Entrevista con Manuel Díaz Infante/Magistrado TSJCDMX
Irma Ortiz
Luego de que se aprobara con bombo y platillo la Constitución Política de la Ciudad de México el pasado mes de febrero, hoy el ordenamiento jurídico capitalino enfrenta una prueba de fuego ante la andanada de controversias constitucionales presentadas por diversas instituciones, por invadir atribuciones federales. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se enfrentará a uno los asuntos más complejos en su historia, tan solo la PGR presentó una acción de inconstitucionalidad para invalidar 39 conceptos.
Para el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) Manuel Díaz Infante, quien fuera presidente de la Comisión de Poder Judicial de la Asamblea Constituyente, no se trata de ninguna ofensiva federal, ni ataca los derechos de los ciudadanos. Se trata, asegura a Siempre!, de una Constitución donde se unió el agua y el aceite, donde algunos temas salieron por consenso mayoritario y otros por conveniencia pragmática o política, y hoy debe ser aterrizada bajo los parámetros constitucionales, para dar certeza a la ciudadanía.
¿Cuál es la génesis de la Constitución de la Ciudad de México?
Cuando al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México se le da la facultad exclusiva de presentar un proyecto de Constitución, convoca a 30 notables que escriben un proyecto con un sentido de una Constitución de izquierda. Luego ya en la Asamblea Constituyente, cuando en la Comisión redactora —de la que formé parte— se definió que se iba a hacer el reglamento de conformidad con la estructura que tenía el proyecto del jefe de Gobierno, ahí quedo sellada la vida y el camino de la Constitución; pudimos haberla desechado o tomar una sola parte —lo permitía la reforma constitucional promulgada el 29 de enero de 2016—, pero lo adoptamos y se formaron ocho comisiones.
La quinta comisión manejó el Poder Judicial, la fiscalía —que es la Procuraduría General de Justicia—, seguridad pública y todos los órganos constitucionales autónomos de la ciudad, una comisión que tuve el honor de presidir. Fue un trabajo muy álgido, con 25 miembros, se dio una suma de voluntades de fracciones parlamentarias que hacen mayoría, aunque no necesariamente se tenga el derecho y la razón.
Así se fue construyendo el dictamen, que fue muy amplio, más de 450 páginas de dictamen, la mayor parte por consenso. También hubo disenso, como debe de ser, y como lo expuse cuando presenté el dictamen ante el pleno, hubo armonía, respeto y se ventilaron todas las ideas. Sin embargo, puse un voto particular en contra del artículo 35 que es el Poder Judicial, su integración y cómo se componen las funciones y facultades, y el artículo 37, que es la constitución del Consejo Judicial Ciudadano.
Dictámenes Poder Judicial, hay inconstitucionalidades
Ahí está el meollo del Poder Judicial. En las comisiones, hubo una composición compleja, en nuestra comisión eran 6 del PRD, 5 de Morena, algunos del PAN, 2 del PRI, y 2 del Ejecutivo federal, fue muy difícil llegar a acuerdos. Al llegar a la discusión, fui el único que dijo públicamente que era inconstitucional lo que hacíamos, que violábamos el artículo 122 y 116, fracción tercera, de la propia Constitución. Lo dije desde el principio.
Puse un voto en particular, dos reservas al respecto y di el debate dos veces en el pleno, en cada uno de los artículos, perdimos, una por una cantidad más abultada, y otra, por un voto de diferencia.
De ahí parte lo que hoy sucede, las controversias por la falta de parámetros de seguridad constitucional. ¿Qué significa?, que los gobernados debemos tener certeza de que la norma plasmada en un cuerpo legal tan importante como es la Constitución Política de la Ciudad de México tenga todo el registro de constitucionalidad.
El hecho es que el Consejo Judicial Ciudadano está integrado por 11 elementos designados; ¿por quién?, por el Congreso de la Ciudad. Desde ahí tienen una etiqueta, quién en su sano juicio cree que una mayoría en un cuerpo colegiado llámese Asamblea, Congreso, Cámara de Diputados, Senadores, va a cederla para que la oposición ponga a los miembros, eso no existe. Qué dice la Constitución: El Congreso de la Ciudad de México convocará públicamente a instituciones, academias, institutos o cualquier persona física e individual para que se registre y se elijan a los miembros de ese Consejo Judicial Ciudadano, integrado por 11 personas. Estas personas designadas por el Congreso, elegirán a su vez a siete miembros del Consejo de la Judicatura.
Así, el Consejo está instalado por la mayoría del color que se desee, se saca un acuerdo por consenso de los demás o por mayoría para la convocatoria, donde salen 11 consejeros judiciales ciudadanos, sin salario. Consejeros que tendrán a su cargo designar cuestiones fundamentales; uno, los siete consejeros de la judicatura —tres serán de carrera y cuatro externos sin ningún conocimiento de lo que es el Poder Judicial— y por otro lado, presentarán las ternas para el fiscal de la ciudad.
Luego, esos consejeros judiciales ciudadanos desaparecen y la pregunta es: ¿qué responsabilidad tuvieron al elegir al fiscal y a siete consejeros?; ninguna, no se les puede aplicar alguna norma porque no fueron servidores públicos, lo que contraviene la Constitución que dice que “no puede haber trabajo no remunerado” salvo en cuestiones electorales —funcionarios de casilla— todo tipo de empleo que desempeñe la federación, estado, municipio debe ser remunerado, es el primer viso de inconstitucionalidad.
Los miembros del Poder Judicial van a tener dos funciones fundamentales; uno, administrar, vigilar, disciplinar a todo el TSJ y el Consejo de la Judicatura; y dos, manejar la carrera judicial mediante exámenes diseñados por ellos para aprobar a los jueces.
Sin ser mal pensado, el Congreso tiene una mayoría, saca la convocatoria, elige a los 11 consejeros judiciales ciudadanos quienes a su vez designan al Consejo de la Judicatura, quien elige la terna de magistrados, y esta a su vez selecciona a uno. Es el Congreso de arriba a abajo, absolutamente lineal; hay un avasallamiento al Poder Judicial, a todas luces inconstitucional.
Por el lado de los magistrados, se consiguió algo muy importante y es que van a tener que hacer un examen de oposición, donde se conformarán ternas con los mejor calificados. Ahí puede haber otro viso de inconstitucionalidad; si los tres ya pasaron, ¿por qué el Congreso va elegir a uno de los tres?; los otros dos, que también ganaron, ¿por qué quedaron fuera? Tendrán que tener una escala de valores para seleccionar quién es el mejor de todos y la pregunta es quién elige: el Congreso.
Además, tenemos un problema delicado, hoy en día el Consejo de la Judicatura se constituye por siete elementos, cuatro son del Tribunal: el presidente, un magistrado y dos jueces —electos por escrutinio secreto por el pleno de magistrados—; no es una elección como tal. Quienes deseen, se inscriben, presentan sus propuestas al pleno y el día de la elección se decide quién debe de ser consejero de la Judicatura por cinco años. De los otros tres miembros, dos son designados por el Congreso libremente y puede haber convocatoria o no, y otro es nombrado directamente por el Ejecutivo de la Ciudad de México.
¿Qué sucede con la nueva estructura?
Que al Ejecutivo federal lo aíslan totalmente, no tiene posibilidad de nombrar a uno solo, y ahora es el Congreso el que maneja a todos los consejeros de la Judicatura; se rompe el equilibrio de poderes. Le dejamos la mayoría al órgano que va a gobernar, que es el Poder Judicial, le ponemos dos del Legislativo y uno del Ejecutivo.
Un equilibrio formal, real, es como está en la actualidad el Poder Judicial. Si comparamos los dos órganos de gobierno, vemos que tiene más visos democráticos el que tiene cuatro del Poder Judicial, dos del Legislativo y uno del Ejecutivo, respecto a los siete del Legislativo. Se rompe un equilibrio de poderes que se va a traducir en una controversia constitucional.
¿Qué pasará con las controversias?
Hay controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Las controversias las presentaron la CNDH, el Ejecutivo federal, el TSJCDMX, el Senado. ¿Qué sucederá? En primer lugar, creo que la epidermis sensible debe quedarse de lado, no nos están enmendando la plana, están haciendo un ejercicio real, formal, que tenemos que tener todos. Es mejor que nos hagan ver errores que existen ahora en la Constitución en los diferentes temas, a que luego venga una cascada de amparos de los ciudadanos.
¿Los riesgos?
Son muy relativos y son reales. Centrémonos en el artículo 35 de la Constitución capitalina en lo que hace al Consejo Nacional Ciudadano, que va de la mano con el 37. Si la Corte define que algunas de las acciones de inconstitucionalidad o todas las controversias en su conjunto llevan a la conclusión de que no es constitucional ese artículo, no puede existir. ¿Quién lo enmendará?; la Asamblea Constituyente ya quedó disuelta y no puede ser convocada, porque fuimos electos o designados para un solo objetivo: constituir y construir una Constitución, no reformarla. ¿Quién será la autoridad responsable?: la Asamblea Legislativa y probablemente el jefe de Gobierno como la autoridad emisora del proyecto. La ALDF será depositaria de la resolución y tendrá que modificar la Constitución. Nadie lo va a poder hacer antes porque ni siquiera está vigente la Constitución, que entrará en vigor el 18 de septiembre de 2018.
¿Y las leyes secundarias?
No se pueden dictar, tendrán que esperar a que se resuelvan las controversias, a menos de que hayan sido normas no impugnadas. Hay que estudiarlas en su conjunto para ver qué sucede, quedan en un impasse. Sin embargo, hay dos cosas: uno, la parte electoral que debe quedar resuelta antes de mayo porque así lo dice la ley federal; no se puede legislar después de ese mes, porque ya entran en operación las nuevas normas para la elección, no va a haber redistritación en este momento y no van a cambiar las delegaciones. La redistritación de los 33 distritos tendrá que llevarse a cabo y ajustarse a la realidad de la norma constitucional.
No olvidemos que Morena ya impugnó la composición de 33-33 y si no se ha resuelto, no pueden legislar, y si no pueden hacerlo, la norma vigente actúa. El estatuto de gobierno y todas las normas electorales al día de hoy están vigentes, no es “la nada” jurídica y tampoco hay ninguna parálisis.
Hoy se asegura que existe una estrategia política para atacar al jefe de Gobierno, para no darle sus derechos a los capitalinos…
Hay lecturas equivocadas, dicen cosas que no son ciertas. Escuché a varios diputados constituyentes que señalan que cómo es posible que el presidente de la república enmiende la plana a los miembros que designó o a los de su propio partido. Se les olvida que votamos en contra. Habría que analizar cada una de las votaciones que están en el ciberespacio y revisar quiénes votamos a favor, quiénes en contra y quiénes se abstuvieron.
Insisto, no hay nada de parálisis, todo continuaría como se encuentra actualmente, lo que no está impugnado entrará en vigor el 18 de septiembre de 2018 y para lo que no se haya resuelto por la Corte, están las leyes vigentes, para que esto no se detenga. En la medida en que se resuelva y vaya legislando la primera legislatura del Congreso de la Ciudad, se irá ajustando y tendremos una Constitución con todos los parámetros constitucionales.
Se señala que es una estrategia federal, porque Morena avanza y tienen miedo de que se apodere de la Ciudad de México.
Se lo dijimos durante los trabajos, pueden ganar en la constituyente la votación pero después hay otras instancias. Son victorias en donde se sumaron el agua, el aceite y otras cosas que parecieran imposibles de unir, se sumaron con tal de sacar algo en contra de algo. Se hizo política, algunos temas salieron por consenso mayoritario, otros no, salieron por conveniencia pragmática o política, se unieron diversas fuerzas que era imposible que se pudieran unir pero con tal de ir en contra de “alguien”.
¿Qué expectativas ve en la SCJN ante la andanada de controversias?
Las normas que sean inconstitucionales la Corte así las declarará, no es un restaurante. Aquí no puede ser a gusto de cada quien, es o no es constitucional y se acata. Soy juzgador y mis sentencias se acatan, y si no es así, se cae en un incumplimiento, ya se sabe lo que le va a pasar. La SCJN no acepta consignas de nadie y tampoco se trata de una conjura política. Desde el principio se vio que la Constitución se redactó de manera compleja y también lo es su andamiaje. Es una Constitución aspiracionista pero todas las Constituciones tienen que serlo, sin embargo se tienen que tener cuestiones de realidad. No hubo consigna, es mi opinión.
Sin embargo ya estamos en procesos electorales…
Eso ya es otro tema, si quieren politizarlo 100 por ciento y meterlo a otras cuestiones, cada quién está en su derecho. Ahora hay que esperar la decisión de la Corte y creo que será de los asuntos más complejos en la historia de la SCJN, sin duda, ver bajo 7 u 8 ópticas totalmente distintas y aterrizarlas en un solo dispositivo. Una situación que ni por asomo pudo haber pasado en 1917.
Sin embargo, que le pregunten a los jacobinos la bronca que tuvieron. Carranza contra Obregón y Obregón contra Carranza, ahí es cuando se engrandece el 17, con los métodos arcaicos que tenían consolidaron una Constitución. Eran dos grupos predominantes, aquí éramos 10 fuerzas distintas, fue muy difícil y el sistema muy duro: parlamento abierto y consulta ciudadana. Dictaminar una a una cada una de las iniciativas y cada una de las propuestas lleva a esto, tratar, no de quedar bien con todos, pero si buscar incorporar lo que más se pudiera de las ideas de la sociedad; es algo complejo que puede acabar en muégano.
