Con la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el presidente Enrique Peña Nieto deja abierta una gran duda: ¿Quién sustituirá al criticado ex secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez? Para la funcionalidad del nuevo SNA, tanto el mandatario federal como el Senado de la República deberán tomar en cuenta que las instancias que integrarán el Sistema demandan ser conducidas por políticos que muestren congruencia entre sus acciones y el cargo que ostentan.
Mientras el mandatario federal promulgaba las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, el ahora ex secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, anunciaba su renuncia al cargo que le fue conferido por EPN en febrero de 2015, argumentando que esto abonará a la plenitud institucional con la que debe funcionar la secretaría.
Peña Nieto colocó al frente de la Secretaría de la Función Pública a Andrade Martínez, con la consigna de indagar los posibles conflictos de interés entre la empresa Grupo Higa y la administración federal, esto derivado del escándalo que desató la existencia de la “Casa Blanca”, propiedad de la primera dama, Angélica Rivera.
En los 17 meses al frente de la SFP, Andrade Martínez tuvo la encomienda de indagar también la compra de una casa en Malinalco, Estado de México, propiedad del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, misma que fue adquirida a través de Higa. Además fue de su competencia investigar la responsabilidad que tuvieron funcionarios de seguridad en la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Pero los resultados que arrojaron las indagatorias de la Secretaría de la Función Pública fueron rechazados por la opinión pública, legisladores y la oposición. Andrade Martínez exoneró al presidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray del supuesto “conflicto de intereses”.
En el caso de “El Chapo”, el entonces secretario ordenó el cese de funciones por un periodo de 10 años a cinco funcionarios menores y a la ex coordinadora General los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), Celina Oseguera, pero no por su presunta colaboración en la “fuga del siglo”, sino por haber permitido que el narcotraficante tuviera acceso a una televisión en la celda que ocupaba en el penal del Altiplano.
La labor de Virgilio Andrade Martínez como titular de la SFP se quedó corta ante la responsabilidad que debió asumir y por la que cobraba cerca de 150 mil pesos mensuales. Su nombramiento, hecho de manera apresurada, -pues dicha secretaría estaba a punto de desaparecer- sólo sirvió para mostrar una fingida intención del gobierno federal por aclarar el origen de la repudiada “Casa Blanca”.
Haber puesto a Virgilio Andrade como encargado de investigar la controversial adquisición del inmueble valuado en 7 millones de dólares, -construido por la empresa que ganó la licitación del tren México–Querétaro-, sólo habla de la enorme voluntad que existió de fondo para acallar los cuestionamientos en torno a la mansión presidencial.
Con la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción, el próximo titular de la SFP deberá ser nombrado por el presidente Peña Nieto y ratificado por el Senado de la República, lo que no garantiza que el nuevo secretario vaya a ejercer cabalmente su encargo pero, al menos, sí será una designación consensuada.
Se reconoce el logro de reformar las leyes que permitan una mejor y más honesta eficiencia del trabajo público en la escala federal, pues el ejercicio de la corruptela deja pérdidas millonarias al país –aproximadamente 65 mil millones de dólares anuales-.
De acuerdo al estudio “Anatomía de la Corrupción” -realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad y el Centro de Investigación y Docencia Económicas-, México es una de las 30 naciones más corruptas del mundo. Después de la inseguridad, la corrupción es el problema que, según la mayoría de los mexicanos, más afecta al país.
Las reformas legislativas y la integración de un Comité Ciudadano dentro del SNA no serán suficientes; habrá que ver quiénes integran a las instancias participantes dentro del organigrama federal anticorrupción, y desde ahí pronosticar que tan buenos o malos serán los resultados de las ilusorias reformas del presidente Peña Nieto.