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La desigualdad de trato social o discriminación mantiene a nuestra sociedad sumida en viejos atavismos autoritarios.
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Costumbre casi “natural” y cotidiana
La desigualdad social en México es enorme, crece cada vez más, y esta percepción la confirma el Reporte sobre la discriminación en México 2012, que elaboró la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y que expone una radiografía de la situación moral de nuestro país.
El hecho es que en nuestra sociedad, las autoridades, los agentes que representan a los gobiernos, quienes imparten justicia, o quienes ejercen todo tipo de profesiones, así como la mayoría de la gente discrimina a otros todos los días del modo más natural y desenfadado.
La discriminación se refuerza y se complementa con la desigualdad económica, pero repercute finalmente en la desigualdad de trato social a ciertos grupos y, por ende, en la restricción o violación de sus derechos y en la negación de oportunidades de desarrollo.
El estudio señala que los once grupos sociales víctimas de discriminación identificados en el estudio son: mujeres, ancianos, jóvenes, niño(a)s, indígenas, homosexuales y miembros de la comunidad LGBTTTI, enfermos y discapacitados, ancianos, extranjeros migrantes, creyentes no católicos.
Además, advierte que incluso hace falta documentar la discriminación que sufren las personas afrodescendientes en nuestro país, así como analizar las formas discriminatorias en ámbitos como el transporte público y la alimentación.
La discriminación en México abarca todos los ámbitos y comienza desde el lenguaje: los chistes y burlas, pasa por las instituciones de educación, de salud, por la procuración de justicia (en donde se refuerza), y abarca también el ámbito laboral, la libertad de expresión y el acceso a los medios de comunicación, la simple apariencia y la vestimenta en la calle, la alimentación y, desde luego, toda la serie de costumbres y ritos sociales que se refuerzan en los espacios públicos, como los medios masivos de comunicación.
Se advierte que la desigualdad de trato social o discriminación mantiene a nuestra sociedad sumida en viejos atavismos autoritarios porque constituye, de facto, una negación de derechos y una ruptura del principio democrático mínimo: la igualdad formal de todos en un estado de derecho; pero además es todavía más grave porque muchas de las instituciones sociales y políticas no sólo no la combaten, la refuerzan, la validan y la imponen.
Así que resulta urgente e impostergable configurar en el plano normativo, tanto en el ámbito constitucional como legal en nuestro país, un auténtico derecho a la no discriminación, estableciendo los mecanismos necesarios para evitar su vulneración, por parte de las autoridades como también por parte de los particulares mismos, consagrando también los medios legislativos, administrativos y judiciales para garantizar su plena efectividad, incluyendo, por supuesto, las llamadas acciones afirmativas o positivas, así como medidas compensatorias que incidan en favor del logro de una igualdad de todas las personas, no sólo en el ámbito jurídico sino sobre todo también en el ámbito material.
Desde junio de 2013 se encuentra disponible para firma y ratificación de los Estados parte, la Convención lnteramericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, pues, como lo dice en sus considerandos, se encuentran alarmados por el aumento de los delitos de odio cometidos por motivos de sexo, religión, orientación sexual, deficiencia y otras condiciones sociales. A la fecha, esta Convención ha sido firmada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Haití, Panamá y Uruguay.
En congruencia con la protección que nuestra Constitución brinda y garantiza a los derechos humanos, es urgente que el titular del Ejecutivo federal firme, y remita al Senado de la República para que sea aprobada a la brevedad, la Convención lnteramericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia.
@angelicadelap
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la República