Opera en regímenes autoritarios

Raúl Jiménez Vázquez

Hace unos días, en una comparecencia que tuvo lugar en el palacio legislativo de San Lázaro el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó que la adopción de la ley de seguridad interior sería un retroceso y un grave riesgo para el país, entre otros motivos, porque el término “seguridad interior” corresponde a regímenes autoritarios.

Esta referencia no pudo ser más certera y ha puesto el dedo en la llaga. Hay que recordar que enarbolando la consigna de la prevalencia de la seguridad interior, en la década de los años setenta se instalaron sanguinarias dictaduras militares en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. La gran mayoría de sus integrantes fueron juzgados y sentenciados por crímenes de lesa humanidad, ello a pesar del alegato en el sentido de que con sus acciones “habían salvado la patria”, que “solo se habían limitado a cumplir las órdenes de la superioridad” y que “únicamente podían ser sometidos al juicio de la historia”.

La expresión más perversa del discurso de la seguridad interior fue, sin duda, la Operación Cóndor, el pacto criminal instrumentado por las oligarquías militares bajo la férula del gobierno estadounidense que produjo una tragedia continental, una ola de sangre que no tiene parangón. En enero de este año, ejerciendo los poderes inherentes a la llamada “jurisdicción universal”, un tribunal de Roma impuso severas penas privativas de libertad a ocho militares de alto rango que participaron en esa empresa genocida.

A ese respecto, es preciso traer al presente que las innumerables y horrendas ejecuciones sumarias, torturas y desapariciones forzadas llevadas a cabo a lo largo del nefasto episodio de la guerra sucia fueron perpetradas por militares y miembros de la extinta Dirección Federal de Seguridad esgrimiendo el imperativo de la seguridad interior, lo que consta en la recomendación 26/2001 de la CNDH.

Así pues, es evidente la derrota de la ley de seguridad interior y debe ser puesta en el cesto de la basura. En su defecto, es menester armar un plan B a partir de estas y otras medidas afines: I) dar ya por concluidas la guerra antinarco y la Iniciativa Mérida); II) programar el regreso de los militares a sus cuarteles; III) instrumentar un programa con visión de Estado para el fortalecimiento de la seguridad pública, con base en las propuestas de la UNAM y al paradigma de la seguridad humana preconizado por la ONU; IV) aprobar la ley general de desaparición forzada y la ley contra la tortura; V) crear una comisión de la verdad para la guerra antinarco con facultades legales, entre otras, para establecer las acciones que se requieren a fin de evitar la repetición de estos graves acontecimientos y garantizar el goce del derecho humano a la paz integral.

Llevar ante la justicia a los responsables de las atrocidades cometidas durante este trágico periodo de la vida nacional, tendrá que ser la pieza maestra del plan alternativo al de la fracasada militarización del país.

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