Entrevista con Diego Díaz/Investigador del IMCO
Por Irma Ortiz
Para el investigador Diego Díaz, del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), el endeudamiento de estados y municipios ha ido a la alza por la falta de control y facilidad con que pueden endeudarse, y por la debilidad institucional de los congresos de los estados, que aprueban sin cuestionar el incremento de la deuda pública. Los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo hoy están en la picota por denuncias de corrupción y cuya deuda pública se ha incrementado, en algunos casos, de forma escandalosa.
¿Cuál es la liga entre estados endeudados con problemas de corrupción?
Hace un mes, presentamos el reporte de deuda nacional que corresponde a datos del segundo trimestre de 2016. Con información de Hacienda, el reporte se divide en dos secciones, una parte explica la deuda pública en números: estado actual, tendencias y niveles alcanzados a la fecha. También es un análisis de la ley de disciplina financiera aprobada el pasado 27 de abril, que contempla mecanismos para controlar el endeudamiento de estados y municipios y mecanismos de responsabilidad hacendaria para garantizar sus finanzas públicas.
Hay tres etapas de crecimiento muy importantes de la deuda, sobre todo entre 2006 y 2011, que se duplica la deuda de estados y municipios y luego se medio estabiliza la tasa de crecimiento de la deuda de los gobiernos entre 2011 a la fecha.
La tasa de crecimiento promedio de la deuda de los municipios entre 2011 y 2015 es de menos 1.4% anual, ha decrecido en términos reales en los últimos años, mientras que la deuda estatal creció a una tasa relativamente moderada pero sigue aumentando la tasa promedio anual de 5.4% entre 2011 y 2015. A pesar de que se estabiliza y ya no son las tasas del 20% de crecimiento que se observaban en 2009, 2010 y 2011, sí es una tasa de crecimiento importante de 5.4% anual únicamente la deuda de los gobiernos estatales y sus organismos.
Entre los estados más endeudados están Veracruz, Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo, cuyos gobernadores están en la picota.
Los niveles del PIB estatal son significativamente superiores al promedio nacional, no hablamos del promedio nacional del 2.9% frente a estos municipios. El promedio de la deuda estatal es de apenas el 2.6%, cifra manejable, pero hay estados como Chihuahua y Quintana Roo que están en el 8.7% del PIB, casi 3 meses el promedio nacional, y el resultado del endeudamiento es muy acelerado. Son endeudamientos que se dan en un plazo de 3, 5 años en una administración; en Chihuahua entre 2010 y 2013 se triplica la deuda del gobierno, aumenta en 30 mil millones de pesos y llega hasta los 40 mil millones, en tres años. Veracruz, Coahuila y Nuevo León son casos similares, pero el caso Chihuahua es paradigmático, pero no el único.
En Chihuahua, el gobernador saliente todavía quiere endeudarse más, una deuda que se calificó de inconstitucional e hizo mucho ruido. La organización Unión Ciudadana presentó una demanda en contra y el asunto está en veremos. El gobernador quiere seguir endeudándose, y el entrante, Javier Corral, se opone.
¿Por qué les resulta fácil a los gobernadores seguir endeudándose?
Los endeudamientos se dan antes de promulgarse la ley de disciplina financiera —el pasado 27 de abril—, y lo que se necesitaba para hacerlo era la voluntad de la mayoría del Congreso, y los gobernadores generalmente tienen mayoría en los congresos.
Con la ley financiera se prevén controles para la deuda, que en el IMCO vemos con buenos ojos, aunque falta su implementación. Esta nueva ley obliga a que dos terceras partes de los legisladores aprueben las contrataciones de deuda pública; se reafirma el mandato constitucional de que la deuda sólo se debe destinar a inversión pública productiva; se establece en la fiscalización la importancia de las auditorias locales, y si se garantiza la deuda con participación o aportaciones federales. Será la Auditoria Superior de la Federación la que fiscalice su ejercicio y destino.
La Auditoría Superior de la Federación siempre ha hecho una revisión y critica los endeudamientos sin justificación, pero es un organismo que no tiene dientes.
La capacidad de la ASF no debe quedar sólo en recomendaciones sino en que realmente se aplique, habría que esperar que esta legislación junto con otras, así como con el Sistema Nacional de Fiscalización, fortalezcan la ASF así como las auditorías locales, para tener mecanismos que hagan cumplir las recomendaciones y que los recursos mal habidos o mal ejercidos tengan implicaciones y responsabilidades para los funcionarios públicos.
El problema no es que se contrate deuda, sino que lo hagan para obras inexistentes y los recursos queden en sus bolsillos.
Es la satanización de la deuda, la idea de que la deuda pública es sinónimo de corrupción o ineficiencia en el gasto público y que se le satanice tiene cierta justificación luego del mal ejercicio, mala asignación y mal uso de los recursos públicos. La deuda es un instrumento que permite financiar a los gobiernos, a las personas, hablamos de financiar obras públicas que de otra forma no se podrían apoyar, es la deuda pública.
El problema está cuando como ciudadanos no conocemos el destino de la deuda pública, no hay la certeza de que se destine a inversión pública productiva como lo mandata la Constitución, y cuando se convierte en la caja chica de gobernadores y presidentes municipales que en vez de incrementar los impuestos y hacer un mejor ejercicio de recursos, prefieren seguir endeudándose.
Algunos argumentan que es un asunto de federalismo; ¿no es un problema de división de poderes o debilidad institucional de congresos que, como tienen mayoría, el partido del gobernador, hacen lo que quieren?
En el IMCO sacamos un informe legislativo donde analizamos desde transparencia-ejercicio de los recursos en el interior de los congresos y si realmente son contrapeso a los Ejecutivos. En la práctica, los congresos locales aprueben las iniciativas que vienen del gobernador, no son en su gran mayoría contrapeso del Ejecutivo, y sí existe un tema de debilidad institucional, que hace que aprueben absolutamente todo, incluyendo la deuda y las contrataciones de deuda pública.
Hay una gran opacidad en el ejercicio de la deuda pública. Esperamos que con esta ley que contempla la creación de un registro público único, se pueda conocer la totalidad de la deuda de estados y municipios. Se inicia el proceso de implementación de la ley, Hacienda tiene hasta el 25 de octubre para publicar los reglamentos de la ley, que debe implementarse correctamente, que respete el espíritu de la reforma constitucional y de la ley que le da origen. Será un proceso complicado por las coyunturas, derivado de la caída de los precios del petróleo, los recortes presupuestales, los estados van a enfrentarse a escenarios de menores ingresos, difícilmente van a hacer ajustes al gasto, y este boquete lo llenan con deuda pública.