Hace ya un año que Cristina Fernández de Kirchner dejó la presidencia de Argentina. Este miércoles volvió a ser noticia luego que un tribunal iniciara un juicio en su contra por presuntos cargos de corrupción. Sucede que la ex mandataria está ahora en el banquillo de acusados por desviar recursos hacia una empresa denominada Austral Construcciones, con la que tenía un favoritismo en contratos públicos. La suma asciende a más de 600 millones de dólares, lo cual no concuerda con sus declaraciones patrimoniales hechas a principios de 2016.

Previo a su salida en la presidencia, Fernández de Kirchner había declarado fondos personales por 5 millones de dólares. Esta discrepancia, permitió al juez Julián Ercolini abrir un nuevo caso en su contra. El magistrado podría incluso aplicar medidas precautorias para asegurar la realización del juicio tales como impedir su salida del país e incluso dictar prisión preventiva.

La ex presidenta no perdió tiempo y respondió a través de las redes sociales con duras críticas al juez. “Ercolini, con esposa vocera del ministro de Justicia macrista, en una causa que lleva más de 8 años en su juzgado, ahora dice que nuestros Gobiernos constitucionales fueron asociaciones ilícitas. Asociación ilícita fue la figura penal creada por gobiernos de facto utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores”, escribió.

La investigación no sólo la incluye a ella, sino al ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; a Lázaro Baéz, dueño de Austral Construcciones, que actualmente se encuentra preso por presunto lavado de dinero. También a José López, ex secretario de Obras Públicas, quien ya permanece detenido desde el 14 de junio, luego que fuera capturado por la policía lanzando bolsas con fajos de dólares hacia un convento en las afueras de Buenos Aires.

Este es el segundo juicio que se hace contra Cristina, pero es el primero en el que se le fundan acusaciones de corrupción. La justicia argentina también la investiga por una operación con la venta de dólar a futuro por parte del Banco Central y por favorecer a Austral Construcciones con contratos por más de 3 mil 300 millones de dólares, durante su administración en la provincia de Santa Cruz.

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