Mientras el mundo sufría la masacre terrorista de Niza y se preocupaba por el fallido golpe de Estado militar en Turquía, otra importante noticia se daba a conocer: la desclasificación de las llamadas “28 páginas” pendientes sobre los atentados del 11 de septiembre del 2001.
Esta parte del extenso Informe de la Comisión 9/11, elaborado en el 2002 por el Congreso de los Estados Unidos, estuvo dedicada a analizar el involucramiento de personas e instituciones de Arabia Saudita, en la preparación y ejecución de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas y el Pentágono.
Aunque la relación entre Washington y Riad han tenido sus altas y bajas, las dos partes siempre se inclinan por negociar y resolver su agenda bilateral, conscientes de su trascendencia e impacto.
Por lo que en aras de no afectar sus intereses políticos, económicos y de seguridad, los Estados Unidos decidieron optar por la clasificación del texto hasta hoy, a pesar del calificado como obstruccionismo y falta de cooperación saudita en las investigaciones antiterroristas.
El tema de la participación saudita en los atentados genera varias dudas. Más allá de los 15 nacionales sauditas de 19 ejecutantes que participaron, aún hay preguntas vigentes como: ¿quiénes planificaron?, ¿quién financió?, ¿quién sabía?, ¿quién ocultó información?, ¿qué vínculos había con Al Qaeda y otras organizaciones islamistas extremistas?, etcétera. Tales cuestionamientos han estado gravitando constantemente sobre la opinión pública y sectores políticos de los Estados Unidos, cuando se discute respecto a cuál debe ser el nivel de confianza que se le adjudique a su aliado monárquico.
Las famosas “28 páginas” pendientes, siempre contribuyeron a fortalecer la incertidumbre, por lo que periódicamente se sugería su desclasificación. En junio del 2015 los senadores Rand Paul (R-Kentucky) y Ron Wyden (D-Oregón) presentaron un proyecto de ley exigiendo al presidente Obama que desclasificara y diera a conocer al público las páginas pendientes del Informe.
Frente al incremento de las presiones de varios legisladores del Congreso, la sociedad civil y los familiares de las víctimas, la administración anunció en abril del 2016 que procedería a la desclasificación de las “28 páginas” (29 exactamente). La aprobación unánime en el Senado de un proyecto que facilitaría presentar reclamaciones al gobierno saudita, provocó un notable enojo y generó advertencias fuertes por parte de la monarquía.
El Informe, a semejanza de otros reportes y estimados de seguridad, emplea un lenguaje en ocasiones difuso, cuidadoso por falta de pruebas, y con suficiente ambigüedad que permite hacer lecturas distintas del mismo texto.
A ello se le suma el interés político específico, pues, mientras para muchos quedan elementos por investigar e indicios que apuntan hacia una participación saudita en los ataques y vínculos con terroristas islamistas, para Riad el documento es útil para “aclarar de una vez por todas, cualquier duda o sospecha sobre las acciones, intenciones y relaciones amistosas a largo plazo de Arabia Saudita con los Estados Unidos”.
Luego de su desclasificación, el texto fue dado a conocer por el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, e inmediatamente apareció disponible en varios sitios de internet.
Las “28 páginas” hablan de individuos que apoyaron y financiaron la operación, de funcionarios implicados que provenían de los servicios especiales y militares sauditas, de transferencias monetarias, y de apoyos para conseguir departamentos, abrir cuentas bancarias, recibir lecciones de vuelo, entre otros temas; planteando la sospecha general de que hay “individuos que pueden estar conectados con el gobierno saudita”.
Un caso que ha generado grandes especulaciones a lo largo de todos estos años, es el de Omar Al Bayoumi. Aunque en las “28 páginas” del 2002 se estimaba que estuvo en contacto con los terroristas, que podía haber sido agente de inteligencia saudita con contactos con compañías sauditas relacionadas con el Ministerio de Defensa o el propio Osama Bin Laden; un memorando elaborado por la CIA y el FBI en el 2005, concluyó que no existían informaciones para poder argumentar tales especulaciones de los medios de información.
También las supuestas transferencias monetarias del entonces embajador saudita en Washington y posterior jefe de la inteligencia del Reino, Bandar Bin Sultán, así como las de su esposa, Haifa Bin Sultán, podrán continuar siendo objeto de atención y conjeturas en el futuro, pero no existen datos que puedan corroborarlo en la actualidad.
Las páginas desclasificadas ya no tienen el mismo impacto que su liberación habría tenido años atrás. Eran primeras recopilaciones de informaciones, líneas para la investigación, más que conclusiones elaboradas y finales. Elaborado hace 13 años, contiene desde elementos vigentes, hasta otros que han sido aclarados con posteriores investigaciones.
Como hipótesis, precisamente puede plantearse que los Estados Unidos -ante sus primeras dudas sobre el nivel de implicación o no saudita-, prefirieron proteger su relación, ganar tiempo para desarrollar nuevas investigaciones, y discutir posibles incongruencias con su socio estratégico, en vez de proceder a desvirtuarlo o exponerlo en público. Igualmente, la política de clasificación de documentos, siempre contiene las lógicas de mantener secretos clave, proteger las fuentes, ocultar tácticas y estrategias valiosas, y esperar por un momento futuro en el que los contenidos “envejezcan” o se “hagan historia”. Podría ser una buena estrategia para exonerar de responsabilidad a los sauditas.
No obstante, luego de su desclasificación, medios políticos y familiares de las víctimas del 11-S, opinaron que el texto demostraba que los vínculos entre gobierno saudita-terrorismo-Al Qaeda, son mayores a lo que se pensaba, y que consecuentemente, se requiere de nuevas y más amplias investigaciones.
Puede afirmarse que la desclasificación no terminará con el debate sobre este tema, aunque sí puede aclarar determinados rumores sobre qué contenían las llamadas “28 páginas”.