Los carteles y grupos delincuenciales no sólo pretenden controlar territorios, gobiernos y distribución de drogas, existe una tendencia que refleja que las estructuras criminales operan incluso después de sus capturas en los Centros de Reinserción. Aún en prisión, los delincuentes pugnan por establecer un poderío que los beneficie al obtener el respeto de la población penitenciaria y cosechar ganancias a través de la  venta de sustancias tóxicas o el cobro a los reos por dar protección.

En contubernio con las autoridades penitenciarias, las mafias siguen en acción: amenazan, asesinan, roban y cobran ilegalmente cuotas para “dar permiso” a otros reos de gozar ciertos lujos que en prisión no se permiten, como el uso de aparatos electrónicos, visitas en días no previstos y la entrada de alimentos u objetos que solo ingresan con autorización de la dirección.

Aunado a la actividad criminal, la sobrepoblación, el hacinamiento, la falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo, las escasas acciones para situaciones de violencia, son la constante que se vive al interior de la mayoría de los Ceresos mexicanos, por lo que en materia de Derechos Humanos las prisiones se encuentran reprobadas.

De acuerdo a los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y publicados en marzo de 2016, la calificación global de los Ceresos estatales del país es de 6.2, en base a la supervisión de 130 penales.

En 65 de los 130 penales, la CNDH detectó que existe sobrepoblación; en 95, es insuficiente el personal de seguridad y custodia para traslados, cubrir las ausencias y hay gran deficiencia en cuanto al suministro del equipamiento para el ejercicio de la labor. En 86 cárceles de las 130 revisadas, no existen acciones para prevenir, ni atender incidentes como riñas, lesiones, fugas, suicidios, homicidios y motines.

Además, reveló que en 73 centros penitenciarios existen áreas de privilegios, así como presencia de objetos y sustancias prohibidas e internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población.

Otras de las observaciones que la CNDH consideró como una “importante problemática” de los Ceresos es que en 71 de las 130 cárceles examinadas, se percibió un deficiente control en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos en relación a la seguridad, a las actividades que se realizan al interior y en los servicios, lo que da lugar a condiciones de autogobierno.

Prueba de las deducciones de la CNDH son los motines y riñas desatadas recientemente en distintos penales de país. El 25 de julio, por ejemplo, en el Cereso de La Pila en San Luis Potosí, una confrontación dejó tres reos lesionados. Autoridades de seguridad confirmaron que la disputa se originó cuando prisioneros intentaban efectuar el llamado “cobro de piso”.

Un día antes, en el penal de Topo Chico -donde ya se han suscitado tres disturbios en lo que va del año- un grupo de convictos participaron en una riña e incendio ocasionados, según las autoridades por el descontento que generó el movimiento interno de reos de un área a otra.

El caso del penal de Piedras Negras, en Coahuila, es otro claro ejemplo de la operatividad criminal en las prisiones mexicanas, se sabe que el cartel de Los Zetas usó las instalaciones de la penitenciaría como “matadero” de civiles, fábrica de equipo táctico y taller de carrocería para modificar los vehículos que utilizaban en su quehacer criminal.

Actualmente, la mayoría de las cárceles del país no cumplen su función de reinsertar a la sociedad a quienes infringieron las leyes, pues la interacción entre reos de alta peligrosidad con procesados por delitos menores vicia la convivencia y los delincuentes con posibilidades de readaptarse terminan al servicio de las células que gobiernan en los penales.

El problema es preocupante, pero los informes de la CNDH poco son tomados en cuenta por las autoridades estatales, pues las revelaciones del análisis no estimulan una investigación a fondo para conocer la situación real de cada una de las cárceles que presenta riesgos por la presencia de la delincuencia organizada.

Habrá que indagar qué autoridades dejan un vacío en sus funciones para que sean los reos quienes tomen las riendas, permitan el ingreso de armas y drogas. Urge investigar qué autoridades son omisas ante los abusos que se cometen entre los propios prisioneros.

Sería obligación de las instituciones de justicia investigar qué corruptelas se mueven dentro de los penales señalados por la CNDH, pero es evidente que no existe una voluntad por desmantelar las redes de la ilegalidad que mandan en los Ceresos de México.

Si los gobiernos pretenden disminuir la delincuencia, recuerden: la limpia se empieza en casa.