Trascendental llamada de atención
Por Raúl Jiménez Vázquez
En días pasados, se dieron a conocer las observaciones emitidas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como consecuencia de la visita oficial realizada hace un año. Todas reflejan nítidamente la preocupación que está suscitando en la comunidad internacional la crisis humanitaria por la que atraviesa nuestro país, cuya existencia ha sido sistemáticamente negada por las autoridades.
Tres de ellas tienen que ver con las debilidades intrínsecas que acusan los diseños institucionales. Una versa sobre la posible creación de un consejo encargado de asesorar al Estado mexicano en el diseño y aplicación de estrategias y reformas que permitan revertir la tasa de impunidad, propuesta a la que hicimos alusión en la entrega de la semana pasada.
Otra está centrada en la conveniencia de establecer una oficina especializada de alto nivel en la Procuraduría General de la República, a la que competería garantizar que las torturas, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas sean investigadas y castigadas ejemplarmente.
La última se refiere a la instrumentación de un mecanismo interinstitucional para monitorear y asegurar el cumplimiento de los estándares y recomendaciones internacionales y regionales, así como la implementación de un sistema nacional de estadística de derechos humanos con participación de la sociedad civil.
Asimismo, el personero de la ONU hizo notar la necesidad de que se reforme la legislación militar a fin de que las instancias civiles cumplan plenamente con su deber de investigar cualquier práctica indebida de los elementos de las fuerzas armadas, incluyendo las responsabilidades por cadena de mando. Tal planteamiento fue complementado con la observación en el sentido de que es preciso asegurar una efectiva rendición de cuentas por las transgresiones a las garantías fundamentales cometidas por los militares.
Lo anterior tiene un sustento empírico pues, según datos recientemente difundidos en los medios, el sector castrense ostenta el primer lugar en el ranking de violaciones a los derechos humanos; dato que deviene de las 12 mil 408 quejas interpuestas ante la CNDH en contra de sus miembros durante el lapso comprendido de diciembre de 2006 a enero de 2016, por presuntas ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, allanamientos, acusaciones falsas y otras irregularidades.
El gobierno no puede, no debe poner oídos sordos a esta trascendental llamada de atención proveniente del máximo órgano político jurídico de la humanidad. Negar la realidad, persistir en la patología de la “ceguera de taller”, seguir aferrados a la visión de que se trata de una conjura de los necios, sólo servirá para ahondar la crisis e incrementar la falta de credibilidad de quienes son los primeros obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
