Entrevista con Jaime García Chávez/ Movimiento Unión Chihuahuense

Irma Ortiz

Desde hace dos años y medio, el abogado y activista social Jaime García Chávez interpuso una denuncia penal en contra del entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez por la creación de un fideicomiso con el que compró acciones del Banco Unión, donde su secretario de Hacienda Jaime Herrera, diseñó y creó el Banco, con una inyección millonaria de recursos públicos para aparentar la solvencia de la Unión de Crédito Unión Progreso.

Una denuncia que presentó en septiembre de 2014 y que diera origen al colectivo Unión Ciudadana en la que participaron diversos sectores y que mantiene su demanda fundamental: que sea consignado el hoy prófugo ex mandatario así como varios de sus funcionarios. La PGR no ha dado ninguna respuesta.

Luego vendría el recrudecimiento de la ola de violencia en la entidad y el asesinato de la corresponsal de La Jornada, Miroslava Breach, al tiempo que se publicaban fotografías del gobernador Javier Corral, jugando golf en Mazatlán.

Se desató una ola de protestas en contra del gobierno del estado que serían atemperadas por la tronante declaración del gobernador de que el ex mandatario era un “prófugo de la justicia” —acusado de corrupción y enriquecimiento personal —y que se encontraba muy tranquilo en El Paso, Texas, mientras que eran detenidos varios de sus funcionarios. Corral calculó que el daño patrimonial era de 6 mil millones de pesos.

Siempre platicó con el abogado y activista social Jaime García Chávez sobre las expectativas que tiene sobre la detención del ex mandatario chihuahuense.

Usted fue de los primeros en interponer denuncia penal contra César Duarte, ¿qué expectativas tiene luego de que se anunciara una orden de la PGR para detener al ex mandatario estatal?

El 23 de septiembre de 2014 se interpuso ante la PGR en la ciudad de México una denuncia en contra el gobernador César Duarte, de Jaime Herrera Corral, secretario de Hacienda y el extinto diputado Carlos Hermosillo. Los delitos señalados fueron por enriquecimiento ilícito porque César Duarte, con su esposa, instituyeron en Banorte, un fideicomiso de inversión por 65 millones de pesos con la instrucción a la fiduciaria de que lo invirtiera en la compra de acciones del Banco Progreso en Chihuahua; se creaba un banco con un apalancamiento con fondos no explicados en cuanto a su origen lícito.

Se aportaron pruebas: el propio Fideicomiso y se aportó también el depósito por 80 mil millones de pesos que hizo su secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral para darle un volumen que hiciera creíble que Unión Progreso se podría convertir en banco.

La denuncia se centraba en el primer cargo, porque Duarte no pudo justificar los 65 millones de pesos; luego vienen otros delitos como el conflicto de interés de Jaime Herrera Corral por ser estratega para la creación del banco, accionista y secretario de Hacienda. El extinto Carlos Hermosillo hacía depósitos en ese banco, la situación la planteamos como peculado, como uso abusivo de atribuciones, un cúmulo de delitos.

A dos años y medio de la demanda, la Procuraduría General de la República no ha tenido la voluntad de proceder en contra de César Duarte y de su secretario de Hacienda. Esa denuncia generó un movimiento cívico que se llama Unión Ciudadana, que mantiene una lucha cívica fue para que se les castigue.

En noviembre volvimos a presentar una denuncia en la Fiscalía, ya durante el gobierno de Javier Corral y se empezó a evidenciar la corrupción política y la comisión de innumerables delitos en las diferentes esferas de la vida pública local.

El gobierno federal decidió solapar a Duarte hasta el final, al alto costo de perder la elección, porque ese fue el tema del proceso electoral: la lucha contra la corrupción. Al llegar el nuevo gobierno se abren nuevas carpetas de investigación porque había datos que apuntaban hacia la acreditación de delitos.

Hoy el gran desafío es que el régimen de corrupción e impunidad que hay en el país y en Chihuahua, hace que los instrumentos legales sean muy débiles. Los delitos tiene penalidades vagas, técnicamente no están bien redactados para que encajen las conductas, el entramado que se ha construido a través del código administrativo del estado.

Hoy, César Duarte es un prófugo de la justicia, la Interpol lo busca, hay detenidos sujetos a un enjuiciamiento penal que se examinará más a fondo este viernes y si se vinculan o no a un proceso penal como es el caso de Javier Garfio, uno de los hombres de confianza de Duarte.

Garfio estuvo en el primer tramo de gobierno, unos tres años como secretario de Obras Públicas y en la segunda etapa, como alcalde de Chihuahua. A partir de ahí, hay muchas evidencias de corrupción política, ahora se ventila incluso la venta de 190 hectáreas a un precio irrisorio a una empresa hidrocálida que se llama Grupo Industrial Constructor SA, que dirige Benito Adolfo Rodríguez y del que es apoderado y es muy posible que sea una simple fachada que esconde a los actores principales de la corrupción que ahora no están envueltos en los juicios penales.

Viene una etapa muy compleja en la que los inculpados, en este caso la eventual detención de César Duarte, dará lugar a una deliberación en la que se pondrán en juego las herramientas del derecho y sus alcances.

En todo juicio penal hay instancias. Ahorita estamos en la primera, pasaría al Supremo Tribunal de Justicia y finalmente la justicia federal y como sabemos, es un proceso muy lento, tardado, el problema es que la lucha contra la corrupción va perdiendo interés mediático en la medida en que hay contratiempos y retrasos.

Corral ha señalado que tienen muy ubicado a Duarte en el Paso Texas, sin embargo dicen que a éste se le ve tranquilo, ¿está confiado en que seguirá siendo cobijado por las altas esferas políticas?

Que se diga que está en El Paso, es un dicho que no está suficientemente acreditado, porque las fotografías que se han presentado son viejas —fueron tomadas el 9 diciembre—. Creo que podría estar en un país que lo beneficie más en otros sentidos. El hecho, es que hay una orden de aprehensión y la Interpol ya le puso ficha roja y lo pueden cazar en cualquier parte y traerlo, aunque el proceso de extradición es un procedimiento largo y pueden variar mucho las circunstancias, pero algo es algo..

Su opinión sobre el manejo del gobernador Corral respecto de Duarte, luego de tomar posesión se le vio tranquilo hasta que salieron a la luz sus fotografías jugando golf y luego el asesinato de la periodista Miroslava Brecht ..

Corral llegó a judicializar y darle fuerza al cumplimiento de la lucha anticorrupción y ya propiamente en los tribunales, realmente sin peligro, por una realidad a la que él, no le venía dando respuesta. Había una actitud esquiva, de frivolidad, pugnas al interior de su gobierno, insatisfacción por haberse refugiado en el PAN no obstante que su triunfo fue de de otro corte que se explica por otras razones.

Efectivamente hay un viraje intempestivo que deja de alguna manera atrás la violencia que se presentó en el corredor que une el municipio de Cuauhtémoc con una sección municipal de Rubio, donde hubo hechos de violencia muy graves asociados al crimen organizado y el homicidio de la periodista Miroslava Breach.

Hablo de una semana donde hubo una crisis de confianza muy profunda que obligó a Corral a dar un viraje y sacar los expedientes de lucha contra la corrupción. Los políticos administran las oportunidades como se les presentan las coyunturas, todo mundo lo hace así, más allá de que se esté de acuerdo o no pero cuando las cosas que se hacen rápidas o precipitadas suelen salir mal; cuando los instrumentos jurídicos no son los mejores para la lucha que ahora se da.

Por otro lado, el hecho que salga de foco la violencia y la provocación es como la que hemos tenido aquí en Chihuahua en los últimos 10 días, eso no quiere decir que esos problemas estén resueltos, al contrario, estarán todavía más agudos.

En estos días Javier se fue a los dinteles de la gloria, pero la acción gubernamental tiene muchos capítulos y tiempos. En lo particular en el tema que nos ocupa y por ser un combatiente de la corrupción política y la impunidad de mucho tiempo atrás me interesa que esto prospere. Ahí está nuestra gran discrepancia e insatisfacción con el comportamiento de Raúl Cervantes en la PGR al no consignar el expediente que está bien sustentado en cuanto a las comisiones de los delitos.

¿Este manejo de cobijar la corrupción de Duarte le conviene al gobierno federal cuando estamos en momentos de elecciones, en un estado tan importante como es el Estado de México?

Colocándome en la horrorosa hipótesis de que fuera priista, el gobierno federal y el PRI sabían que mantener a César Duarte en el poder hasta el último día les significaba la pérdida electoral del Chihuahua y aún así lo permitieron.

Hoy si el PRI quiere dar un mensaje diferente, el Procurador tendría que consignar el expediente ante un juez en la causa original que dio inicio a este movimiento. Sin embargo hay una razón de fondo, puedo conjeturar que hay la complicidad del gobierno federal a través de Emilio Gamboa Patrón con Duarte, en cuanto a la recepción de dinero de procedencia ilícita para la campaña de 2012 y eso orilla a ese comportamiento.

No se pueden descobijar unos a otros porque a César Duarte se le ha tolerado más allá de lo que es permitible en un esquema autoritario, vertical, de saqueo, de destrucción de la Administración Pública. Si la política tiene una racionalidad, Duarte habría sido quitado de la escena política desde hace más de dos años.