El presidente de Venezuela Nicolás Maduro intenta aprovechar la dramática situación de abastecimiento como un instrumento de presión para disciplinar a las personas que diariamente luchan por sobrevivir: ha girado instrucciones para que de manera inmediata se realice la distribución de víveres a través de los consejos comunales o de los representantes locales del partido, y no a través de la administración municipal, como era la práctica. Todo aquel que no muestre fidelidad al gobierno no recibe nada y tiene que iniciar la diaria tarea de instalarse en las interminables filas para conseguir víveres, leche, papel higiénico y jabón.

Mientras tanto el parlamento opositor ha presentado una iniciativa de ley para liberar a los presos políticos e iniciar un juicio político contra el presidente Maduro. El proceso que plantea la oposición, el llamado referéndum revocatorio, se puede llevar a cabo únicamente durante la primera etapa del gobierno del presidente. De realizarse antes del 10 de enero de 2017 habría nuevas elecciones, lo cual representaría un logro para la oposición. De llevarse a cabo después el referéndum, el vicepresidente asumiría los asuntos gubernamentales de los dos años que restan al gobierno de Maduro, en este marco no habría nuevas elecciones. La oposición ha recabado las firmas necesarias para promover el juicio político y ha hecho entrega de la documentación a la Suprema Corte, misma que deberá someter a revisión dicha documentación. Este procedimiento ofrece numerosas posibilidades para emprender una ofensiva que podría demorar el proceso. La Suprema Corte, instancia dominada por los chavistas, revisa la documentación de la solicitud tan minuciosa y extensamente que simpatizantes de la oposición han salido a las calles a manifestarse; su intención era dirigirse a la sede de la Suprema Corte para ejercer presión, sin embargo la policía se los ha impedido.

Entre tanto Maduro ha encendido la mecha que podría agudizar el conflicto: mediante el decreto presidencial 2.323 del 16 de mayo declaró el “estado de excepción y de emergencia económica”. Con ello se aseguró el presidente amplios poderes adicionales, para hacer frente a cualquier intento de desestabilización. Ahora prácticamente tiene mano libre para tomar cualquier medida que le parezca idónea para permanecer en el poder. El significado de este decreto para el parlamento opositor quedó claro rápidamente: Maduro arrebató al parlamento su poder de toma de decisión en las tareas públicas y en caso de juicio político al presidente, ya que dicho decreto otorga a las fuerzas de seguridad competencias especiales para “el mantenimiento del orden público”. Maduro continúa concentrando en su persona cada vez más poder de decisión, más allá de la Constitución y ha otorgado al ejército un rol cada vez más importante en su gobierno. Al mismo tiempo se habla abiertamente de un posible golpe de Estado por parte de militares inconformes, de manera que la turbulenta situación en el terreno de los simpatizantes del gobierno es difusa.

Los políticos opositores, como el gobernador del Estado Federado de Miranda, Enrique Capriles, se ha pronunciado claramente en contra de un ataque de los militares, a fin de evitar cualquier posible escalada violenta del conflicto y evitar así que Maduro pueda usar estos acontecimientos para justificar cualquier procedimiento armado en contra de la oposición. La comunidad internacional también se muestra cada vez más preocupada, el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha exigido reiteradamente a Maduro respetar las reglas democráticas del juego. Maduro ha reaccionado a esta exigencia calificando al ex ministro de relaciones exteriores uruguayo como Agente de la CIA y traidor. Almagro respondió el 18 de mayo en una carta abierta: “No soy traidor… Pero tú sí lo eres, Presidente… Que nadie cometa el desatino de dar un golpe de Estado en tu contra, pero que tú tampoco lo des. .. Tú tienes un imperativo de decencia pública de hacer el referéndum revocatorio en este 2016… Negar la consulta al pueblo… te transforma en un dictadorzuelo más, como los tantos que ha tenido el continente”.

La situación en Venezuela es altamente delicada y turbia, existen pocos indicios respecto de cómo se toman decisiones en el terreno gubernamental y de quién mueve realmente los hilos. Ante la acentuación del conflicto, la posibilidad de diálogo entre el gobierno y la oposición se vislumbra cada vez más lejana. La barrera ideológica del gobierno, la profunda implicación de sus representantes en actos de corrupción, negocios ilícitos como el de la droga y el del comercio de armas y las reiteradas violaciones a los principios del Estado de Derecho, hacen poco probable que Maduro cambie su curso inflexible, tan sólo con el fin de evitar ser llamado a rendir cuentas. Frente a este panorama es probable que lo peor aún esté por venir en Venezuela.

*Birgit Lamm

Directora Regional para América Latina de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad