A lo largo de los últimos 10 años se han registrado diversos asesinatos de alcaldes que, al gobernar puntos estratégicos, son vulnerables al crimen organizado. Apenas el pasado 17 de diciembre, el Presidente Municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, José Villanueva, fue ejecutado por dos sicarios que se dieron a la fuga.
Según un recuento de la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac), de 2006 a agosto de este año habían sido asesinados 82 autoridades municipales, 36 ex ediles y siete electos; Oaxaca ocupa el mayor número con 15 casos, más el ocurrido el sábado.
Entre las cuatro entidades que concentran la mitad de muertes en estos últimos 10 años se encuentran: Michoacán, Oaxaca, Durango y Guerrero. Tan sólo este año han sido asesinados cinco alcaldes en funciones: Gisela Raquel Mota Oacampo, edil de Temixco, Morelos; Juan Antonio Mayén Saucedo, de Jilotzingo, Edomex; Domingo López González, de San Juan Chamula, Chiapas; Ambrosio Soto Duarte, de Pungarabato, Michoacán; y José Santa María Zavala, de Huehuetlán El Grande, en Puebla. José Villanueva Rodríguez, es el sexto.
Exigen esclarecer asesinatos
Tras el asesinato de Villanueva, los líderes regionales y estatales de PRD y Morena exigieron al gobernador Alejandro Murat que haya justicia y no se permita la impunidad, por lo que pidieron la renuncia del fiscal de la entidad quien no ha podido aclarar los asesinatos de más de 30 activistas y militantes de ambos partidos.
Por su parte, Murat condenó el asesinato y advirtió que su administración está comprometida a desterrar la inseguridad, la violencia y todos los hechos que pongan en riesgo la estabilidad y seguridad social de los ciudadanos.
El homicidio del presidente municipal de Ocotlán, ocurre a dos semanas de concluir su mandato constitucional. Apenas en agosto pasado, Villanueva había sido restituido en su cargo por una resolución a su favor emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al ser demostrado que el Congreso local incurrió en un error al suspenderlo de su mandato en el mes de julio.
La legislatura local pasada suspendió a Villanueva por no pagar dietas, aguinaldos y demás prestaciones a cinco ex concejales, de la administración municipal que lo antecedió. Para la SCJN la decisión de la 62 Legislatura local resultó equivocada porque ningún alcalde en funciones está obligado legalmente a pagar una deuda de gobiernos pasado. Luego de la controversia, la Corte le restituyó sus derechos al presidente municipal; Villanueva regresó al frente del ayuntamiento.
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