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Dentro de las fuerzas de seguridad aún prevalece la cultura del desprecio a la vida y a la dignidad humana.
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Severos e inusitados señalamientos

En respuesta a las atrocidades perpetradas por los nazis en los campos de concentración de Auschwitz, Treblinka, Dachau, Buchenwald y otros más, la asamblea general de la ONU reivindicó el valor supremo de la dignidad humana y proclamó la portentosa Declaración Universal de los Derechos Humanos. A partir de entonces, la dignidad humana es el fundamento, la razón de ser, el ontos y el telos del orden jurídico y todas las instituciones políticas

El imperativo jurídico de la defensa de la dignidad humana es el hilo conductor que debe permear a lo largo y ancho de las estructuras gubernamentales. Por ello, dentro del artículo 1º constitucional, emanado de la reforma a la Carta Magna vigente a partir del 11 de junio de 2011, se establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Ese deber supremo es particularmente aplicable a los organismos encargados de la protección de los derechos fundamentales y la investigación de los ataques a la dignidad humana. Su labor es de vital importancia para hacer realidad los objetivos de la Declaración Universal y robustecer la esperanza ciudadana en un mundo mejor, cimentado en el imperio de la libertad, la justicia, la paz y la fraternidad.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos acaba de dar una muestra palmaria de lo que significa en los hechos honrar dicha encomienda. Me refiero a la emisión de la recomendación 4VG/2016, relativa a la matanza que tuvo verificativo el 22 de mayo de 2015 en el rancho El Sol, ubicado en el municipio michoacano de Tanhuato.

Dirigida al titular de la Comisión Nacional de Seguridad y al gobernador del estado, en el texto en cita, de casi 700 páginas, se asientan severos e inusitados señalamientos: I) el operativo fue realizado por elementos de la policía federal sin contar con una orden judicial, II) el lugar de los hechos fue deliberadamente manipulado, III) los partes oficiales nos son acordes a la verdad, IV) desde un helicóptero artillado fueron disparados más de 4 mil proyectiles, V) no hubo persecución ni enfrentamiento a tiros con las víctimas, VI) 22 de ellas fueron objeto de ejecuciones arbitrarias, VII) 13 presentaban impactos de bala por la espalda, VIII) 3 más fueron ejecutadas cuando ya habían sido sometidas, IX) una fue expuesta a fuego directo estando con vida.

Con ello se está haciendo evidente una muy, pero muy grave patología: dentro de las fuerzas de seguridad aún prevalece la cultura del desprecio a la vida y a la dignidad humana y todavía hay mucho por hacer a fin de que sus integrantes hagan suya la letra y el espíritu de la reforma constitucional de 2011.

Este asesinato a mansalva y saña, esta reedición de la abominable práctica porfirista del ¡mátalos en caliente! no debe ser pasada por alto. Además del castigo a los responsables directos y por cadena de mando, amerita una contundente respuesta ciudadana.