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La mujer del César no sólo debe ser casta, sino que debe parecerlo.
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¡Pobre, deja que te cuente bien!
Dimensionar la pobreza y la desigualdad implica recurrir a métodos estadísticos de medición, que dada la trascendencia del fenómeno a nivel mundial han sido diseñados y protocolizados por instituciones especializadas y avalados por organismos multilaterales, en particular la ONU.
Entre los métodos más utilizados destacan la encuesta de ingreso-gasto de los hogares, la cual obtiene, por un lado, información sobre los ingresos percibidos por los componentes de un hogar, en sus diferentes fuentes y por otro el destino que en forma de gasto le dan a esos recursos.
En México, el organismo encargado de aplicar estas encuestas desde 1984 es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), institución que recientemente adquirió su autonomía de gestión con el objetivo de no ser sujeto de presiones de ninguna índole en la ejecución de su mandato.
En días pasados se generó una polémica respecto de los resultados del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015, una encuesta previa a la Encuesta Nacional Ingreso Gasto en Hogares que se aplica desde 2008 y que permite conocer, en principio, el nivel de ingreso de los hogares y las condiciones y el acceso que se tiene a satisfactores como salud, nutrición, educación vivienda, entre otros.
Esta información es tomada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para estimar el número de pobres a nivel nacional y los niveles de pobreza en las diferentes dimensiones que ha establecido. La polémica surgió de la decisión del INEGI de introducir procedimientos más estrictos para obtener una mayor y mejor respuesta, sobre todo para el caso del ingreso, esta decisión sin duda es importante y aplaudible desde el punto de vista de buscar perfeccionar la estadística y acercarse lo más posible a la realidad, así como acortar las brechas entre el valor del ingreso que se obtiene vía las cuentas nacionales y vía la encuesta.
Sin embargo, el ejercicio arrojó valores que, en comparación directa con anteriores encuestas, resultaron superiores rompiendo de alguna manera la tendencia que se venía registrando, es decir, el comportamiento histórico que, no se puede negar, pudo haber sido producto de la deficiencia en las respuestas durante la recolección de información, y que hacen no comparables los nuevos resultados con los anteriores.
El INEGI es la institución encargada de mantenernos a los mexicanos y a los interesados informados plenamente, su credibilidad por tanto no debe ser cuestionada ni por comentarios de periódico ni mucho menos por verdaderos especialistas. En este caso aplica la vieja conocida sentencia: la mujer del César no sólo debe ser casta, sino que debe parecerlo.
Ahora bien, aun cuando suene a verdad de Perogrullo, la validez de la sentencia es indiscutible: “cualquier política pública debe ser evaluada en su gestión e impactos, para que sea realmente efectiva”. La mejor forma de llevar a cabo tal evaluación es establecer una serie de indicadores que permitan caracterizar el fenómeno, dimensionar y medir la situación actual y dar seguimiento a las transformaciones experimentadas como resultado de las intervenciones ejecutadas al amparo de la política.
El diseño de una política social efectiva implica tres características: su objetividad, su focalización y su eficiencia. La primera alude a la dimensionalidad y caracterización de las condiciones de pobreza y desigualdad, fenómenos que son el objeto de la intervención de la política; la segunda a la plena identificación de la población en condiciones de pobreza, lo que permite que la intervención sea dirigida a quien realmente la necesita; la tercera concentra a las otras y refiere al uso de los recursos que, ante el tamaño del fenómeno, son escasos y deben ser correctamente aplicados para que sean efectivos.
Retomando el tema de la medición, sí debemos decir que cuando se trata de declarar los ingresos, generalmente todo mundo miente. El ingreso disponible que se mide en las encuestas de hogares tiene dos dimensiones principales: los ingresos por la participación de los miembros del hogar en actividades productivas o en el mercado (sueldos y salarios, ingresos por auto empleo incluyendo los de la actividad empresarial y el trabajo informal), y los provenientes de transferencias que implican intervenciones del Estado y de privados por fuera del mercado (desde subsidios y pensiones, hasta intereses y donaciones).
El detalle en la descripción de los ingresos en general permite identificar las condiciones de pobreza, pero la minuciosidad en la identificación de las transferencias producto de la política social, permite aislar los efectos de la incidencia de la pobreza. No cometamos el error de politizar la desigualdad social.
Presidente de Consultores Internacionales