¿Y el fiscal, para cuando?
Carlos Alberto Pérez Cuevas
Se dice que el tiempo es un gran maestro;
lo malo es que va matando a sus discípulos. Hector Berliotz
Los días corren como agua y este año se esta agotando rapidísimo, los ánimos y muchas acciones en el país se están centrando en la batalla que vivirán los cuatro estados que tienen elección, tres para cambio de gobernador y uno para alcaldías.
Los debates, argumentos y luchas por hacerse del poder de esas entidades estarán creciendo y generando que la sociedad empiece a polarizarse entre una u otra opción. Con la posibilidad de que muchos de los temas trascendentes de pronto queden en un segundo plano de importancia y se retrase mas su aplicación o instrumentación.
Así tenemos el caso del Sistema Nacional Anticorrupción que no termina de cuajar y la ruta para su implementación ha sufrido un auténtico calvario, desde que se retrasaron los dictámenes para que la ley tuviera vida, hasta que se olvidaron de asignar una partida de recursos en el presupuesto de egresos de la federación.
Y de ahí a la conformación de los órganos tanto ciudadanos de designación, a su vez, de los consejos e instituciones para ir configurando el sistema en su conjunto, que ha logrado moverse más por la insistencia de los diversos organismos de la sociedad civil organizada que por las ganas de las autoridades de hacer realidad el sistema.
Hasta ahora algo digno de reconocerse y celebrarse es la conformación del consejo ciudadano anticorrupción, que se ha integrado con destacadas personalidades, académicamente muy sólidos y con un prestigio ciudadano muy relevante. Ese es un gran paso y tiene que tomarse en cuenta para así conformar las piezas del rompecabezas que aún falta por armar.
Si bien es cierto que los principales problemas se han centrado en que en las entidades federativas la implementación del sistema anticorrupción va muy lenta y en algunos casos sin movimiento alguno, la federación debe involucrarse y gestionar lo necesario para concluir con este pendiente.
Y otro caso muy relevante es la varias veces pospuesta determinación de nombrar un fiscal anticorrupción que dependerá de la Procuraduría General de la República, cuya principal tarea será armar los expedientes y casos de corrupción para que estos puedan ser llevados a instancias jurisdiccionales y, en su caso, cuando se prueben los ilícitos de corrupción estos puedan ser sancionados con todo el peso y rigor de las instituciones del Estado mexicano.
Esta figura que desde mi óptica y experiencia en sistemas anticorrupción debió de haber sido planeada como un órgano colegiado y no un ente concreto de una sola persona como titular. Sin embargo esto ya no fue posible, y hoy que se tiene esta figura de fiscal anticorrupción unipersonal, deberá de recaer en un perfil sólido y probado. Ojalá así sea y se fortalezcan las instituciones anticorrupción del país. Esperemos que el Congreso designe ya al fiscal.
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