Estela de muerte
Raúl Jiménez Vázquez
México acaba de ser sometido a un exhaustivo examen por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La agenda abarcó, entre otros temas, la problemática de los desaparecidos y los desplazados, la cual de tiempo atrás ha inquietado profundamente al ombudsman hemisférico, al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a muchas otras instancias supranacionales. No es para menos ya que sobre las espaldas del Estado mexicano gravita un horrendo e inadmisible pasivo: entre diciembre del 2006 y agosto del 2015 se han registrado más de 30 mil desaparecidos, más de 250 mil personas desplazadas de sus lugares de origen y más de 150 mil vidas humanas sacrificadas.
Esta catástrofe no surgió por generación espontánea. Es consecuencia de un proceso que arrancó hace diez años, cuando el gobierno federal le declaró la guerra al crimen organizado y tomó la determinación de sacar a soldados y marinos de los cuarteles y guarniciones.
No obstante la extrema gravedad de ese estado de cosas, fuerzas políticas afines a los altos mandos militares están impulsando el plan de otorgar atribuciones inéditas y exorbitantes a las fuerzas armadas para que intervengan cuando “estén en peligro la estabilidad, la seguridad o la paz pública”, proyecto que, dado el caso, cristalizaría con la emisión de la Ley de Seguridad Interior.
En la entrega anterior hicimos notar que con esta acción se quiere regularizar y volver indefinida la presencia del ejército en las calles, lo que conllevaría el derribamiento de los mandatos contenidos en los artículos 121 y 129 constitucionales, que previenen que la seguridad pública es propia de los civiles y que en tiempos de paz las autoridades militares no puede ejercer más funciones que las relativas a la disciplina castrense.
Tal pretensión atenta contra la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la normatividad emanada de la Carta Democrática Interamericana. También contraviene los señalamientos hechos por diversos personeros de la comunidad internacional; uno de ellos, el representante en México de la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito, afirmó en fecha reciente: “La postura de Naciones Unidas es que en todos los Estados democráticos, todas las tareas de seguridad deben ser llevadas a cabo por fuerzas de policía y no por fuerzas militares”.
Así pues, el fin último de la iniciativa que nos ocupa no es otro que dar curso a un estado de excepción totalmente incompatible con los derechos humanos y el paradigma del Estado constitucional de derecho. A ese respecto, es oportuno traer al presente la advertencia del jurista uruguayo Héctor Gros Espiell, expresidente de la Corte Interamericana: “Los estados de excepción han sido utilizados para disimular golpes de Estado o como cortinas para ocultar los comienzos de regímenes tiránicos”.
Emitir un no rotundo a la militarización del Estado y a la estela de muerte que ello conlleva, es un imperativo categórico de las organizaciones de la sociedad civil.
