Para tener el control del poder público y financiero, los grupos del narcotráfico han incrementado sus amenazas y cooptación de los alcaldes que han sido, a últimas fechas, el eslabón más endeble de la pirámide gubernamental. A pesar de ello, no existe un protocolo de seguridad para proteger a los presidentes municipales que ejercen sus funciones bajo el amago de los criminales.

El asesinato del alcalde de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, ocurrido en Michoacán, evidencia las presiones constantes a la que están expuestos los gobiernos locales por parte de células delictivas que pretenden imponer su ley.

Una de las razones por las que el narco ha vulnerado a los presidentes municipales es para apoderarse de las policías y controlarlas para que estén a su servicio; debido a los pobres sueldos y la baja preparación de los elementos, las corporaciones de seguridad acceden a colaborar con el crimen organizado.

Los presidentes municipales son obligados a cederles espacios de gobernabilidad y obra pública para empoderarse financieramente para que, en resumidas cuentas, el narco tenga el control absoluto del territorio y utilizar a las instituciones bajo sus intereses.

Tampoco es un secreto que, en ocasiones, los criminales financien campañas electorales a cambio de que el candidato, al llegar a la presidencia municipal, favorezca las actividades delincuenciales del grupo que lo apoyó, pero si las alianzas se rompen y quedan deudas pendientes, con sangre se han de pagar.

Datos de la Asociación de Autoridades Locales de México (Aalmac), refieren que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa fueron asesinados 31 presidentes municipales, mientras que en los primeros tres años de gobierno de Enrique Peña Nieto se contabilizaron 40 ediles ultimados (hasta julio de 2015).

Aunque las líneas de investigación son diversas, en la mayoría de los casos se percibe la intervención de grupos delincuenciales en los homicidios perpetrados contra alcaldes, ya sea por “ajustes de cuentas” derivados de los vínculos entre los munícipes y las células delincuenciales o por negarse a colaborar con criminales.

En el caso del alcalde guerrerense, se tiene conocimiento de que existían amenazas de muerte en su contra, razón por la que le fue asignada una escolta de cuatro policías federales, luego de que en noviembre de 2015 el primo y el chofer del funcionario asesinado también fueran ejecutados.

 

Según reportes de inteligencia citados en medios de comunicación de Guerrero, el alcalde de Pungarabato habría pactado con el líder regional del cartel de “Los Caballeros Templarios” y anteriormente con José Pineda “JP”, de “La Familia Michoacana”, la entrega de 3 millones de pesos a cambio de protección; al pacto se habrían sumado otros presidentes de municipios aledaños.

Sin embargo, correligionarios partidistas aseguran que el munícipe ya había dado cuenta a las autoridades estatales y federales respecto a las amenazas de muerte que recibía constantemente.

“Nuestro alcalde, infructuosamente, desesperadamente, pidió, reclamó, el apoyo del gobierno estatal y federal, al mismo tiempo denunció las amenazas de que fue objeto y hoy, al igual que miles de guerrerenses, cae víctima de la violencia que ningún nivel de gobierno ha logrado detener” señaló el Comité Estatal del PRD en un comunicado de prensa.

Miguel Barbosa Huerta, senador del PRD, refirió que él personalmente, acompañó hace un año al edil asesinado a una reunión con la Secretaría de Gobernación para solicitar la intervención de la Federación ante el asedio del crimen organizado.

Soto Duarte también solicitó al gobierno federal ayuda por las amenazas que recibía al negarse a pagar el derecho de piso y por no permitir la siembra de amapola en su municipio, sin embargo, no hubo respuesta por parte de la Gobernación, afirmó Barbosa Huerta en un video publicado en redes sociales.

Más allá de la responsabilidades en torno a la seguridad del presidente municipal de Pungarabato, el hecho fue que no existió un protocolo de seguridad contundente para blindar al alcalde ante lo que se veía venir: un atentado que acabó con la vida del edil.

Como el de Ambrosio Soto Duarte, lamentablemente, habrá muchos casos más en México, pues no se ha implementado un mecanismo de seguridad nivel federal para los ediles que a pesar de ser autoridades locales, se ven rebasados por la operatividad criminal y no se salvan del yugo que ejercen los grupos delincuenciales.

A lo anterior, se añade que no todas las situaciones de amenazas y presiones que viven los munícipes llegan a oídos del gobierno federal, y quienes se atreven a levantar la voz para evidenciar la permeabilidad de la delincuencia organizada, en ocasiones son ignorados.

Urge entonces la creación de un protocolo de protección para las autoridades, que se aplique sin preferencias partidistas, sobre todo en las entidades donde el riesgo para los servidores públicos es mayor: Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Morelos y Durango, según la Aalmac.

Los asesinatos de presidentes municipales dejan ver, aún más, la vulnerabilidad a la que está expuesta toda la sociedad, pues si las autoridades son acechadas, vigiladas, manipuladas y violentadas, ¿Qué garantías tiene la ciudadanía de que el Estado le brindará protección ante la existencia de grupos criminales que amagan, roban, secuestran y matan?