Foros públicos en discordia administrativa
Por José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Que en vuestra casa cada cosa tenga
su lugar, y cada negocio, su tiempo.
Franklin
El incidente registrado en las calles de la Tabacalera el pasado 2 de noviembre, protagonizado por autoridades delegacionales de Cuauhtémoc y personal del equipo de filmación del cineasta Alfonso Cuarón, además de desatar una reacción viral en redes sociales, exhibió la ausencia de coordinación entre las instancias culturales del gobierno del Dr. Mancera y las autoridades delegacionales que autorizan la realización de corto y largometrajes que tienen la ciudad como foro de sus historias.
Nutrido por la experiencia como hijo de cineasta y servidor público, el diputado Tomás Pliego Calvo presentó una iniciativa de Ley de Filmaciones del Distrito Federal que proveyó los mecanismos de mediación entre autoridad, vecinos y productores a efecto de facilitar la armonía social y el control vial del uso de calles y banquetas de la ciudad.
Esa iniciativa fue aprobada en diciembre de 2008 y decretada en la Gaceta Oficial de la ciudad el 17 de febrero de 2009; no obstante la importancia de tal ordenamiento, la administración de Marcelo Ebrard emitió el reglamento correspondiente hasta el 30 de septiembre de 2011 e, inmerso como estaba su gobierno en un ánimo concentrador de facultades, desvirtuó el mecanismo de concertación previsto por la ley, que otorga a la Comisión de Filmaciones un poder centralizador que sistemáticamente provoca enfrentamientos entre autoridades, y entre ellas con productores y vecinos.
A pesar de los severos señalamientos y condenas que en marzo del pasado año se hicieron a las draconianas disposiciones otorgadas a los productores de Spectre por “sitiar” un importante perímetro del Centro Histórico para la filmación de una secuencia del filme de James Bond —que dura escasos tres de los 148 minutos que componen la película—, la Comisión de Filmaciones de la CDMX sigue otorgando permisos que en su práctica burocrática solo requieren del simple envío de una copia a quien debe administrarlo, pensando que con ello resuelve lo que requiere de una estrategia de información, sensibilización y promoción hacia la autoridad delegacional, a efecto de que ella la replique hacia la comunidad cuyas calles, colonias o edificio han sido elegidas como foros de rodaje.
La ausencia de solidaridad burocrática entre el gabinete de gobierno de la ciudad se refleja —y agudiza— en la relación entre las instancias “centrales” y las delegacionales, y las consecuencias son indebidamente pagadas por productores y vecinos, es decir, por los gobernados que al fin de cuentas son quienes pagan los sueldos de los funcionarios públicos en quienes depositaron su confianza para ser armónicamente gobernados.
A fin de resolver tan dramática descoordinación, bien haríamos en recordar las sabias palabras del presidente Franklin, para quien el orden garantiza que cada cosa tenga su lugar y cada negocio su tiempo.
