Urge regreso de militares a sus cuarteles
Por Raúl Jiménez Vázquez
En la introducción de Derecho y razón, obra cumbre del tratadista europeo Luigi Farrajoli, se afirma que la célebre teoría del garantismo por él postulada fue la respuesta democrática a la crisis en la que se hallaba Italia en la década de los setenta, conocida como la de “los años de plomo”. Tras la fachada del Estado de derecho se había desarrollado un infraestado clandestino, contrario a todos los principios fundacionales de la democracia, organizado en centros de poder ocultos y a menudo en connivencia con los poderes mafiosos.
Tal descripción no dista mucho de la conclusión a la que arribó el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos luego de la visita realizada en México hace un año: “Para un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras calculadas son, simplemente, impactantes: 151,233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, incluyendo miles de migrantes en tránsito. Desde 2007, hay al menos 26 mil personas cuyo paradero se desconoce. Muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y algunas partes del Ejército, ya sea actuando por sus propios intereses o en colusión con grupos del crimen organizado”.
En el epicentro de ese tremendo estado de cosas sin lugar a dudas se encuentra la gravísima crisis humanitaria en la que estamos inmersos los mexicanos, la cual, una vez más, fue puesta de relieve con las 14 recomendaciones emitidas por el funcionario internacional. Lo que más llama la atención es la posible creación de un consejo encargado de asesorar al Estado mexicano en el diseño e instrumentación de estrategias y reformas que permitan revertir la tasa de impunidad. Integrado por expertos en el campo de los derechos humanos, este órgano sui géneris tendría como principal actividad la evaluación a escala nacional de la impunidad, la elaboración de una hoja de ruta para los cambios requeridos, la verificación de su efectiva implementación y la difusión ciudadana de los resultados alcanzados.
Los señalamientos del Alto Comisionado son dignos de ser difundidos en todos los medios posibles pues tienen que ver con cuestiones que son de suma relevancia social y jurídica tales como: derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa en relación con proyectos megaempresariales, justicia militar, seguridad pública, uso de la fuerza pública, detenciones, autonomía del Poder Judicial, reconocimiento de la jurisdicción del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para conocer de casos concretos, firma de tratados interamericanos y otros.
Empero, nada de lo anterior conllevará el quiebre paradigmático en derechos humanos que está impulsando la comunidad internacional mientras que el jefe nato de las fuerzas armadas no ponga fin a la guerra antinarco y ordene el regreso de los militares a sus cuarteles y guarniciones.
