Entrevista con Martha Cecilia Romero Apis/Abogada por la Universidad Iberoamericana

Gerardo Yong

Estados Unidos se encuentra al borde no sólo de la ingobernabilidad, sino de la inestabilidad política. El que ha sido hasta ahora el país líder de la comunidad internacional podría convertirse pronto en un polvorín social. De hecho, las crecientes protestas desatadas a partir de la asunción de Donald Trump demuestran que gran parte del pueblo estadounidense reprueba el estilo de gobierno a menos de tres semanas de ejercer el poder. El magnate republicano, que logró la victoria con su estilo pendenciero, menos político, está descarrilando la maquinaría política que durante varias décadas había consolidado al país de las barras y las estrellas al frente de las naciones del planeta.

Esto lo dijo el diario estadounidense Huffington Post y destaca que el impeachment contra el magnate cada vez gana más terreno como la única forma de parar la catástrofe que un gobernante inexperto, con tendencia caprichosa, más acostumbrado al trato esclavista y notablemente inepto para la presidencia, está sumiendo al país de los bravos. Este empresario ha reinventado su presidencia, desestimando las protestas masivas contra su gobierno. En tan solo unas semanas, dictó doce órdenes ejecutivas, más que las de cualquiera de sus antecesores firmaría durante sus administraciones. George W. Bush solo firmó dos y Barack Obama en sus primeros cien días de gobierno llegó a 19. También ha batido un récord en cuanto a que muchos de esos dictámenes han encontrado oposición en el mismo gobierno, enfrentando a instancias como el Congreso y la Suprema Corte de Justicia, creando circunstancias que podrían incluso llevar a una fase de ingobernabilidad e inestabilidad para Estados Unidos.

Apenas asumió el poder, firmó la orden ejecutiva para eliminar el Obamacare, sin someterlo a discusión con los órganos legislativos; firmó un decreto por el que se impide el acceso a territorio estadounidense de refugiados y ciudadanos de siete países islámicos, una medida que incluso su propia bancada republicana le criticó al decir que, en lugar de controlar el terrorismo, lo va a impulsar más. En este caso, subyace la posibilidad de que esta medida esté afectando los derechos de terceros y pueda ser declarada inconstitucional.

Para Martha Cecilia Romero Apis, especialista en la Constitución norteamericana y litigante en derecho civil y constitucional, varias de las acciones y decretos dictaminados por el nuevo presidente estadounidense podrían meterlo en problemas por cuestiones de inconstitucionalidad. Según la experta, el gobierno trumpista también podría verse afectado por un conflicto de intereses creado a partir de sus empresas, de las cuales no se ha deslindado para privilegiar su actividad presidencial. La situación es de tal manera alarmante para el país de las barras y las estrellas que hasta el propio mandatario saliente Barack Obama se sumó a las protestas populares contra Trump, pues señaló que el pueblo ya se dio cuenta de que la política del empresario neoyorquino ha empezado a afectar los valores americanos.

¿Qué aspecto anticonstitucional ve en los dictámenes hechos por la política de Donald Trump?

En el ámbito internacional, creo que las medidas que está adoptando Trump son muy conflictivas tanto en lo interno como en lo externo. El primero con respecto a estas órdenes de seguridad, relativas a la prohibición de entrada en el territorio contra siete países islámicos y, por otra parte, las cuestiones respecto al comercio exterior. Sobre el primer caso, la orden ejecutiva que dio va a encontrarse con severos problemas, los cuales ya estamos viendo con los decretos que han emitido ciertas cortes estatales y, finalmente, que se pronuncie la Suprema Corte de Justicia en contra de ellas, porque atentan contra las garantías constitucionales, como el caso de la libertad religiosa. Pareciera ser una medida enfocada a prohibir la entrada derivada de la religión que ciertas personas profesan.

De entrada esa sería una orden que puede ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Por otro lado, es una medida que también es contraria al Inmigration Status que, desde hace cincuenta años establece que no se le puede prohibir la entrada o la circulación en el territorio a ninguna persona por cuestiones religiosas. Es una medida que muy pronto será declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. No creo que pueda permanecer mucho tiempo en vigor, lo cual me parece muy bien.

En el aspecto comercial, ¿Trump estaría incurriendo en cierta inconstitucionalidad al lesionar las relaciones bilaterales?

Va a depender mucho de la interpretación que haga con respecto de la Constitución. La Carta Magna de Estados Unidos, en su artículo segundo, otorga al Ejecutivo poder implementar todas las medidas necesarias para llevar a cabo los mandatos constitucionales y, entre otras cosas, dirigir la política exterior del país.

Hay que considerar también que este tipo de órdenes ejecutivas tienen que ir de acuerdo con la Constitución y con las leyes que emita el Congreso. Sin embargo, la tendencia en Estados Unidos es ser cada vez más permisivo con las órdenes ejecutivas que emite el presidente, de tal suerte que este cada vez ha hecho más amplia esta facultad legislativa a partir de las órdenes ejecutivas que proclama.

El presidente, a través de esta facultad legislativa, ha sacado a Estados Unidos de ciertos tratados que tiene con otros países. Lo vimos en 1936 con un tratado que Washington tenía con Italia; lo volvimos a ver en 1976, cuando el presidente en turno terminó con un tratado celebrado con Taiwán; lo mismo pasó en 1985, cuando Ronald Reagan finalizó un tratado que tenía con Nicaragua.

Aquí lo que vemos es que, en efecto, el Ejecutivo tiene capacidad para finalizar tratados, aunque nunca había sido en temas comerciales realmente. La interrogante que se plantea aquí es si lo puede hacer el presidente derivado de esta facultad generada en la Constitución. Cualquier tema incluyendo el comercial o no parte de cómo pueda ser intepretado, y lo puede hacer en cuanto se refiera a política exterior.

Corte, la única que puede interpretar la Constitución

Otra corriente ha interpretado que se puede hacer sin el permiso del Congreso, sobre todo, del Senado, porque el Congreso tiene depositada la facultad en materia de comercio, pero finalmente son cuestiones de fondo comerciales. La corte realmente nunca se ha pronunciado, pese a que finalmente es la única encargada de interpretar la Constitución. No ha tenido la oportunidad todavía de pronunciarse sobre si es una facultad que todavía tiene el Ejecutivo o que la tenga que ejercitar junto con el Congreso.

Por otro lado, se ha hablado de otras medidas que pudiera tomar Trump con respecto a la relación bilateral con México sobre comercio exterior, sobre todo con esta amenaza de imponer un arancel del 20 por ciento a los productos mexicanos que ingresen en el mercado estadounidense. Si lo pueda poner o no, depende más del camino que tome. Uno de ellos permite —en caso de que considere que los productos que están entrando atentan contra la seguridad nacional de Estados Unidos— que lo pueda hacer si se lo autorizan.

Hay una ley que se llama The Trade Expansion Act de 1962, que le da facultades a la Secretaría de Comercio para investigar aquellas importaciones que plantean algún tipo de amenaza a la seguridad nacional. En ese caso la Secretaría de Comercio tendría que reportar o emitir un informe para que el presidente pueda limitar o restringir la entrada de los productos en el territorio nacional sin necesidad de tener un visto bueno del Congreso. Hay otra ley que permite al presidente hacerlo, se llama Internacional Economic Emergency que también permite, por cuestiones de seguridad nacional y seguridad económica, mantener ciertos controles con respecto a las importaciones que se hagan.

Por el otro lado, también está la Trade Act de 1974, que  permite a la United States Trade Representative iniciar una investigación cuando se considere que ciertos productos están siendo importados bajo prácticas desleales de comercio. Finalmente este es el camino que más se utiliza. ¿Cómo es este proceso? Se hace una investigación, la cual se reporta a la Organización Mundial de Comercio [OMC], se siguen los mecanismos para denunciar estas prácticas desleales de comercio en la propia OMC y a partir del resultado que emita la organización pudiera imponerse algun tipo de arancel o cuota compensatoria. Eso es generalmente lo que Estados Unidos ha seguido en otras ocasiones no solo con respecto a productos mexicanos sino a otros provenientes de diversos países que se importan bajo prácticas desleales de comercio, y que está totalmente permitido.

Trump y el conflicto de intereses

Se habla de que los negocios de Donald Trump podrían crearle un conflicto de intereses respecto a su gobierno, ¿qué pasaría en tal sentido?

Tendría que deslindarse en cuanto al oficio que está desempeñando en este momento, deslindarse de sus intereses personales y del control y la dirección que tenga de sus empresas. De no hacerlo, desde luego podría ser cuestionado en algún momento por el propio Congreso, porque no está desempeñando su función para beneficio del país y de los ciudadanos norteamericanos. No es tarea fácil, es un tema nuevo que no se había visto antes y no se sabe qué tanto lo puedan cuestionar las autoridades legislativas y judiciales. Es complicado.

¿Qué pasaría con Donald Trump de seguir por el camino que ha tomado?

Podrían suceder dos cosas: primero que todas estas órdenes que comienza a dar sean controvertidas ante la Suprema Corte de Justicia y las declare inconstitucionales; también que impidan la aplicación de las propias órdenes, o bien que sea el propio Congreso el que frene estas decisiones a través de emitir una legislación contraria a las órdenes ejecutivas y a las medidas que se estén tomando.

Para esto se requeriría de las dos terceras partes tanto de la Casa de Representantes como del Senado, lo cual muchas veces no es sencillo obtener esta mayoría calificada para prevalecer frente a una orden ejecutiva y una orden legislativa. Pero, qué pasa si hemos estado viendo en los últimos días —con respecto a ciertas medidas que el presidente de los Estados Unidos ha tomado— manifestaciones por parte de congresistas en contra de estas órdenes ejecutivas y manifestaciones del Poder Judicial en contra.

Si llegamos a ese punto donde los poderes comiencen a bloquearse, pues desde luego Estados Unidos entraría en una situacion de ingobernabilidad terrible; algo que no hemos visto comúnmente. Sí pasa que a veces tanto el Poder Judicial como el Legislativo frenan órdenes del Ejecutivo. Como en todos los países presidencialistas parece apuntar a que, en este caso, pueda ser una constante del gobierno de Trump, lo cual pudiera crear una situación de ingobernabilidad para Estados Unidos e inestabilidad para el propio país.