que el estudiante normalista fue severamente torturado no por una, sino varias personas. José Larrieta Carrasco, titular de la oficina especial de la CNDH para el caso Iguala, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que se investigue por el delito de tortura a los 11 detenidos por el homicidio de Mondragón Fontes.
La CNDH señala además que las investigaciones de la PGR presentan omisiones, pues nunca se hizo referencia a las evidencias localizadas por el organismo, respecto al forcejeo que experimentó la víctima para tratar de salvarse de la brutal golpiza que le propinaron y que fue la causa de su muerte.
En este caso, llama la atención el avance en las investigaciones que deja al descubierto que el normalista, del que se dijo habría sido desollado por los integrantes del grupo Guerreros Unidos en complicidad con policías municipales de Iguala, en realidad fue localizado sin piel en el rostro debido a la “intrusión de fauna depredadora” como roedores y perros.
Sobre esta misma versión coincidió la comitiva de peritos forenses de Argentina que viajó a México para indagar la desaparición de los normalistas. En su informe entregado al juez del fuero común de Guerrero, los expertos en criminología revelaron que en la muerte de Mondragón Fontes, no existían evidencias de disparo de arma de fuego y había huellas en el rostro de actividad de fauna.
Sin embargo, las deducciones de los forenses extranjeros no concuerdan totalmente con la investigación de la CNDH, en el sentido de que se descarta que el normalista haya sido desollado.
Las pruebas periciales del equipo argentino refieren que el cuello del estudiante de Ayotzinapa presentaba herida producida por un arma cortante, por lo que sigue latente la posibilidad de que sí hubiera sido desollado, aunque no existe mayor indicio al respecto.
Lo alarmante de las revelaciones de la CNDH en torno al asesinato de Julio César, no son los pormenores que narró acerca de su bestial asesinato, sino la magnitud del caso si se toma en cuenta que existen otros 43 jóvenes desaparecidos que pudieron haber sufrido las mismas o peores condiciones de tortura, dolor y angustia.
El cuerpo de Mondragón Fontes fue encontrado el 28 de septiembre de 2014 en un paraje solitario del norte de Iguala; un día después de que fueron levantados.
Los resultados de las necropsias e investigaciones realizadas por el grupo de peritos argentinos y la Procuraduría de Justicia Guerrerense dan cuenta de la atrocidad con la que operaba el grupo delincuencial Guerreros Unidos, en complicidad con las autoridades municipales.
Lo anterior podría ser un referente para entender las circunstancias en las que fueron asesinados y desaparecidos los 43 normalistas de la escuela “Raúl Isidro Burgos”.
En total fueron nueve las observaciones que hizo la CNDH, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la Fiscalía General de Guerrero y a la PGR. A esta última dependencia federal, la CNDH pidió que se investigue a los detenidos por el asesinato de Mondragón Fontes a fin de incluir el delito de tortura entre los cargos imputados.
Aunque la PGR no está obligada a cumplir con los llamados de la CNDH, resultaría prudente que acatara la recomendación; más allá de un acto institucional, la respuesta favorable de la PGR ante la petición de la CNDH afianzaría la aplicación de justicia en el delito de la tortura en el país y, especialmente, en uno de los casos que más repudio y conmoción ha despertado en los mexicanos.