Surgirá la mano dura
Raúl Jiménez Vázquez
Cada vez más y más se está haciendo evidente el rechazo a la propuesta de ley de seguridad interior, el traje legislativo a la medida exigido por las altas esferas milicianas a fin de que el sector castrense siga desempeñando funciones de seguridad pública, lo que de ninguna manera les está permitido por la Carta Magna. Ese es el enérgico grito de protesta que ha emergido de organizaciones como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Mexicanos Unidos, Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, entre otros.
Ello de ninguna manera es gratuito. El proyecto ostenta tremendos e insubsanables vicios de origen que lo hacen ser un genuino engendro jurídico: es manifiestamente conculcatorio de los artículos 16, 21 y 129 constitucionales; viola tratados internacionales de derechos humanos; transgrede la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emanada del emblemático caso Rosendo Radilla Pacheco y de otros más en los que el Estado mexicano ha sido condenado por este alto tribunal hemisférico; se desentiende de los pronunciamientos categóricos emitidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos y otras instancias internacionales; atenta contra el paradigma de la seguridad humana proclamado por la ONU; posibilitará la represión de las protestas ciudadanas; propiciará el escalamiento de la masacre que ha aparejado la guerra antinarco; ahondará la grave crisis humanitaria que estamos padeciendo los mexicanos; volverá permanente el Estado de excepción o suspensión de facto de las garantías constitucionales en el que está inmerso el país; y, finalmente, será el medio idóneo para instrumentar un plan Colombia para México.
En estrictos términos de realpolitik, el argumento impugnatorio de mayor peso específico acaba de ser aportado por el centro de estudios legislativos del Senado de la República: I) a diez años del inicio del combate al crimen organizado a través de estrategias bélicas, no se redujo la violencia existente en el país, sino todo lo contrario, se desencadenó una espiral de agresiones estructurales sin precedente; II) no existe información oficial que permita evaluar el desempeño y los resultados de los operativos militares.
Acorde a este demoledor diagnóstico oficial, la institucionalización de la militarización no es la solución a los problemas inherentes a la seguridad pública. Es una vía históricamente fracasada. La inseguridad no se resuelve a balazos. Ya lo dijo Einstein: “si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo”.
Es preciso oponerse a la ley de seguridad interior. Su aprobación implicará el otorgamiento a las fuerzas armadas de poderes excepcionales que no les corresponden, conducirá a la debacle del espíritu civilista de la Constitución de 1917 y facilitará el surgimiento de regímenes de mano dura análogos a los que tiñeron de sangre a las naciones del cono sur.
