Falaz Constitución a modo del cliente
Por José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
La ambición es el último refugio de todo fracaso.
Oscar Wilde
En apego a la pauta mercadotécnica que ha caracterizado su mandato, el pasado 15 de septiembre Mancera inició la quema de sus últimos cartuchos publicitarios al entregar la Iniciativa de Constitución para la Ciudad, documento que sostendrá su campaña publicitaria en pos de la candidatura a la Presidencia de la República que su equipo de asesores le ha fijado como siguiente escala en su carrera pública.
Poco le importó al jefe de Gobierno entregar un documento elaborado por un “grupo de notables”, a una Asamblea Constituyente sometida a las directivas de los integrantes del Pacto por México y conformada por 40 legisladores designados sobre los 60 electos por nosotros los capitalinos.
Si bien es cierto que el documento contiene reafirmaciones de derechos exigidos por la propia población y aquéllos reconocidos por autoridades sensibles a la consolidación de un Estado de bienestar justo y armónico a favor de los capitalinos, no es menos cierto que tales postulados entrarán en vigor hasta el 17 de septiembre de 2018, es decir, 19 meses después de ser promulgada y prácticamente en la recta final de la administración del proponente Mancera, lo que constituye una burla a la voluntad de los capitalinos y una “patente de corso” para el cártel de desarrollistas que ha decidido hacer la ciudad su nicho de “atracos” político económicos.
El preámbulo de la iniciativa reconoce y expresa que: “En adelante la ciudad pertenece a sus habitantes. Sepamos merecer esta encomienda por la defensa intransigente de los derechos conquistados y el estricto cumplimiento de los deberes pactados. Salvemos la distancia que aleja al gobierno del pueblo: entre nosotros sólo se podrá mandar obedeciendo”.
Esta declaración de principios coincide plenamente con la legítima y exigible aspiración de los capitalinos a ejercer nuestro derecho a la ciudad, por ello indigna que se postergue la aplicabilidad de este marco constitucional más de un año y medio, lapso en el que se profundizarán las estrategias comerciales impulsadas por la impronta neoliberal que conlleva la privatización de lo público —espacios y servicios— que está caracterizando a la administración capitalina.
Alarma que su documento no reconoce explícitamente que para los capitalinos el suelo tiene un uso, no tanto un valor, y que el espacio y los servicios públicos son del pueblo. Tampoco expresa con claridad la adopción del desarrollo urbano como expresión democrática del patrimonio vecinal y comunitario, lo que conlleva que seguirá siendo un nicho de oportunidades de negocio a través del cual se suplan las obligaciones del Estado.
La ausencia de estos profundos y arraigados sentimientos de la ciudad en la Iniciativa de Constitución para la Ciudad de México confirma cabalmente la definición que Wilde hace de la ambición, la que ubica como el último refugio de todo fracaso, que en este caso es aplicable a una falaz Constitución a modo del cliente, no para el ciudadano.
